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Los más desfavorecidos se manifiestan en Egipto en contra del régimen

Protestantes en las calles de El Cairo, Egipto.

Mientras el presidente Abdelfatah Al-Sisi repite una y otra vez su obsesión por evitar un nuevo 25 de enero de 2011, el pueblo ha abierto una brecha en su muro de certidumbres. Al grito de “¡Sissi, lárgate” y “Abajo el régimen”, los manifestantes vuelven a poner en la agenda la posibilidad de una nueva revolución, ocho años después de la caída de Hosni Mubarak, quien se aferró al poder durante 30 años.

Pero a diferencia de los primeros días de 2011, la mítica plaza Tahrir de El Cairo ha sido sólo uno de los muchos lugares de reunión, repartidos por todo el país. El 20 de septiembre se vivieron manifestaciones en Alejandría, en la ciudad industrial de Mahalla, en Suez –donde se suponía que la ampliación del canal en 2015 traería prosperidad– pero también en ciudades medianas de la costa mediterránea, poco conocidas por su activismo revolucionario (Marsa Matruh), así como en provincias rurales y subdesarrolladas del Alto Egipto (Luxor, Qena).

Una semana después, el 27 de septiembre, las autoridades rompían este impulso revolucionario movilizando todas las fuerzas militares disponibles para cubrir el territorio, en particular el centro de la capital. Alrededor de la plaza Tahrir, las calles estaban bloqueadas y cualquier transeúnte que se aventuraba a tomar fotos era detenido.

Esta demostración de fuerza no fue suficiente para desalentar a los habitantes de los barrios obreros de Al-Warraq y Helwan de El Cairo, que se concentraron en pequeños grupos, junto a sus edificios. En los suburbios pobres de Qena, en el sur, los teléfonos móviles también permitieron grabar a una multitud manifestando su ira en los callejones de tierra de la pequeña ciudad de Qus.

El detonante de este movimiento de cólera, un constructor que resultó herido por el Ejército y decidió, el pasado 2 de septiembre, denunciar la corrupción y los lujosos palacios del jefe de Estado. En los vídeos, difundidos desde su exilio en Barcelona, y que suman millones de reproducciones, Mohamed Ali arenga “al pueblo” y lo anima a levantarse contra el ex director de la inteligencia militar al-Sisi, reelegido con el 97% de los votos en 2018.

Después de encarcelar o amordazar a todas las voces críticas que, las del Ejército incluidas, habían intentado proponer un cambio de rumbo durante las elecciones presidenciales, el espacio público parecía paralizado.

Los llamamientos realizados desde YouTube han servido de catalizador a los egipcios con los bolsillos llenos de "de stocks de griefs", parafraseando al investigador Youssef El Chazli.

“No se ha cumplido ni una sola reivindicación de la revolución. No tenemos ni libertad de expresión ni justicia social. El presidente está construyendo castillos para sí mismo mientras que en las escuelas y hospitales no se puede arreglar nada. Nuestros soldados están muriendo en masa en el Sinaí. Además, traicionó al país al entregar parte de nuestra tierra a Arabia Saudita [en 2016, Egipto renunció a dos islas del Mar Rojo, provocando manifestaciones]. El régimen fracasó en todos los frentes, pero sólo esperábamos que un detonador lo expresara. Mohamed Ali nos ofreció una válvula de escape", dice Islam, empleado de Correos, que se manifestó unos minutos en la plaza Tahrir el 20 de septiembre.

A sus 32 años, con un salario mensual de 140 euros, este soltero se siente “incapaz de formar una familia” porque vive “como un mendigo, mientras que en el pasado los funcionarios eran importantes”.

Las medidas de austeridad impuestas en 2016 por el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo de 12.000 millones de dólares, provocaron una inflación de dos dígitos y sumieron a millones de personas en la precariedad. La creación del IVA al 14% y el aumento de los precios de la energía (electricidad, petróleo, gas) afectaron primero a los más pobres, destaca Osama Diab, investigador del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio, porque “el precio de la electricidad subió un 70% para los de menor consumo y un 7,4% para los de mayor consumo; del mismo modo, el gasóleo utilizado en los taxis colectivos subió un 50%, mientras que los combustibles para los coches privados sólo subieron un 17,5% y un 35%”.

