Denunciar el 'apartheid' israelí no es antisemitismo: un informe de Amnistía levanta ampollas en Tel Aviv

Un joven palestino saluda a la cámara en los disturbios en Gaza, Palestina.

René Backmann (Mediapart)

Amnistía Internacional publicó este martes un informe en el que acusa a Israel de cometer el crimen de apartheid contra los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel. Redactado tras cinco meses de trabajo de campo, investigaciones, pesquisas y entrevistas, y tras consultar a decenas de expertos, investigadores, actores y diversos testigos, israelíes, palestinos y extranjeros, este documento de 280 páginas, que se basa también en el estudio de 34 situaciones concretas consideradas "emblemáticas", es inapelable. Sí, Israel practica una política de apartheid.

Los autores del informe, que denuncian "la inacción de la comunidad internacional" y "la impunidad de la que goza Israel desde hace más de siete décadas", señalan que "las autoridades israelíes tratan a los palestinos como un grupo racial inferior, definido por su no judaísmo", especialmente desde la aprobación de la ley de 2018 que define a Israel como "Estado-nación del pueblo judío".

Desde la fragilidad del estatus de residencia en Jerusalén hasta la práctica de la tortura por parte del Shin Bet (servicio de seguridad interna israelí), pasando por las detenciones y encarcelamientos sin orden judicial o las instrucciones de disparar a matar o causar heridas graves, las manifestaciones de esta discriminación son innumerables y continuas, dice el documento.

Amnistía cree que casi todas las administraciones civiles y autoridades militares israelíes, así como las instituciones gubernamentales, están implicadas en la imposición del sistema de apartheid a los palestinos. Esto es cierto independientemente de cómo se defina el crimen del apartheid.

Rigurosamente documentada y respaldada por un implacable análisis jurídico, esta acusación resulta incómoda para los actuales dirigentes israelíes, que pretenden hacer olvidar el tenso clima de los años de Netanyahu. Pero no es una novedad y, mucho menos, una sorpresa.

Serie de informes

En los últimos dos años, al menos otros cuatro estudios, tan rigurosos como el de Amnistía, han afirmado y demostrado que el crimen de apartheid lo comete Israel. En junio de 2020, la ONG israelí Yesh Din (Hay Justicia) publicó La ocupación israelí de Cisjordania y el crimen de apartheid: un dictamen jurídico, el estudio de un grupo de expertos –abogados, jueces (entre ellos un antiguo fiscal del Estado), politólogos– encargados de determinar si, según la ley, se puede acusar a Israel de perpetrar el crimen de apartheid.

Es evidente en Cisjordania, donde coexisten judíos israelíes y palestinos, un elemento importante, en su opinión de la situación de apartheid, la presencia, en el mismo espacio geográfico, de dos grupos nacionales, uno de los cuales tiene un estatus inferior y el otro es dominante. Los palestinos constituyen el 86% de la población total en este territorio.

Pero, según señalan, además de la "dominación y opresión" de la ocupación militar también hay una gran población de colonos. Algo que constituye incuestionablemente "un elemento del crimen de apartheid".

"Es una constatación difícil de hacer", admite el redactor del informe, el abogado Michael Sfard, "pero la conclusión de este dictamen es que se está perpetrando en Cisjordania el crimen contra la humanidad del apartheid . Los autores del crimen son israelíes y las víctimas son palestinas. La anexión rampante en curso, por no hablar de la anexión formal de parte de Cisjordania, mediante una legislación que aplicaría la ley y la administración israelíes allí, es una amalgama de los dos regímenes. Esto podría reforzar la acusación, ya escuchada, de que el crimen del apartheid no se comete sólo en Cisjordania. Y que el régimen israelí en su conjunto es un régimen de apartheid. Que Israel es un estado de apartheid. Es lamentable y vergonzoso. Y aunque no todos los israelíes sean culpables de este crimen, todos somos responsables. Es el deber de todos y cada uno de nosotros actuar con decisión para impedir que se cometa este crimen".

Siete meses después, en enero de 2021, B'Tselem, el centro de información israelí sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, confirmó la observación en un documento con un título elocuente: Un régimen de supremacía judía desde el Jordán hasta el Mediterráneo: es el apartheid. Dividir, separar, gobernar: así resume B'Tselem la estrategia concebida y aplicada por Israel para imponer su autoridad en todo su "espacio geográfico".

