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Francia, sumida en un estado de emergencia permanente

Emmanuel Macron, flanqueado ministro del Interior (a su derecha) y por el portavoz del Gobierno.

El miércoles 1 de noviembre de 2017 pasará a la historia del derecho como una fecha clave en Francia por ser el día en que el país entró en estado de emergencia permanente, instaurado por la ley antiterrorista que el Parlamento adoptó el pasado 18 de octubre. Consciente del hito histórico, el presidente de la República Emmanuel Macron quiso que el momento fuese solemne y simbólico.

El lunes 30 de octubre, un día antes de su entrada en vigor, coincidiendo con el fin del estado de emergencia, decretado en noviembre de 2015, se publicaba el texto legislativo en el Diario Oficial y, el mismo día, se firmaba el Palacio del Elíseo. En presencia de los fotógrafos, el jefe del Estado aparecía flanqueado por el ministro del Interior Gérard Collomb (a su derecha) y a la izquierda, no por la ministra de Justicia Nicole Belloubet, sino por el portavoz del Gobierno Christophe Castanar, como si se tratase de una metáfora de la filosofía global de esta nueva ley que aspira a perpetuar los poderes excepcionales confiados por el Estado de emergencia a las autoridades administrativas, en detrimento de los tribunales.

En una rueda de prensa ofrecida tras la firma del texto, Christophe Castaner y Gérard Collomb no ocultaron esta vinculación directa. “Todos sabemos que, por definición, un estado de emergencia sólo debe ser una herramienta provisional, un herramienta temporal. Está pensado para hacer frente puntualmente a circunstancias evidentemente excepcionales”, reconoció el portavoz del Gobierno. “Pero sabemos que más allá de ese carácter provisional, la amenaza terrorista sigue presente. Y sigue siendo igual de intensa”, prosiguió. “Decretar el fin del estado de emergencia sólo era posible con una condición, la de reforzar nuestro arsenal jurídico para luchar en el marco del derecho común, pero siempre con la voluntad de la mayor eficacia contra el terrorismo”, dijo Christophe Castaner.

Hay que recordar que el proyecto legislativo está oficialmente destinado a tomar el relevo del régimen de excepción en vigor en Francia desde el 13 de noviembre de 2015 y que, tras ampliarse nuevamente en julio pasado, concluía el 1 de noviembre. Ahora la ley “que refuerza la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo” ha incorporado al derecho común cuatro medidas administrativas, es decir, aquéllas que son ordenadas por un prefecto o el Ministerio del Interior a partir de informaciones con frecuencia facilitadas por los servicios de inteligencia en forma de “notas blancas” sucintas, sin fecha ni firma.

Los registros administrativos ahora han sido rebautizados como “visitas domiciliarias” en el curso de las cuales se podrán llevar a cabo “incautaciones”. A diferencia –importante– del estado de emergencia, estos registros administrativos nuevos deberán ser autorizados por un juez, el magistrado de libertades y de detención. Otra medida destacada del estado de emergencia, el arresto domiciliario dará paso a la obligación de “residir en un perímetro determinado”. Las obligaciones del detenido son sensiblemente menores. El perímetro “no puede ser inferior al de la localidad” y debe permitir “al interesado seguir adelante con su vida familiar y profesional”,

El proyecto de ley también prevé mantener la posibilidad de que los prefectos establezcan “zonas de protección” en el interior de las cuales las fuerzas del orden disponen de poderes excepcionales en materia de control de personas. En el proyecto de ley, estas zonas pasan a ser “perímetros de protección”. Pero las excepciones al derecho común siguen siendo las mismas. Y, por último, la cuarta medida del estado de emergencia que pasa a formar parte del derecho común: los prefectos podrán ordenar el cierre de los lugares de culto.

Cuando el texto llegó a la comisión mixta paritaria, los parlamentarios habían introducido una “cláusula de autodestrucción” que afecta a estas medidas y estipulan que éstas no son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, Francia deberá vivir bajo una ley que, como subraya el profesor de Derecho Público Paul Cassia, “es la que más atenta contra las libertades individuales de la historia de la V República, a excepción del periodo en que Charles de Gaulle aplicó el artículo 16 de la Constitución”.

Este análisis lo comparte una coalición que reúne a la casi totalidad de las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos franceses que llevan dos años batallando en contra del estado de emergencia y más tarde contra su incorporación al derecho común por la ley antiterrorista. También lo comparten las dos principales autoridades administrativas independientes competentes en la materia, la Comisión Nacional Consultiva por los Derechos Humanos y el Defensor de los Derechos, quienes han alertado en varias ocasiones de los peligros y las derivas del Estado de excepción en Francia.

Cuando compareció ante Comisión de leyes de la Asamblea el 12 de septiembre, Gérard Collomb mostró su preocupación por las consecuencias, para la imagen de Francia, de mantener el estado de emergencia. Nuestro país “no puede seguir viviendo bajo un régimen de excepción que empaña su imagen”, dijo el Ministerio del Interior para justificar la sustitución del estado de urgencia por su proyecto de ley. El problema es que este último no corre el riesgo de otorgar a Francia el título de país de los derechos humanos. A finales del mes de septiembre pasado, dos relatores especiales de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno francés para mostrar su preocupación frente al nuevo texto antiterrorista que convierte “en derecho un estado de emergencia permanente”, escribían.