Uno de cada tres egipcios vive ahora por debajo del umbral de pobreza (fijado por las autoridades en 40 euros al mes), según el organismo oficial de estadísticas Capmas. Estas cifras están muy por debajo de la realidad, según el Banco Mundial, donde dos tercios de la población son “pobres o vulnerables”.

Más allá de las alarmantes estadísticas, la brecha entre las palabras y las acciones del presidente parece cada vez más insoportable para quienes apoyaron el regreso del Ejército en 2013. Mientras Al-Sisi pide a sus conciudadanos que se aprieten el cinturón para sanear la economía, gasta varias decenas de millones de euros en la construcción de palacios y hoteles y en la organización de ceremonias. Mientras se dispara el gasto militar , convirtiendo a Egipto en el tercer mayor importador del mundo, el presupuesto de educación se desplomó del 3,6% al 2,2% en tres años, según un informe del Banco Mundial de 2019.

Aunque los medios de comunicación controlados por el régimen amenazan con el terrorismo y con la organización islamista de los Hermanos Musulmanes para descalificar a los manifestantes, las autoridades egipcias son muy conscientes del sentimiento de injusticia creciente. En su declaración del 26 de septiembre, el fiscal general decía que “los sospechosos [detenidos una semana después de las primeras manifestaciones] admitieron que la mala situación económica les obligaba a manifestarse”.

"Una olla a presión que puede explotar de nuevo"

Oficialmente, 1.000 personas han sido arrestadas. En realidad, según la Comisión egipcia para los derechos y libertades (ECRF), esta cifra es al menos tres veces superior. El último censo de esta ONG independiente habla de 3.120 personas, entre ellas 120 menores, detenidas en los días siguientes a las primeras manifestaciones. Se trata de la mayor oleada de detenciones desde las primeras elecciones de Abdel Fattah al-Sisi en 2014.

“La mayoría de ellos son de clase media baja, clase obrera y de barrios populares y no pertenecen a ningún movimiento político, a diferencia de los detenidos en 2016, que estaban mucho más politizados”, según el abogado Mohamed Lotfy, al frente de la ECRF.

La mayoría son menores de 30 años y se les acusa de perseguir objetivos terroristas, difundir información falsa y de socavar la seguridad nacional. Después de varios días de detención, a veces en lugares secretos, privados de sueño y de medios de comunicación, comparecen unos minutos ante un fiscal. “Son personas sencillas que se ven inmiscuidos en casos de terrorismo y no entienden lo que les está sucediendo, especialmente porque el fiscal no presenta ninguna prueba o documento”, añade Mohamed Lotfy.

Un trabajo cada vez más arriesgado en un momento en el que varios de sus colegas, entre ellos el famoso defensor de los derechos humanos Mahienur al-Masry, se han visto obligados a dejar los tribunales por atreverse a defender a estos nuevos presos políticos.

Entre los primeros manifestantes en El Cairo, Mohamed (nombre supuesto), un periodista desempleado, lamenta a posteriori la falta de preparación del movimiento. “Mohamed Ali ha pasado demasiado rápido de ser un soplón a un agitador. Al instar a manifestarse tras unos pocos vídeos, no nos ha dejado tiempo suficiente y le ha dado a Sisi la oportunidad de permanecer en el poder por más tiempo”, señala este exempleado en una web de noticias críticas, que se vio obligado a cerrar por las autoridades.

Sin embargo, Mohamed, de 32 años, “de la clase media socavada por el régimen”, sigue convencido de “que este régimen caerá, porque se opone a cualquier forma de racionalidad y no se apoya en ningún partido o intelectual, sino en una camarilla de unos pocos generales”. Sisi ha olvidado que Mubarak cayó no porque hubiera abierto demasiado el espacio público, sino porque, por el contrario, había amordazado a la oposición en los dos últimos años de su reinado.

La huida hacia adelante decidida por el aparato de seguridad hizo que los revolucionarios de 2011 temieran lo peor. “Está impidiendo que las personas vivan con dignidad y, al mismo tiempo, está cerrando todas las vías de expresión pacífica a través de las cuales pueden quejarse. El resultado es una olla a presión que puede explotar de nuevo en cualquier momento”, afirma Amr Magdi, responsable de Human Rights Watch en Egipto.

