El plan antibulos de Sánchez, sin avances en la recta final de la legislatura

Hace un año y ocho meses, en abril de 2024, el presidente Pedro Sánchez sorprendió a propios y extraños al anunciar que abría una reflexión de cinco días sobre su continuidad al frente del Gobierno. ¿El motivo? Su mujer, Begoña Gómez, acababa de ser procesada en el marco de lo que consideraba —y todavía califica en esos términos— una “operación de acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha con el objetivo de hacerle “desfallecer en lo político y en lo personal” atacando a su esposa.

Sánchez resolvió la situación pasando aparentemente al ataque. Confirmó no solo su continuidad, sino que también anunció lo que acabó bautizando como un Plan de Acción Democrática que, entre otras cosas, incluía una batería de iniciativas destinadas a frenar la difusión de bulos y desinformación a través de seudomedios de derecha y extrema derecha, financiados en gran medida por administraciones gobernadas por el PP. Una práctica que, rescatando un término creado por el semiólogo italiano Umberto Eco, bautizó como “la máquina del fango”.

La idea era sencilla y fue rápidamente aplaudida por la izquierda. Se trataba de combatir los llamados seudomedios —que han convertido la desinformación en un negocio alimentado con fondos públicos— y reforzar el periodismo de calidad. Sin embargo, a año y medio del final de la legislatura, de nuevo sumergidos en un ciclo electoral que no dará tregua hasta las elecciones generales, las medidas siguen sin concretarse. No existe un calendario claro para su impulso y ni siquiera está claro que el Gobierno cuente con aliados suficientes para sacarlas adelante.

De hecho, lo único que se ha ido concretando, en parte porque es una derivada de los fondos europeos de recuperación, ha sido el paquete de ayudas aprobado en diciembre de 2024, dotado con 124,5 millones de euros. Este presupuesto, orientado al refuerzo del periodismo digital, incluye un programa de 65 millones para la consolidación digital de la prensa (adquisición de nuevas tecnologías y renovación de infraestructuras) y un “kit digital” de 5 millones para fortalecer a los periódicos locales.

Fondos europeos

Se han reservado 15 millones para mejorar la ciberseguridad de los medios, 10 millones para proyectos de I+D con inteligencia artificial dirigidos a medios grandes y medianos, otros 10 millones para innovación basada en la compartición de datos y 19,5 millones en préstamos para digitalización y herramientas tecnológicas de difusión. Estas ayudas —en línea con las buenas prácticas europeas mencionadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido como EMFA por sus siglas en inglés— se conceden con la intención de reforzar la capacidad tecnológica de la prensa, pero no tienen relación directa con la lucha contra la desinformación.

Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno no ha culminado ningún proyecto legislativo relacionado con los medios. El único que ha salido del Consejo de Ministros y ha llegado al Congreso de los Diputados es el que desarrolla la EMFA para convertir a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en el organismo independiente encargado de supervisar el sector y crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos.

El proyecto, sin embargo, acumula prórroga tras prórroga del trámite de enmiendas en la Cámara baja desde el pasado mes de julio, sin que nadie sepa cuándo se someterá a debate en el pleno.

Los medios, entretanto —con infoLibre casi como única excepción—, desafían la normativa y, pese a estar obligados por la EMFA desde el pasado mes de febrero, siguen sin divulgar de forma detallada y accesible quiénes son sus propietarios y cuánta publicidad reciben de las administraciones públicas, un dato crucial para saber si sus contenidos rinden obediencia a un partido u otro.

El resto de iniciativas ni siquiera han sido enviadas al Congreso. El Gobierno da vueltas desde hace meses a la anunciada reforma de la Ley reguladora del Derecho de Rectificación, con el objetivo de agilizar las reclamaciones contra noticias falsas o tendenciosas y aplicar indemnizaciones adecuadas. Pero no se decide a llevarla siquiera al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto.

Lo mismo sucede con la ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, un mecanismo de protección reconocido por la Constitución pero que nunca se ha desarrollado en nuestro país, y al que ahora el Gobierno —aprovechando que también es una exigencia de la EMFA— quiere dar forma. El anteproyecto, aprobado antes del verano, salió a información pública y sigue esperando a que el Ministerio de la Presidencia se decida a enviarlo al Congreso.

Sometido a un debate interno que el Gobierno no parece capaz de resolver sigue el proyecto de ley regulador de la Publicidad Institucional, una reforma que también es consecuencia directa de la EMFA europea. El objetivo es que toda la publicidad que se paga con fondos públicos —por parte del Estado, de las empresas de capital público, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos— se distribuya con criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

Y no solo eso: el proyecto debe dar forma a lo que ya es un mandato en vigor de la EMFA: que anualmente se publique el detalle de ese reparto, para saber qué administración paga a qué medios y cuánto dinero recibe cada televisión, diario o emisora de radio.

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Tampoco hay avances en varios compromisos del Plan de Acción Democrática, en particular en la introducción de límites legales a la financiación pública de medios. No existe tampoco ningún avance en la propuesta de crear una comisión parlamentaria contra las campañas de desinformación ni en relación con la prometida reforma de artículos del Código Penal (escarnio público, delitos contra los sentimientos religiosos, entre otros) vinculados a la libertad de expresión, que ha quedado fuera de la agenda del Gobierno y sigue en manos de iniciativas parlamentarias en el Congreso que tampoco parecen avanzar.

Es lo que sucede con la anunciada modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, que tampoco ha dado pasos concretos. Si bien el Gobierno y los grupos que le apoyan retomaron conversaciones sobre esta reforma, aún no hay acuerdo. La derogación parcial de la “mordaza” —eliminando, por ejemplo, las sanciones por tomar fotografías o grabar a agentes policiales— sigue atascada en fase de negociación, sin que se haya abierto formalmente la ponencia parlamentaria.

Otro compromiso del plan, la estrategia nacional contra las campañas de desinformación, ha iniciado su tramitación técnica, pero todavía no ha dado frutos. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 28 de enero de 2025 el procedimiento para su elaboración, pero el proceso sigue pendiente.