Irma Sandoval, una economista heterodoxa para luchar contra la corrupción en México

Como muchos aficionados al queso, Irma Eréndita Sandoval Ballesteros cree que el gruyere tiene agujeros. La secretaria de la Función Pública del gobierno mexicano deduce de ahí la metáfora según la cual el Estado mexicano que le ha dejado la Administración del ex presidente Enrique Peña Nieto es un “Estado gruyere” por cuyos agujeros se escapa la economía del país.

Las cantidades absorbidas anualmente por la corrupción en México, según un informe de la OCDE publicado en noviembre pasado, corresponden al 10% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Por si fuera poco, México era hasta mayo de este año uno de los dos únicos países latinoamericanos donde nadie había sido acusado en relación con la monumental trama de corrupción vinculada al grupo brasileño Odebrecht. Este escándalo de sobornos multimillonarios, de los que regularmente informa Mediapart (socio editorial de infoLibre), ha llevado a Perú a la inestabilidad política, de la misma forma que ha hecho temblar a los gobiernos de Michel Temer en Brasil (2016-2018) y Lenin Moreno en Ecuador. Nada que decir, en este punto, sobre el México de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni tampoco sobre la Venezuela autoritaria de Nicolás Maduro.

En este contexto, Sandoval Ballesteros, de 47 años, es una de las personas con las que cuenta el nuevo presidente de izquierdas el país para conseguir la “aniquilación de la corrupción” y la creación de una “verdadera democracia sometida al derecho y respetuosa con la oposición”. Eso es lo que prometió Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de manera muy ambiciosa, a lo largo de su campaña presidencial que le llevó al triunfo electoral en 2018.

 

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

También la Administración de Sandoval Ballesteros hace las veces, en la teoría del proyecto de nación de la “cuarta transformación” formulada por López Obrador (que Mediapart ya presentó aquí), de “pívot” de las políticas contra la corrupción, de refuerzo del sistema de transparencia y de erradicación del espionaje ilegal en el Estado.

Es un vasto programa para la hija de un hombre que fue una figura política mexicana durante décadas y cuyos expedientes llenaron “varias cajas” en los registros de espionaje de la ex Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1947-1985). Sin duda, Pablo Sandoval Ramírez fue “uno de los blancos prioritarios de la Dirección Federal de Seguridad durante décadas”. Eso es por lo menos lo que dice la ministra en una entrevista concedida a Mediapart. Dice también que ha tratado el tema con el actual director de los archivos AGN, Carlos Ruiz Abreu.

El espionaje de este líder universitario, sindical y campesino del Estado de Guerrero (sur de México), ex dirigente del Partido Comunista Mexicano y ex consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debió comenzar cuando se implicó en el movimiento estudiantil de 1968 y la persecución llegó hasta 1985, año a partir del cual no existe registro público sobre las actividades de los servicios de inteligencia.

El recorrido político del padre de Irma –dos veces preso preventivo y también amenazado de muerte por el ex gobernador del Estado– ha reforzado seguramente la prioridad que ella otorga a la lucha contra el espionaje de la sociedad civil por el Estado. En especial porque su entrada en el Gobierno, en diciembre de 2018, tuvo lugar dos años después de un asunto de espionaje a periodistas y activistas relacionado con el programa israelí Pegasus. “Haremos imposible la vigilancia masiva e indiscriminada por las autoridades de las comunicaciones privadas de los ciudadanos”, había ya prometido la ministra en un encuentro organizado el 26 de marzo con investigadores y activistas. Desde su primer mes en la secretaría de la Función Pública, más de dos millones de funcionarios federales han sido obligados a declarar sus bienes y conflictos de intereses.

Inmediatamente después estaban en marcha más de 6.000 procedimientos llamados de “responsabilidad administrativa” contra funcionarios de la administración federal. Al menos 400 de ellos han sido ya suspendidos o excluidos definitivamente de la función pública, en paralelo a la adopción de 112 multas por una cantidad de alrededor de 30,6 millones de euros.

Además, todos los miembros del Gobierno han debido hacer públicos sus patrimonios y los conflictos de intereses que les atañen. AMLO lo ha exigido públicamente, con Irma Sandoval colocada a su lado, en una conferencia de prensa matinal a principios de año. Una miembro del Gobierno, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, se ha visto obligada a corregir la versión pública de su declaración patrimonial por la omisión, revelada por el diario Reforma, de un apartamento de lujo del que ella es copropietaria en Houston, Texas.

Esta cruzada anticorrupción comienza a recoger críticas en los medios relativas al “celo”, incluso el “fundamentalismo anticorrupción” de la ministra, ahora que acaba de anunciar una primera serie de sanciones administrativas y financieras contra dos personalidades poderosas vinculadas a la Administración presidencial precedente: el exdirector del grupo petrolero Pemex, Emilio Lozoya Austin y su antiguo brazo derecho, Edgar Torres Garrido. El primero de ellos está sujeto, desde mayo, a una acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta implicación en las redes de corrupción electoral del grupo Odebrecht.

Desde mayo, los servicios de Irma Sandoval Ballesteros están investigando también sobre el asunto a Carlos Lomelí Bolaños, prefecto del Gobierno Federal en el Estado de Jalisco. En una investigación reciente, la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) relaciona a nueve empresas farmacéuticas diferentes con la familia de esta persona, que han conseguido varios contratos públicos de suministro de medicamentos por cantidades millonarias bajo la Administración de AMLO.