Aquí, los autores del estudio señalaron que "los ciudadanos judíos viven como si toda la región fuera un solo espacio (con la excepción de la Franja de Gaza). La Línea Verde significa poco para ellos: que vivan en el oeste, dentro del territorio soberano de Israel, o en el este, en asentamientos que no están formalmente anexionados a Israel, es irrelevante para sus derechos o su estatus.

Sin embargo, el lugar donde viven los palestinos es crucial. El régimen israelí ha dividido la zona en varias unidades que define y gobierna de forma diferente, concediendo a los palestinos distintos derechos en cada una de ellas. La división sólo es relevante para los palestinos. El espacio geográfico, que es único para los judíos, es un mosaico fragmentado para los palestinos". Y a esta separación territorial se añade, agravando aún más la discriminación infligida a los palestinos, un complejo sistema de leyes, normas, órdenes, reglamentos, costumbres, que los convierte en ciudadanos de segunda clase.

Mecanismo de colonización

Fue de nuevo B'Tselem, asociada a otra ONG israelí, Kerem Navot, especializada en el estudio del desarrollo de la colonización en los territorios ocupados, la que publicó, tres meses después del documento anterior, un informe que demostraba el mecanismo de la colonización, instrumento principal de la estrategia de apartheid adoptada por Israel. Tras identificar y analizar los numerosos incentivos fiscales y financieros que se ofrecen a los israelíes para que se instalen en los asentamientos de los territorios ocupados y los igualmente numerosos obstáculos que se imponen a los palestinos para disuadirlos de permanecer en ellos, el documento considera que "la política de asentamientos es una clara expresión del régimen de apartheid israelí, que utiliza múltiples medios para promover y perpetuar la supremacía de un grupo –los judíos– sobre otro –los palestinos– en toda la región que se extiende desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo".

Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes del apartheid y la persecución. Bajo este título, por último, otra ONG internacional, Human Rights Watch, publicó en abril de 2021 un extenso informe de 220 páginas en el que se examinaban detalladamente las condiciones de vida y el estatuto jurídico y cívico de los palestinos, así como la estrategia utilizada por Israel para mantener su dominación. Concluía "que el Gobierno israelí ha demostrado su intención de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y en el territorio palestino ocupado [...]. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, esta intención ha ido acompañada de una opresión sistemática de los palestinos y de actos inhumanos cometidos contra ellos. Cuando estos tres elementos están presentes simultáneamente, constituyen el crimen de apartheid".

Por lo tanto, no es de extrañar que otro informe denuncie a Israel como un Estado que practica apartheid o incluso como un Estado de apartheid. Ahora es un hecho aceptado entre quienes conocen imparcialmente la cuestión. Lo sorprendente es la reacción del Gobierno israelí. Porque, como escribe el diario Haaretz, Israel dio una "respuesta histérica", digna de las peores horas de la paranoia nacionalista de Netanyahu, a la publicación del documento de Amnistía.

En primer lugar al desencadenar, incluso antes de que se hiciera público el informe, una respuesta de comunicación que tuvo el efecto contrario al que se pretendía. Porque la masiva ofensiva diplomática y mediática, ordenada por el primer ministro israelí Naftali Bennett y su ministro de Asuntos Exteriores –y futuro sucesor– Yair Lapid, llamó la atención sobre un documento que, de otro modo, habría corrido la suerte infinitamente más discreta de sus predecesores.

Por otro lado, echando mano a un recurso de Bibi, un antiguo y ahora muy contundente argumento: la acusación de antisemitismo. ¿Quién puede creer todavía –aparte de los ciegos partidarios de la derecha nacionalista israelí– que los dirigentes israelíes de Yesh Din, B'Tselem o Kerem Navot son antisemitas? ¿Que un hombre como Avraham Burg, expresidente de la Knesset, de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial, que denuncia el "estatus inferior" que se asigna ahora a los palestinos, es un antisemita? ¿Que los dirigentes y activistas de Amnistía Internacional o Human Rights Watch son antisemitas?

¿Cuánto tiempo hará falta, cuántos informes de las ONG harán falta para que los dirigentes israelíes comprendan que si no quieren que se les acuse de practicar una política de segregación racial, la mejor manera no es denunciar el antisemitismo de sus fiscales, sino cambiar su política?

Texto en francés:

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