Para este joven egipcio exiliado, “Sisi reproduce el esquema de un Hafez al-Assad [padre de Bashar al-Assad, presidente de Siria entre 1971 y 2000] o de Sadam Hussein en los años 70-80, con el resultado que conocemos hoy: una sociedad completamente destruida, sin cultura cívica y con grupos radicales que son los únicos que saben cómo sobrevivir en un régimen ultra seguro”.

Después de romper su récord de arrestos arbitrarios de transeúntes, investigadores y activistas, el Gobierno anunció algunas concesiones a los más pobres. Después de que el presidente al-Sisi publicara un post en Facebook en el que afirmaba entender las “frustraciones”, 1,8 millones de ciudadanos han podido volver a engrosar “inmediatamente” el registro de beneficiarios de asistencia social, según el diario Al-Watan.

En realidad, se trata de algo más que un sistema de beneficencia estatal, ya que cada beneficiario recibe 2,50 euros al mes (50 libras egipcias) para comprar petróleo, arroz y otros productos básicos en tiendas de comestibles subvencionadas. Para encima de cuatro beneficiarios de la misma familia, el subsidio es de 1,25 euros (25 libras egipcias) por cada hijo adicional. Sin embargo, desde el punto de vista de las instituciones financieras internacionales, esto pesa demasiado en el presupuesto del Estado, ya que cerca de 70 millones de egipcios, es decir, casi tres cuartas partes de la población, se benefician de ella. Así que el gobierno ha comenzado a revisar sus listas.

En el barrio obrero de Bolaq, en parte arrasado para dar paso a futuras torres y otros hoteles de lujo, la oficina local de suministros (tamween, en árabe) ha registrado unas 100 apelaciones desde finales de septiembre.

“Mis dos hijos no tienen derecho a recibir asistencia social desde enero pasado, aunque están desempleados”, explica una anciana con una sonrisa desdentada. “Deja de quejarte, ¿crees que el reportero volverá a poner tu nombre en la lista?”, interrumpe Soraya, ama de casa y madre que se opone a las manifestaciones “que volverán a sumir al país en el caos”.

Este año, casi tres millones de ellos han sido eliminados de los archivos, según informes de los medios de comunicación egipcios. El próximo año, se espera que otros seis millones de personas pierdan esta ayuda si el gobierno respeta su presupuesto para el período 2019-2020.

Los anuncios de aparente indulgencia por parte del jefe de Estado no impresionan a Islam, el funcionario de Correos, entrevistado mediante mensajes encriptados: "Cree que somos esclavos, que se nos puede comprar con un kilo de azúcar o una botella de aceite, ¡pero eso no resolverá la crisis! Queremos verdaderas reformas económicas. ¡Si no sabe qué hacer, debería dejar el poder!”.

Al-Sisi, que estaba desconcertado por las manifestaciones, parece haber recuperado el control desde su visita a Nueva York. El 23 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump le renovó su apoyo y esta vez le otorgó el título de “gran dirigente” (en el G7 de Biarritz, Donald Trump lo reubatizó como “su dictador favorito”).

Tras una reunión de crisis celebrada el 25 de septiembre en El Cairo, los generales demostraron una vez más su capacidad para cerrar el espacio público, a pesar de los rumores de conflictos internos. ¿Existe un camino para salir de la crisis? Hace falta espontaneidad y creatividad para inventar algo que el régimen no puede contemplar. Pero nadie dentro del régimen es lo suficientemente fuerte para crear este espacio y tampoco lo es el pueblo. Todavía hay presión externa, pero a diferencia de Mubarak, Sisi no está bajo ninguna presión externa”, dice Wael Eskandar, un periodista freelance de la generación de revolucionarios de 2011.

En Nueva York, Donald Trump dice “no estar preocupado” a pesar de las detenciones masivas de supuestos manifestantes, entre ellos una decena de extranjeros. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés se ha limitado a “reiterar su compromiso con el respeto de la libertad de expresión y el derecho de manifestación pacífica”. Sólo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado públicamente esta última ola de represión.

 

Traducción: Mariola Moreno

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