La primera reacción del presidente ha consistido en descartar de un plumazo la investigación de la MCCI durante una conferencia de prensa matinal, calificándola como una “maniobra política”. Pero por presiones de la opinión pública, el mandatario finalmente ha anunciado que Irma Sandoval se hará cargo del expediente. La ministra tendrá que decir, durante este mes, si serán tomadas medidas contra Carlos Lomelí como la suspensión o el envío del expediente a la Justicia. Los editorialistas locales hacen referencia a un “momento de la verdad” para la campeona anticorrupción del gobierno, su “bautismo de fuego”.

Proteger a los denunciantes

Irma Sandoval asegura a Mediapart que no ha perdido nada de la “radicalidad” de sus años de juventud militante en el Consejo General de Huelga de las clases preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o en el marco de los comités universitarios de apoyo al levantamiento neozapatista de 1994. Por otra parte, fue en una “reunión intergaláctica por la humanidad y contra el neoliberalismo” convocada en los confines de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) donde conoció, hace 23 años, al que es hoy su marido, el universitario y presentador de televisión John Ackerman, de nacionalidad americana.

“La existencia en México de un sistema de transparencia estatal avanzado dirigido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) no ha impedido el aumento de la corrupción ni el mantenimiento de una política de espionaje generalizado de la población”, estima la secretaria de Estado. “Los mecanismos actuales ignoran la complejidad y la multiplicidad de los conflictos de intereses que han prosperado a favor de la privatización rampante del Estado”, añade.

Por eso su misión no puede limitarse a la detección y luego sanción de las malversaciones cometidas sólo por los agentes públicos. Sandoval quiere también alejar al Estado de las empresas que cooptan a sus administraciones para inclinar a su favor los mercados públicos y quedar exentas de normas que se les debería aplicar. Según sus propias palabras, conviene “eliminar del Estado los intereses distintos del interés general”. Porque la ministra nacida en Acapulco está convencida de que en México, como en otras partes, “la corrupción no viene del Estado”.

Y lo sabe bien porque su carrera no es la de una mujer política tradicional. Irma Sandoval era, hasta su nombramiento por AMLO, una universitaria comprometida políticamente en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente y de la mayor parte de los ministros. Esta economista dirigía, desde su creación en 2005, el Laboratorio de Investigación sobre la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.

En su trabajo universitario, Irma Sandoval se impuso como investigadora pionera en los análisis llamados “estructurales” de la corrupción. La execonomista de la UNAM está persuadida de que el aumento vertiginoso de la corrupción, en una nación colocada en el puesto 138º de los 180 países en que Transparency International mide el índice de percepción de la corrupción (IPC), se nutre de un “retraso de transición democrática” causado por la “cooptación del Estado y la salida de componentes enteros de la acción pública del horizonte de vigilancia estatal y ciudadana”.

La corrupción sería por eso un fenómeno “estructural” del capitalismo neoliberal. En un artículo que la exinvestigadora escribió para un centro de estudios ligado a la Universidad de Harvard, el aumento de la corrupción se describe como la “consecuencia estructural” de la “proliferación de privatizaciones, delegaciones de servicios públicos y sociedades público-privadas”. Este incremento se ha mostrado “especialmente incontrolable” en el país donde la liberalización de su economía no se acompaña de una vigilancia ciudadana de la acción pública.

La carrera universitaria de Irma Sandoval despegó de verdad gracias a sus estancias en prestigiosas universidades en Estados Unidos, después de varios años de relativa incomprensión por parte de sus compañeros. “Sólo se hablaba de las políticas de reforzamiento de la cultura de la legalidad y de las teorías de responsabilidad del Estado… El culpable de la corrupción, en el marco del consenso de Washington (medidas liberales preconizadas por el FMI y el Banco Mundial en los años 1990), era necesariamente el Estado, un enfermo que había que cuidar a base de privatizaciones”, explica Sandoval.

Pero a fuerza de perseverancia, esta economista heterodoxa contribuyó finalmente a marcar la tendencia que seguiría, a partir de mediados de los años 2000, una gran parte de sus pares especializados en la corrupción. “Irma ha contribuido fuertemente a la emergencia de una visión de la corrupción como una estructura insertada en un sistema, a diferencia de los conceptos que lo trataban como una simple conducta criminal”, añade, desde Harvard, el universitario Lawrence Lessig, buen conocedor de sus trabajos.

Irma Sandoval es consciente de que la vigilancia y las sanciones a los funcionarios mexicanos son tan necesarias como insuficientes, asegurando que “el verdadero motor de la lucha contra la corrupción se encuentra en el proceso de democratización y de cambio de régimen. Por eso la protección de los posibles denunciantes es una prioridad para nuestra administración”. Como su campo de acción de limita, en teoría, a la función pública federal, su estrategia de contención de la “corrupción estructural” no podrá ser desplegada más que con la ayuda de un “ejército de denunciantes” que espera ver aparecer en el sector privado pero también en el de la función pública local. Ella quiere dotarles de “la protección más amplia que pueda existir”, asegura a Mediapart. A falta de poder ocuparse ella misma de las denuncias procedentes de esos otros dos sectores, la ministra intenta de todos modos, con sus medios limitados, apoyar las iniciativas que las respaldan.

La cuestión de la elaboración de una ley federal de protección de denunciantes sigue estando insegura. La proposición de una ley general de protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción debe su presencia en el Senado Federal a un parlamentario que pertenece a la oposición. Por otra parte, el examen de esa proposición de ley no figura en el orden del día del poder legislativo a pesar de una mayoría aplastante de Morena y sus aliados en las dos cámaras.

Irma Sandoval, mientras tanto, trabaja en disposiciones de protección de denunciantes en el marco de plan de trabajo anual del comité de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero ese documento no parece ser apremiante para los poderes públicos.

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  Traducción de Miguel López.

Aquí tienes el texto original en francés: