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Plaza Pública

Contratos públicos al desnudo

Auxi Honorato y Josep Vendrell Publicada 07/08/2017 a las 06:00 Actualizada 06/08/2017 a las 23:21    
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Sucede muchas veces en política que asuntos cruciales para el devenir de un país pasan totalmente desapercibidos, eclipsados por noticias más pintorescas o por otras igualmente relevantes pero mucho más mediáticas. Es el caso de la aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de contratos del sector público. Una ley que mueve el 18% del PIB del país –unos  180.000 millones de euros–, que está involucrada, como un cómplice necesario, en la mayor parte de los casos de corrupción de este país –Púnica, Gürtel, Auditorio, Palma Arena…–, que ofrece mucho empleo y oportunidades empresariales, que genera modelo productivo y que es pieza angular en la modernización de los procedimientos de nuestras administraciones.

Tras un trámite parlamentario de nueve meses, el resultado es una ley que tendrá tantas y tantas repercusiones en nuestra vida cotidiana, que la ciudadanía española merece aclaraciones sobre todo el proceso y aclaraciones sobre cuáles serán las consecuencias de su aplicación.

En primer lugar, el mismo trámite del proyecto de ley ha puesto de manifiesto nuevamente la incompetencia del gobierno. Este trámite comenzó tarde, con un expediente abierto de la Comisión Europea a España por retrasos en la transposición de la normativa europea, y empezó mal pues la ley, que debía incluir medidas rotundas para acabar con la corrupción, abrir el acceso a las pymes a las adjudicaciones, poner el foco en una economía más social y medioambiental, y modernizar  los procedimientos de nuestras administraciones hacia una contratación electrónica, no presentaba apenas medidas en esta dirección.

Cuando constatamos esto, nuestra posición no podía ser otra que presentar una enmienda de devolución a la totalidad de la ley, puesto que no se cumplía ninguno de los objetivos que se esperaba y merecía nuestra sociedad. Y aunque el resto de grupos parlamentarios no nos apoyaron, continuamos trabajando para intentar que la futura ley se pareciera lo menos posible al proyecto que recibimos en el Congreso.

En segundo lugar, este trámite ha servido para demostrar que las cosas ya están cambiando, que Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea es una fuerza útil y que gracias al trabajo conjunto con colectivos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, pymes y tercer sector hemos podido implementar cambios reales y que tendrán una aplicación práctica inmediata. Todas juntas elaboramos y presentamos 180 enmiendas al proyecto de ley, de las cuales 110 han sido aprobadas o transaccionadas y forman parte del texto final.

Muchas de ellas van a suponer un antes y un después en la contratación pública. Hemos logrado que las ofertas económicas, que eran las principales culpables de que la ciudadanía recibiera servicios de baja calidad, pasen a ser menos importantes que la calidad, que será la piedra angular de todas las licitaciones. Hemos logrado introducir cláusulas sociales y medioambientales en la adjudicación y en la ejecución de los contratos, donde se valore y se fomente el ahorro energético, el suministro de productos de comercio equitativo, la igualdad de género, la conciliación familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la contratación de mujeres y de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, por citar solo algunos.

También hemos logrado implementar medidas anticorrupción como aumentar la transparencia mediante la publicación de información de los contratos o someter a todo el sector público (Fundaciones, consorcios, empresas públicas…) a la ley de manera que no se usen estos organismos para evadir la ley. Hemos conseguido simplificar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso de las pymes a las adjudicaciones o reservar a organizaciones de carácter social las adjudicaciones de determinados contratos.

La contratación pública no volverá a ser lo que fue. Ello ha sido gracias también, en parte, a la debilidad de un gobierno sin mayoría, al cambio que ya ha llegado a las instituciones con nuevas fuerzas como nosotros, que ha forzado al PP a establecer un proceso de negociación para poder sacar adelante esta ley.

Sin embargo, y a pesar de estos logros sin precedentes, todavía nos queda mucho camino por recorrer. La ley aprobada este jueves aún muestra importantes carencias porque, aunque mejoramos en transparencia, echamos en falta medidas más rotundas para no dejar ninguna rendija abierta a la corrupción, como por ejemplo una Oficina de Supervisión verdaderamente independiente y no nombrada por el Gobierno de turno o que los partidos políticos estén sujetos a la norma. Queremos una ley más clara y manejable para los funcionarios, para las empresas y para la ciudadanía, de manera que las leyes dejen de ser textos imposibles en los que esconder vergüenzas y estén al alcance de todos en la medida de lo posible. Queremos que la contratación pública deje d ser un coto privado del IBEX35 y las empresas que estén condenadas por graves vulneraciones de derechos humanos cometidos no puedan participar en licitaciones públicas. Queremos que los servicios públicos estén totalmente desvinculados de los mercados y que su funcionamiento se ciña exclusivamente al interés general y no al que marcan las manos –nada invisibles– de las grandes empresas. En definitiva, queremos una ley que permita recuperar los servicios perdidos y que no deje tanta vía ancha a la mercantilización de lo público, que sea capaz de cambiar nuestro modelo productivo y social.

