La empresa pública Tragsa presenta un plan de viabilidad para sortear la sentencia del Supremo sobre el ERE

La empresa pública Tragsa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el despido colectivo que la Audiencia Nacional declaró nulo en abril de 2014. Sus directivos confían en que los jueces fallen antes del 1 de agosto: el recurso ya tiene sala y ponente asignados, pero aún no se ha producido el pronunciamiento del fiscal. Pero Tragsa prefiere no esperar al TS y la semana pasada presentó a los sindicatos un plan de viabilidad para los próximos cinco años que implica recortes salariales de 80,3 millones de euros y una reducción de plantilla de 358 trabajadores. Su intención es alcanzar un acuerdo con sus comités de empresa antes de que el Supremo resuelva.

“Se trata de una sentencia muy delicada, con alcance político”, explica Rafael Fernández, delegado de CSIF en Tragsa, “así que la van a mimar mucho y quizá a retrasar todo lo que puedan”. Fuentes de CCOO también expresaron sus dudas sobre la inminencia del fallo. Además, coinciden los sindicatos, alcanzar un acuerdo en el plazo de un mes es muy improbable. Para empezar, porque los directivos de Tragsa van a pasar semanas recorriendo las delegaciones territoriales de la empresa a fin de explicar a sus trabajadores el plan de viabilidad. También porque las negociaciones no se antojan sencillas.

Tragsa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en noviembre de 2013 para 1.639 empleados, el mayor despido colectivo en una empresa pública. No hubo acuerdo con los trabajadores, que demandaron a la compañía ante la Audiencia Nacional. Mientras los jueces debatían, Tragsa empezó a ejecutar los despidos. Hasta que el ERE fue anulado, tuvo tiempo de poner en la calle a 300 trabajadores, que después ha debido reincorporar a sus puestos. Casi dos años después del ERE fallido, la empresa presenta un plan de viabilidad con “despidos cero”. A cambio, ofrece bajas voluntarias a los trabajadores menores de 50 años y prejubilaciones a los mayores de 60, hasta un total, en principio, de 358 personas.

Los recortes salariales por 80,3 millones de euros hasta 2019 Tragsa quiere conseguirlos bajando los salarios a los nuevos contratados, congelando la antigüedad y reduciendo los complementos personales antigüedady de responsabilidad, los bonus por objetivos y las dietas. También propone que los trabajadores se acojan a permisos no retribuidos de entre uno y 15 días acumulables a las vacaciones o festivos, una medida que plantea abiertamente como alternativa a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que implica una reducción de jornada o la suspensión del contrato. La reforma laboral prohíbe a las empresas públicas aplicar estas iniciativas de “flexibilidad interna” que promociona para las privadas, y sólo les permite acudir al despido para solucionar sus problemas económicos.

Rechazo sindical

Los sindicatos consultados dudan de la legalidad de muchas de estas propuestas tal y como se las han planteado. Es lo que ocurre con los permisos no retribuidos para sortear la prohibición de ejecutar un ERTE. Además, el resto de las medidas debería negociarse respetando los plazos y condiciones establecidos, por ejemplo, en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores: se trata de modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Y en el caso de Tragsa, rebajar las tablas salariales y tocar la antigüedad supondría modificar el convenio colectivo de la empresa, que caducó en 2012 y cuya vigencia, no obstante, ha ratificada la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado mes de febrero. “El convenio no se toca”, recalcan los sindicatos consultados, todos los representados en el comité intercentros, menos UGT, que ha declinado comentar con infoLibre el plan de viabilidad.

“Todo lo que sean medidas voluntarias nos parece bien, pero las de recorte económico son, en un 90%, las mismas que presentaron acompañando al ERE de 2013”, protesta Rafael Fernández, delegado de CSI-F en Tragsa. “Así que podrían haber empezado a negociar entonces, hace dos años, sin necesidad de acudir al despido colectivo”, remacha.

Moisés Fernández, secretario de la sección sindical de CCOO rechaza que todo el peso del plan para enmendar los números rojos de Tragsa se cargue sobre los trabajadoresrojos. Con él coincide Jesús Colino, de CGT. “Que se resuelva en el Tribunal Supremo, no vamos a aceptar un plan que no firmamos en 2013”, apunta. CCOO, además, advierte de que la empresa no garantiza los despidos cero durante los cinco años del plandespidos cero. Tampoco que no se decidan traslados forzosos de trabajadores que les aboquen a extinguir sus contratos a cambio de los 20 días por año de indemnización establecidos en la reforma laboral. “Despidos encubiertos”, traducen.