12 textos votados en 15 años

En realidad, hace varios años que la imagen de Francia se está viendo perjudicada. Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, destacaba la sucesión de nuevas leyes antiterroristas en Francia, que dio comienzo con la ley del 9 de septiembre de 1986 y que culminaba estas dos últimas décadas con no menos de 12 textos votados en 15 años: “En la medida en que la legislación propuesta se basa en una serie de actos parlamentarios promulgados desde 1986, que refuerzan así la capacidad del Estado para luchar contra el terrorismo, el cúmulo de disposiciones de urgencia adoptadas y en curso de adopción corre el riesgo de restringir significativamente el ejercicio y la protección de los derechos humanos en el país”.

Ya, en enero de 2016, cinco expertos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta similar al Gobierno francés, seguida de una declaración pública en la que mostraban su preocupación por la adopción de dos leyes: la del estado de emergencia y la de las medidas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas internacionales. “Algunas disposiciones de estas leyes pueden imponer restricciones excesivas y desproporcionadas sobre el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la vida privada, del derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación”, escribía el Alto Comisariado.

Los expertos subrayan el desvío ya constatado y permitido por la naturaleza preventiva de las medidas administrativas, así como los términos “muy vagos y muy vastos de la ley”. Además, decían sentirse “alarmados” por el hecho de que “militantes ecologistas” hubiesen podido ser “objeto de registros y arrestos domiciliarios, en aplicación de medidas relativas al estado de emergencia, para prevenir manifestaciones pacíficas vinculadas a la Conferencia COP21 y otras reuniones”.

Y en el mes de julio de 2015, el consejo consultivo de los derechos humanos de la ONU apuntaba a Francia, en esta ocasión con relación a la ley de inteligencia adoptada en el mes de junio de 2015, que reforzó notablemente el poder de los servicios de inteligencia. Este texto “otorga poderes excesivamente amplios de vigilancia muy intrusiva a los servicios de inteligencia sobre la base de objetivos amplios y poco definidos, sin autorización previa por parte de un juez y sin mecanismo de control adecuado e independiente”, lamentaba el consejo.

La adopción, a un ritmo exponencial, de textos sobre seguridad finalmente ha transformado el país de los derechos humanos en un verdadero modelo de las reformas sobre seguridad en Europa. En enero de 2017, Amnistía Internacional publicó un estudio de 71 páginas sobre la evolución de la legislación en 14 países miembros de la UE, titulado Antiterrorismo en Europa: leyes orwellianas. Francia era, junto con Hungría, el país más citado y el más a la vanguardia en materia de reforma sobre seguridad. El informe subrayaba también “el frenesí del Gobierno francés en materia legislativa.

“Está claro que Francia desempeña un papel motor”, decía entonces a Mediapart, socio editorial de infoLibre, John Dalhuisen, director de investigación para Europa de Amnistía Internacional. “Francia ha contribuido a normalizar la idea según la cual la amenaza terrorista, real, constituye en sí una urgencia. Pero una urgencia permanente, justificando medidas permanentes. Se ve, en las leyes adoptadas por ciertos países, un reflejo de esta lógica defendida por Francia y se constatan parecidos. Todas siguen la misma tendencia: un aumento del papel del Ejecutivo y una disminución de los poderes parlamentarios y judiciales”.

Este papel de modelo legislativo se ha concretado incluso en Europa en un lobbying intensivo de París en el seno del Parlamento europeo. Tal y como contó Mediapart a principios del mes de julio de 2016, el Gobierno francés ha tenido un gran peso a la hora de endurecer un proyecto de directiva europea de lucha contra el terrorismo, dirigido a uniformizar las legislaciones de los países de la UE.

El mismo mes, un país tomaba como modelo a Francia. A imagen y semejanza de Manuel Valls, quien afirmó en diciembre de 2015 que “el estado de urgencia es el Estado de derecho”, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan justificaba el 19 de julio la instauración en su país del estado de emergencia: “El estado de emergencia no va en absoluto en contra de la democracia, la ley y la libertad; es todo lo contrario: se dirige a proteger y a reforzar sus valores”. La referencia a Francia se hacía explícita al día siguiente cuando el Gobierno turco, como Francia, invocó el artículo 15 de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), que permite derogar algunas de sus disposiciones en caso de decretarse el estado de emergencia. “Francia ha decretado también el estado de emergencia y suspendido la CEDH en virtud del artículo 15 de la Convención”, se justificaba el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus.

El martes, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, las asociaciones en defensa de los derechos humanos, movilizadas desde hace muchos meses recordaban, una vez más, los riesgos de la deriva de seguridad en curso. En un comunicado difundido el pasado 31 de octubre, la Liga de los Derechos Humanos denunciaba una “falsa salida del estado de emergencia” y un “verdadero retroceso para el Estado de derecho”. Con este texto, escribe la asociación, “la excepción se inscribe de manera permanente en el derecho común, la institución judicial sale debilitada, la presunción de culpabilidad se convierte en la regla para una parte de la población que será, una vez más, estigmatizada. Los derechos y libertades se tratarán en función de las necesidades del Estado con la autorización de fichajes masivos, vigilancias generalizadas y redadas racistas, con el pretexto de luchar contra el terrorismo”. _____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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