Es por eso que estamos orgullosas del trabajo realizado, pero no del todo satisfechas por lo que hemos considerado que la abstención era el voto que merecía el texto que entrará en vigor una vez pase el trámite por el Senado. Es una ley mejor que la anterior, y mejor que la que elaboró el Gobierno, pero aun no es la ley que se merece este país.

Cuando llegamos al Congreso de los Diputados hace un año y medio, una de las crítica prejuiciosas más repetidas que se vertió sobre nosotras era que no seríamos capaces de trabajar desde los escaños, que lo nuestro eran las pancartas y los megáfonos, y que seguíamos sin ser una fuerza política capaz de cambiar nada. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se acaba de aprobar en el Congreso nos ha servido para demostrar todo lo contrario.
____________________

Auxi Honorato y Josep Vendrell son diputadas del grupo Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea y ponentes de la ley de Contratos del Sector Público en el Congreso de los Diputados.


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3 Comentarios
  • Paco Panceta Paco Panceta 16/08/17 11:48

    Todas aquellas modificaciones legislativas, que se introduzcan en la Ley de Contratos del Sector Público, destinadas a evitar las tropelías de las empresas con los trabajadores que realizan estas tareas, sean personal subrogado o de su plantilla, considero que son necesarias.

    De la misma manera que me parece acertada cualquier medida legislativa destinada a evitar al máximo, la apropiación de lo público por las empresas privadas, que bajo el lema de la colaboración público-privada, ha derivado en que, parafraseando a ese ínclito consejero de la Comunidad de Madrid, la público se convierta en una oportunidad de negocio, cuyo objetivo final es la privatización de lo público, sea sanidad, educación, pensiones, servicios sociales o empresas públicas, en aplicación del “programa máximo” del neoliberalismo.

    Ahora bien, no olvidemos que el objetivo final es revertir esta situación y devolver al sector público lo que es de todos.

    Vale que en el caso de los suministros de comida, ropa, material de oficina u otros suministros, o de las obras públicas, se deba contratar con empresas solventes, que cumplan con los requisitos de la contratación responsables en materia social, laboral, ética o medioambiental, pero los servicios que prestan las empresas a la Administración, como vigilancia, limpieza, mantenimiento u otro tipo de servicios, deberá ser prestado por personal de la Administración. Y para ello sólo caben dos salidas, o contratación como personal laboral de estos trabajadores u oferta de empleo pública, reconociendo la antigüedad de estos trabajadores u otra fórmula pactada con los sindicatos.

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  • RaulOlmos RaulOlmos 09/08/17 13:19

    Gracias por el trabajo desarrollado y, especialmente, con la sensibilidad mostrada en defensa del empleo y las condiciones laborales en las contratas y concesiones. A la espera de analizar el texto definitivo que apruebe el Senado, coincido en que es un primer paso para marcar un nuevo tiempo en una materia tan "sensible" a múltiples lobbies e intereses.
    A los aspectos que resaltáis en vuestro artículo me interesa añadir un par de ellos, que son fruto de enmiendas propuestas entre otros por las organizaciones sindicales y que vosotros presentasteis, y que creo que pueden ser especialmente relevantes: el refuerzo que se hace para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales no solo para la adjudicación de los contratos sino durante todo el proceso de ejecución, y el refuerzo de la negociación colectiva para establecer garantías sobre el mantenimiento del empleo y la subrogación.
    Cuando se apruebe la nueva Ley habrá que presionar para que sus avances no queden en papel mojado. Y ello va a depender mucho de que las diferentes administraciones y entes aprovechen todas las posibilidades que la ley les da (tanto en las condiciones de licitación y criterios de valoración como en el seguimiento de las condiciones de ejecución), especialmente aquellas administraciones de las que, desde la izquierda y el mundo sindical, más esperamos.
    También nos va a exigir, a los que actuamos desde el ámbito sindical, redoblar el esfuerzo y el trabajo para revertir la constante precarización que los procesos de contratación pública y subcontratación implican con relación al empleo y las condiciones laborales. La nueva Ley de Contratos, de aprobarse como ha salido del Congreso de los Diputados, nos da nuevos instrumentos de trabajo para ello.
    Nuevamente, enhorabuena por el trabajo que, me consta, no ha sido sencillo. Sé que a muchas personas nos hubiera gustado ir mucho más allá, pero la composición parlamentaria es la que es y, creo que en este caso, se ha aprovechado bien.

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  • senenoa senenoa 07/08/17 14:50

    El problema no es la modificación de la ley que regula la contratación pública; el problema es que la nueva ley (sea cual sea) tampoco se cumplirá, como ocurrió con la anterior. En la ley actual, como en las anteriores, no aparecen reguladas las "mordidas" ni el tráfico de influencias ni faltan mecanismos adecuados de control. Lo que debemos cambiar no son las leyes sino el gobierno que las aplica.

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