Contratos públicos al desnudo

Sucede muchas veces en política que asuntos cruciales para el devenir de un país pasan totalmente desapercibidos, eclipsados por noticias más pintorescas o por otras igualmente relevantes pero mucho más mediáticas. Es el caso de la aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de contratos del sector público. Una ley que mueve el 18% del PIB del país –unos  180.000 millones de euros–, que está involucrada, como un cómplice necesario, en la mayor parte de los casos de corrupción de este país –Púnica, Gürtel, Auditorio, Palma Arena…–, que ofrece mucho empleo y oportunidades empresariales, que genera modelo productivo y que es pieza angular en la modernización de los procedimientos de nuestras administraciones.

Tras un trámite parlamentario de nueve meses, el resultado es una ley que tendrá tantas y tantas repercusiones en nuestra vida cotidiana, que la ciudadanía española merece aclaraciones sobre todo el proceso y aclaraciones sobre cuáles serán las consecuencias de su aplicación.

En primer lugar, el mismo trámite del proyecto de ley ha puesto de manifiesto nuevamente la incompetencia del gobierno. Este trámite comenzó tarde, con un expediente abierto de la Comisión Europea a España por retrasos en la transposición de la normativa europea, y empezó mal pues la ley, que debía incluir medidas rotundas para acabar con la corrupción, abrir el acceso a las pymes a las adjudicaciones, poner el foco en una economía más social y medioambiental, y modernizar  los procedimientos de nuestras administraciones hacia una contratación electrónica, no presentaba apenas medidas en esta dirección.

Cuando constatamos esto, nuestra posición no podía ser otra que presentar una enmienda de devolución a la totalidad de la ley, puesto que no se cumplía ninguno de los objetivos que se esperaba y merecía nuestra sociedad. Y aunque el resto de grupos parlamentarios no nos apoyaron, continuamos trabajando para intentar que la futura ley se pareciera lo menos posible al proyecto que recibimos en el Congreso.

En segundo lugar, este trámite ha servido para demostrar que las cosas ya están cambiando, que Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea es una fuerza útil y que gracias al trabajo conjunto con colectivos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, pymes y tercer sector hemos podido implementar cambios reales y que tendrán una aplicación práctica inmediata. Todas juntas elaboramos y presentamos 180 enmiendas al proyecto de ley, de las cuales 110 han sido aprobadas o transaccionadas y forman parte del texto final.

Muchas de ellas van a suponer un antes y un después en la contratación pública. Hemos logrado que las ofertas económicas, que eran las principales culpables de que la ciudadanía recibiera servicios de baja calidad, pasen a ser menos importantes que la calidad, que será la piedra angular de todas las licitaciones. Hemos logrado introducir cláusulas sociales y medioambientales en la adjudicación y en la ejecución de los contratos, donde se valore y se fomente el ahorro energético, el suministro de productos de comercio equitativo, la igualdad de género, la conciliación familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la contratación de mujeres y de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, por citar solo algunos.

También hemos logrado implementar medidas anticorrupción como aumentar la transparencia mediante la publicación de información de los contratos o someter a todo el sector público (Fundaciones, consorcios, empresas públicas…) a la ley de manera que no se usen estos organismos para evadir la ley. Hemos conseguido simplificar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso de las pymes a las adjudicaciones o reservar a organizaciones de carácter social las adjudicaciones de determinados contratos.

La contratación pública no volverá a ser lo que fue. Ello ha sido gracias también, en parte, a la debilidad de un gobierno sin mayoría, al cambio que ya ha llegado a las instituciones con nuevas fuerzas como nosotros, que ha forzado al PP a establecer un proceso de negociación para poder sacar adelante esta ley.

Sin embargo, y a pesar de estos logros sin precedentes, todavía nos queda mucho camino por recorrer. La ley aprobada este jueves aún muestra importantes carencias porque, aunque mejoramos en transparencia, echamos en falta medidas más rotundas para no dejar ninguna rendija abierta a la corrupción, como por ejemplo una Oficina de Supervisión verdaderamente independiente y no nombrada por el Gobierno de turno o que los partidos políticos estén sujetos a la norma. Queremos una ley más clara y manejable para los funcionarios, para las empresas y para la ciudadanía, de manera que las leyes dejen de ser textos imposibles en los que esconder vergüenzas y estén al alcance de todos en la medida de lo posible. Queremos que la contratación pública deje d ser un coto privado del IBEX35 y las empresas que estén condenadas por graves vulneraciones de derechos humanos cometidos no puedan participar en licitaciones públicas. Queremos que los servicios públicos estén totalmente desvinculados de los mercados y que su funcionamiento se ciña exclusivamente al interés general y no al que marcan las manos –nada invisibles– de las grandes empresas. En definitiva, queremos una ley que permita recuperar los servicios perdidos y que no deje tanta vía ancha a la mercantilización de lo público, que sea capaz de cambiar nuestro modelo productivo y social.

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Es por eso que estamos orgullosas del trabajo realizado, pero no del todo satisfechas por lo que hemos considerado que la abstención era el voto que merecía el texto que entrará en vigor una vez pase el trámite por el Senado. Es una ley mejor que la anterior, y mejor que la que elaboró el Gobierno, pero aun no es la ley que se merece este país.

Cuando llegamos al Congreso de los Diputados hace un año y medio, una de las crítica prejuiciosas más repetidas que se vertió sobre nosotras era que no seríamos capaces de trabajar desde los escaños, que lo nuestro eran las pancartas y los megáfonos, y que seguíamos sin ser una fuerza política capaz de cambiar nada. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se acaba de aprobar en el Congreso nos ha servido para demostrar todo lo contrario. ____________________

Auxi Honorato y Josep Vendrell son diputadas del grupo Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea y ponentes de la ley de Contratos del Sector Público en el Congreso de los Diputados.