Golpes de Estado y golpes al Estado

No debería jugarse con la Justicia y la credibilidad de los organismos institucionales igual que nadie debería frivolizar y desbarrar en el Congreso con la redefinición de los golpes de Estado. No renovar los órganos constitucionales afecta a la calidad democrática del país, cuestionar que la dictadura de Franco fue un golpe a la democracia y hacerlo desde la sede de la soberanía popular, además de ser un revisionismo inaceptable, es una arriesgada apuesta del PP por hacer una oposición incompatible con aspirar al relevo del Gobierno.

El protagonismo sobrevenido del Tribunal de Cuentas ha destapado uno de los casos que mejor representa el condicionamiento político en organismos que, aun no siendo órganos judiciales, imparten justicia. Voy a extenderme un poco. A causa de las fianzas del procés, se ha puesto la lupa en un tribunal cuyo desprestigio está directamente relacionado con el bloqueo del PP. Como apenas está expuesto al control externo y a la opinión pública, pasa desapercibido como máximo exponente del control partidista.

En obstrucciones, este tribunal las tiene casi todas. La cadena es larga. El PP ocupa la presidencia desde hace 24 años. Y controla la Sala de fiscalización, la de enjuiciamiento y todas las presidencias. La comisión de Gobierno, cabina de mandos que dirige el rumbo de la institución, de sus tres miembros, todos son conservadores. Hace tres años les tocó votar por la consejera progresista propuesta para el sitio que le correspondía. Votaron en contra y se quedaron con una mayoría absoluta por primera vez en la historia del tribunal.

La cosa sigue. En 2018, un consejero progresista cesó por motivos de salud y lo normal era ocupar su puesto. De nuevo, el PP decidió bloquear su renovación en el Senado. Un organismo diseñado para tener 12 consejeros, lo prefirió cojo a plural. El 7/4 es mucho más favorable que el 7/5. Su mandato caduca en julio. Y nadie duda que no se renovará. Como creen algunos desde dentro, es más fácil intentar utilizarlo para hacer oposición que democratizar su funcionamiento.

El control subrepticio de las instituciones diseñadas para que los partidos propongan a sus miembros, sistema viciado de por sí, se pervierte cuando una de las partes toma el control. Es anómalo y anticonstitucional, dicen también desde dentro y off the record porque la normativa interna de comunicación no les permite hacerlo públicamente.

Las consecuencias son terribles. No es que el Tribunal de Cuentas no sirva para nada. Es que al estar controlado por una de sus partes, se pone en duda, con razón, su neutralidad. Y por extensión el respeto de la sociedad a la que sirven. De ahí que se critiquen por comparación los más de 14 millones de euros de fianzas a los líderes del procés y el perdón de 26 millones a Ana Botella y los suyos por malvender pisos a fondos buitresprocés. Y que la exministra con Aznar, Margarita Mariscal de Gante, la misma que perdonó a la exalcaldesa, vaya a dictar la sentencia contra los ex miembros del gobierno catalán.

El mandato de nueve años también permite al PP no renovarlo cuando está en la oposición y esperar a estar en el Gobierno. La frase de José Luis Ábalos –las fianzas millonarias son piedras en el camino a la salida del procés–, fue desafortunada. Pero el PP respondió con un imposible: no presionen al tribunal. No pueden. Ya lo controlan ellos. Todo a costa del prestigio de la institución y de los funcionarios.

La suerte de este tribunal seguirá a la del CGPJ, el Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Órganos parasitados y paralizados por decisión política de Pablo Casado. El vacío legal que permite al PP no renovar los órganos constitucionales se está llevando por delante parte de la credibilidad en la Justicia cuando más la necesitamos. Sorprende que no haya más presión desde dentro. Sorprende que no haya cierto clamor.

En esta lógica de revertir nociones sobre las que deberíamos convenir más allá de la lógica de partidos, el PP se empeña en manosear conceptos constitucionales y redefinir qué es y no antidemocrático. Como dijo Cospedal al llegar a la comisión parlamentaria que investiga la causa Kitchen en la que está imputada: “Aquí no hay democracia ni nada”. Casado, atrapado en esta lógica de su ex secretaria general, no le abre expediente porque debe de ser más grave que no anularan su cita a la comisión, de ahí que no hubiera “democracia ni nada”, a los hechos por los que está investigada.

En este suma y sigue, lo inconstitucional no son los indultos a los presos independentistas. Y utilizar el Congreso para sembrar dudas sobre la decisión del Consejo de Ministros hace flaco favor a la convivencia. En pro del Tribunal Supremo que tanto defienden, los condenados del procés no dieron un golpe de Estado, por eso no están condenados por ello. Lo ha aclarado bien Iñigo Errejón: “Los verdaderos golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y la ley vigente en España. Un demócrata lo tendría que tener meridianamente claro”. Por seguir aclarando concepto y verbo, Casado entiende que la obstrucción a la renovación de la Justicia y el recién estrenado revisionismo franquista golpean a Pedro Sánchez. Lo primero golpea al estado de Derecho, lo segundo a él solo.