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El desplome del consumo

La crisis reduce la dependencia energética del exterior a niveles de hace 20 años

  • La dependencia energética de España, con criterios Eurostat, se situó en 2013 en el 71,2%
  • Las importaciones de gas argelino, pese a todo, pasaron del 42% al 53% del total en sólo un año

Publicada 12/11/2014 a las 06:00 Actualizada 11/11/2014 a las 23:18    
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Imagen aérea de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia.

Imagen aérea de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia.

La crisis ha afectado a la demanda de energía. Sólo en 2013, el descenso en el consumo (energía primaria) fue del 6%. La fuerte caída ha tenido varios efectos. Por un lado, ha dejado en evidencia un sistema sobredimensionado, con empresas que piden ayudas para mantener centrales infrautilizadas; por otro, ha ayudado a reducir la dependencia energética del exterior a niveles del siglo pasado. El informe La energía en España 2013, calcula que la dependencia energética de España, con criterios Eurostat, se situó el pasado año en el 71,2%. En 2011, la dependencia superaba el 76%. Habría que retroceder casi 20 años (hasta 1996) para encontrar un porcentaje inferior (70,1%) en los datos de la agencia estadística europea.

A pesar de la mejora en el apartado de dependencia, España mantiene aún una posición incómoda, con casi 20 puntos por encima de la media de dependencia de la UE (53%).Sólo Malta, Chipre, Luxemburgo o Irlanda muestran porcentajes similares en dependencia.

El exdirector del IDAE, Javier García Breva, resume así la debilidad del país en cuestión de dependencia, pese a la caída del consumo: "España se ha convertido en el primer importador de gas natural licuado de la UE, el coste de nuestras importaciones de gas se ha incrementado un 93% desde 2009 y nuestra dependencia del gas argelino ha pasado del 42% en 2012 al 53% en 2013, a pesar de que la demanda global de gas, ese año, descendió un 13% y la demanda para generación eléctrica un 48%".

Exceso de potencia

La caída en el consumo de energía en general y de electricidad en concreto ha dejado en evidencia al sistema eléctrico. Con una potencia instalada de 107.615 MW, las empresas no saben muy bien qué hacer con las centrales, especialmente las de gas (27.144 MW) casi paralizadas. Hubo exceso inversor y mala planificación. En apenas seis años (de 2005 a 2011) la potencia eléctrica instalada creció un 35,7%, mientras que la demanda eléctrica apenas si aumentó un 3,5%.

El negocio tradicional se agosta –de ahí la pugna de las empresas tradicionales con las empresas de renovables– y las empresas reclaman la ayuda del Estado. Endesa ha solicitado autorización para cerrar dos centrales de gas (en Huelva y en Foix-Barcelona). Pero las empresas confían en que el Gobierno apruebe el denominado "decreto de hibernación” que permitiría a las compañías mantener las centrales y usarlas cuando haya una punta de consumo.

Industria estudia cómo atender las demandas empresariales, pero no lo tiene fácil porque las ayudas al mantenimiento de las centrales poco rentables recaerían, una vez más, sobre el recibo de los usuarios. Contra esa posibilidad ya advirtió, además, la extinta Comisión Nacional de la Energía, engullida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Un coste adicional

En septiembre de 2013, la CNE consideró que el nuevo mecanismo de hibernación de centrales eléctricas diseñado por el Gobierno no debería tener un coste adicional para el consumidor, ya que la decisión de dejar en suspenso estas instalaciones "debe basarse en el ahorro de costes".

El trámite para autorizar la hibernación de centrales debería incluir, señaló la CNE, un análisis por parte de Red Eléctrica de España (REE) y una posterior revisión por parte de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esa revisión debería comprobar que el cierre temporal de centrales no tendría impacto sobre la seguridad del sistema ni sobre el nivel de competencia en el mercado.

El coste adicional contra el que advirtió la CNE se sumaría a otros ya sufridos por el conjunto de los usuarios, como el sobrecoste de las subastas que reconoció el propio Ministerio de Industria. El sistema de subastas, que se puso en marcha en 2009 y que ha sido anulado supuso un sobrecoste en el sistema eléctrico de 386 millones al año. Esa cantidad no tiene nada que ver con el consumo de los hogares y mucho o todo con la intervención de los grandes inversores, que fuerzan el mercado con técnicas puramente especulativas.


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