¿Estamos locos? ¿sabemos lo que queremos?

Sí, eso es lo que decía el estribillo –sin interrogaciones– de la canción de Ketama: No estamos locos que sabemos lo que queremos. Pero… cuando oímos algunos argumentos referentes a lo que se gasta en Defensa, a lo que se necesita, o a lo que debiéramos tener…muchos ciudadanos dicen: “¿Estamos locos? ¿sabemos lo que queremos? Por favor, que me lo expliquen”.

Unas explicaciones que no habría que solicitar. Unas explicaciones que debieran ser sencillas y convincentes, a la vista de la rotundidad y de la seguridad con la que algunos emiten sus argumentos. Pero la realidad nos muestra que parece mucho mayor el interés en mantener cierta confusión que en aclarar las dudas, al tiempo que se confirma aquello de que “es imposible convencer  cuando uno no está convencido”.

Hasta ahora, el único objetivo de “los que saben de esto” –los autodenominados expertos– , ha sido el de que los países aliados, como ha vuelto a reiterar el presidente Trump en la cumbre celebrada en Bruselas el pasado jueves, deben comprometerse a que los gastos de Defensa lleguen al 2% del PIB lo antes posible.

¿Por qué?, se vuelven a preguntar los escépticos. ¨Por razones obvias de seguridad” vuelven a responder ellos (“los expertos”).

Y en esa línea, el Gobierno español se apresuró, ya en 2014, a aceptar el compromiso de incrementar los gastos en Defensa sin explicar cómo lo haría ni cuándo.

Pero las cosas ya no funcionan así, y, además, no deben funcionar nunca así. La seguridad –como la educación, la sanidad, o cualquier otro servicio público– debe estar sometida al debate de los ciudadanos que son los que pagan los impuestos y son los que eligen cómo quieren ser educados, cuidados y…protegidos. Un debate, necesario y obligado, sobre prioridades y sobre el coste de oportunidad que implica el dedicar unos recursos limitados a unas determinadas partidas presupuestarias.

En definitiva, que hay que dejar claro que “sabemos lo que queremos” y que “no estamos locos”.

Esos mismos “expertos” a los que antes aludíamos insisten también en que la reticencia, por parte de muchos ciudadanos, a aumentar esos gastos es un problema de comunicación, sin darse cuenta de que para convencer a alguien de algo hay que empezar por darles información fidedigna.

Y es que como decíamos en Seguridad versus Transparencia, “…para garantizar una adecuada vigilancia democrática, no es suficiente la abundancia de datos. La “hiperinformación” no supone una inyección de luz en la oscuridad. Es necesario que esos datos podamos interpretarlos…Si no es así, solo tendremos una parte de la realidad”.

Por eso es importante, saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a ese famoso “2 %”. Y las primeras discrepancias, algo “interesadas”, aparecen cuando se trata de establecer una metodología común y consensuada para cuantificar el gasto militar en los Presupuestos Generales del Estado. Ese “interés” en no sistematizar esa información, unido a una estrategia de “hiperinformar” con cifras y tecnicismos, y la simplicidad “argumentaria” en la definición de las amenazas (“las fuerzas del mal”) hacen que la confusión aumente y…”a río revuelto… “ya se sabe.

Recientemente, el profesor Félix Arteaga (El País ¿Invertir o gastar en defensa?) insistía en que “estamos a la cola del gasto [de Defensa] entre los aliados con menos de un 1 % del PIB”.

Una afirmación discutible porque si seguimos el criterio más aceptado (el de la OTAN –precisamente, el de quien nos reclama ese horizonte del 2 % tras la cumbre de Gales–) observaremos que no es exactamente así.

Al presupuesto inicial del Ministerio de Defensa (que algunos utilizan como base para definir ese bajo porcentaje de gasto respecto al PIB), que este año ha sido corregido (obligados por la decisión del Tribunal Constitucional) con la inclusión del coste anual de los PEA,s (Programas Especiales de Armamento), habría que sumarle, como mínimo, los incrementos de créditos ocurridos durante el año (asignaciones para operaciones de paz o por venta de inmuebles), el importe de las pensiones satisfechas al personal que trabajó en el Ministerio de Defensa (actualmente en el Ministerio de Hacienda, como clases pasivas), los créditos que figuran en otros departamentos (préstamos a las empresas adjudicatarias de los programas especiales en Ministerio de Industria)… y alguno más.

Pues bien, con todos esos datos incorporados, ya no estamos por debajo del 1 % (“ni a la cola”), sino probablemente bastante por encima.

Otra cosa distinta es que, partiendo de una hipótesis común de partida sobre lo que gastamos, discutamos si todo eso que gastamos es “lo que queremos”, “para qué lo queremos” y si somos capaces de darle continuidad en el tiempo. En definitiva, si estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que sean sostenibles y en línea con nuestras prioridades y todas nuestras necesidades de gasto esenciales.

Por eso, hay que abrir el debate a la sociedad civil, poniendo a su disposición  “información útil” y sin sesgos, para definir el modelo de Defensa que necesita España. Es la ciudadanía quien tiene que decidir, porque ya ha demostrado muchas veces que “sí que sabe lo que quiere”.

Y es que no se trata, como pretenden algunos, de alcanzar unos objetivos numéricos (el 2%)… y luego hablamos. El proceso es justo al revés, se trata no solo de preservar el debate público sino de potenciar también un uso racional y transparente de los recursos públicos, huyendo de esas prisas y aceleraciones del tempo político en el que impera el “no sabemos lo que queremos, pero llegaremos los primeros”.

Es la única forma de demostrar que “no estamos locos”.