Las desconfianzas de CGT incluyen el hecho de que Tragsa haya contratado los servicios de una empresa de seguros y consultora de recursos humanos, Willis Iberia, para gestionar las bajas voluntarias de los menores de 50 años y mayores de 60. La empresa se ha negado a revelar a los sindicatos el coste de ese contrato.

Evitar la 'Enmienda Telefónica'

El motivo de ese corte de edad no es otro que eludir el pago de la que se conoce como Enmienda Telefónica: las empresas de más de 500 trabajadores deben hacer una aportación del Tesoro por las cotizaciones y prestaciones que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tiene que abonar los trabajadores mayores de 50 años a los que despidan. Según los cálculos de Tragsa, esa aportación sería de 40.000 euros por trabajador.

Para los menores de 50 años el incentivo que la compañía pública ofrece a sus empleados para que se vayan es de 22 días por año con un máximo de 16 mensualidades. Para los mayores de 60 años, Tragsa propone garantizarles el pago del 75% de su salario neto hasta los 63 o los 65 años, así como la firma de un convenio especial con la Seguridad Social que les sufragará las cotizaciones hasta el momento de la jubilación. En la matriz, los directivos de Tragsa prevén que se marchen con esta oferta 270 de los 444 trabajadores que cumplen los requisitos de edad. Pero en la filial, Tragsatec, con una plantilla muy joven, calculan que sólo se irán 31 de un total de 75 empleados.

De los menores de 50 años, las cifras son aún más exiguas: la empresa presupone que sólo se marcharán 19 en Tragsatec y 38 en Tragsa. Para hacer estos cálculos, los autores del plan se han basado en el plan de bajas voluntarias que acompañó al ERE hace dos años y que concluyó con unas cifras de adhesión muy bajas.

Finalmente, los sindicatos critican que se les haya presentado un plan de viabilidad sin documentación económica y sin cifras de recorte precisas para cada una de las medidas y conceptos salariales afectados. Además, dicen, el plan se basa en un conjunto de estimaciones, de hipótesis de pérdidas y volumen de negocio en los próximos cinco años.

Recorte de gastos de personal “insuficiente”

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Así, Tragsa dice haber perdido 45 millones de euros en 2013 y 2014; Tragsatec, 27 millones. La facturación de la filial ha caído un 48% desde 2010, y la de la matriz, un 64,5% desde 2009. Como entes instrumentales de la Administración, el negocio de ambas depende casi íntegramente de las encomiendas de gestión que reciben del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Desde 2009, Tragsa ha recortado sus gastos de personal en casi un 50%, hasta 224 millones de euros, mientras que Tragsatec lo ha hecho en un 33%. Según la empresa, ese tijeretazo no ha resultado “suficiente”. “Los gastos de personal no se han adaptado a la situación económica y productiva de la empresa”, que sufre un “deterioro progresivo de la productividad”.

Su hipótesis es que la producción de la matriz crezca un 36% hasta 2019, hasta los 575 millones de euros, y un 9% la de la filial, pero también las pérdidas: 62,1 millones acumulados en cinco años para la primera, y 40 millones de euros para la segunda. Esos 102 millones son los que la empresa quiere evitar recortando otros tantos de los gastos de personal. En 2019, según sus cálculos, tanto Tragsa como Tragsatec volverán a beneficios: 1,3 millones de euros y 1,25 millones, respectivamente.

Los sindicatos ponen en duda estas cifras. “Este año la producción ha aumentado un 48% respecto al año pasado”, contrapone Rafael Fernández, de CSI-F. La cifra de negocio de la matriz en 2014 ha aumentado un 3,2%. Y en Tragsatec esgrimen los 143 millones de euros de reservas voluntarias –resultado de los beneficios conseguidos en años anteriores–para rechazar los recortes de personal y salarios: “Bastaría con dedicar el 28% de esas reservas a cubrir la previsión de pérdidas acumuladas hasta 2019”, aseguran en un comunicado que han distribuido ya entre la plantilla.