La pasada primavera, la Asociación de Veciños das Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la vulneración de derechos fundamentales derivada de la situación "inviable" que padecen desde hace más de quince años en el embalse de As Conchas, en A Limia (Ourense). La causa: una contaminación persistente por nitratos, nitritos y bacterias que ambas organizaciones atribuyen a la intensísima carga ganadera de explotaciones porcinas y avícolas. Ahora, el Alto Tribunal gallego les da la razón en una sentencia que puede marcar un antes y un después.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, en una resolución con fecha del 11 de julio, declara que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, en relación con los derechos a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad privada, todos ellos en conexión directa con el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente saludable.
El fallo señala con claridad que esta vulneración es resultado de la inacción sostenida de la Xunta de Galicia y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica—, que pese a conocer la gravedad de la situación y estar legalmente obligadas, no actuaron para corregirla. Ambas administraciones han reconocido en el proceso la existencia de contaminación, pero sin asumir responsabilidad alguna.
Con estos argumentos, el tribunal condena a la Xunta y la CHMS a “adoptar de inmediato todas las medidas necesarias” para acabar con los malos olores y la degradación ambiental del embalse y su entorno. Y les exige “restablecer el pleno disfrute de los derechos fundamentales” que han sido vulnerados.
Medidas correctoras y moratoria ganadera
La sentencia, de más de cien páginas, a la que ha tenido acceso Praza.gal, ordena que ambas administraciones garanticen el suministro de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos o sustancias químicas que supongan un riesgo para la salud. Solo así podrán —dice el fallo— restablecer el derecho humano al agua para la vecindad afectada.
El TSXG también impone una batería de medidas correctoras, entre las que destaca una moratoria específica para la tramitación y concesión de nuevas licencias —o ampliaciones de las existentes— para explotaciones ganaderas de porcino, vacuno o aves en la comarca de A Limia. Esta moratoria deberá mantenerse, al menos, hasta que se revierta la actual situación de degradación ambiental.
Además, la Xunta y la CHMS deberán impulsar estudios y planes de acción que determinen el alcance real de la contaminación y que actúen con urgencia para detenerla. Estos trabajos, subraya la Sala, deberán incluir estudios epidemiológicos que analicen la distribución y frecuencia de los efectos de la contaminación ambiental en la comarca de la Baixa Limia.
La sentencia también obliga a activar mecanismos eficaces para prohibir el uso recreativo del agua —baño, pesca, etc.— si esta no es apta por motivos sanitarios. En lo relativo al consumo humano, se deberán poner en marcha sistemas de monitoreo permanente, controles periódicos en los pozos privados y una política de información clara, puntual y directa a la población sobre cualquier incidencia que pueda comprometer la calidad del agua, garantizando el derecho a saber y a proteger la salud.
Si los controles determinan que el agua no es apta para el consumo, las administraciones tendrán la obligación de activar mecanismos de abastecimiento alternativo, como camiones cisterna, y de establecer una coordinación estable entre la Xunta y la CHMS para analizar y corregir la calidad del agua sin esperar a que la situación sea crítica.
Indemnizaciones a las personas afectadas
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Además, el TSXG ordena indemnizar a seis de las siete personas demandantes con 1.000 euros mensuales desde la fecha de la reclamación inicial, hasta un máximo de 30.000 euros por persona, por los daños sufridos. Se reconoce que viven en una situación de grave deterioro de sus condiciones de vida, marcada por malos olores persistentes, contaminación de pozos hasta hacerlos inutilizables, pérdida de valor patrimonial de las viviendas y riesgo severo para la salud.
La séptima demandante, que no reside en la zona afectada pero tiene familiares allí, recibirá hasta 6.000 euros en concepto de daño moral por la preocupación constante derivada de esta situación.
Contra la sentencia cabe recurso de casación.
La pasada primavera, la Asociación de Veciños das Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la vulneración de derechos fundamentales derivada de la situación "inviable" que padecen desde hace más de quince años en el embalse de As Conchas, en A Limia (Ourense). La causa: una contaminación persistente por nitratos, nitritos y bacterias que ambas organizaciones atribuyen a la intensísima carga ganadera de explotaciones porcinas y avícolas. Ahora, el Alto Tribunal gallego les da la razón en una sentencia que puede marcar un antes y un después.