Desigualdad en la sociedad española

Es muy probable que las sobreactuadas polémicas de estas últimas semanas sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y sobre todo las relacionadas con "los impuestos", deban interpretarse en el contexto de una descarnada pugna política. El PP en la oposición ha mantenido ese perfil de "histerismo apocalíptico" en otros momentos, y la pugna con Ciudadanos, tras una inédita moción de censura hacían más que probable, seguro, este escenario.

Pero en todo caso siempre es llamativa la "alergia" ideológica que brota cuando se plantean medidas diseñadas para mejorar los niveles de corresponsabilidad fiscal, aunque sean en formulaciones de momento no materializadas y de un alcance potencial bastante limitado.

Las fuerzas progresistas en España debieran asumir el reto pedagógico de explicar que un modelo de bienestar (si se quiere llamar así) requiere recursos. Que para que en una sociedad decente nos protejamos colectivamente ante contingencias vitales como la jubilación, la enfermedad, el desempleo, la necesidad de aprendizaje permanente, las situaciones de dependencia… o decidimos que el mercado provea en función de sus reglas y sus zonas de exclusión, o transferimos una ingente cantidad de recursos al ámbito público de decisión. Ingente cantidad. Porque así es cuando hablamos de los porcentajes del PIB que cualquier país desarrollado en Europa gestiona para impulsar políticas públicas, sociales y de otro tipo.

La dificultad para impulsar un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades, o que se valore racionalmente lo que supone un destope de las bases máximas de cotización, o los preocupantes términos en los que se está dando el debate sobre el modelo en el que deben cotizar quienes lo hacen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, nos indican lo alejado que estamos aún de una correcta cultura fiscal.

Relacionado con esto seguramente están las deficiencias del aparato productivo del país, y la escasa dimensión media de las empresas en España. Las consecuencias de lo citado anteriormente son múltiples, pero una de las más perennes es el nivel de desigualdad instalada en la sociedad española, que sin ser exclusiva de nuestro país, es particularmente intensa.

De hecho, el crecimiento de la desigualdad durante la crisis económica no ha hecho más que estimular una tendencia regresiva que tanto en España como en otros países venía manifestándose desde principios de los años ochenta.

España es, dentro de la OCDE, uno de los países donde más ha crecido la desigualdad, un 3,7% en el Índice de Gini, incrementándose el diferencial con la Unión Europea. Tal crecimiento no se debe imputar exclusivamente a la intensidad de la crisis en términos de destrucción de riqueza y de ocupación.

En nuestro país hay un fuerte componente estructural de la desigualdad de forma independiente respecto al ciclo económico, caracterizado en gran medida por la debilidad de la economía española para crear empleo estable y suficientemente remunerado, la muy alta concentración de rentas de capital o la limitada capacidad del sistema de impuestos y prestaciones. La clase media en España (rentas entre el 75% y el 200% de la mediana) representaba en 2014 el 60% de la población, según el tercer Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas, mientras que en Suecia o Dinamarca representa al 70% de la población.

No ha habido cambios significativos en la distribución de la renta durante el periodo de crecimiento de la actividad económica y del empleo anterior al cambio del ciclo económico. El umbral de pobreza de los hogares ha pasado de un 19,8% en 2008 a un 22,3% en 2016.

La creciente desigualdad de la sociedad española es debida:
 

1. A la distribución de la renta entre trabajo y capital, producto del  debilitamiento de la negociación colectiva tras las últimas reformas laborales.
2. A la escasa redistribución de la renta que se produce a través del sistema de impuestos y transferencias sociales.
3. Así como a medidas regulatorias que afectan al funcionamiento de mercados básicos, como el de la vivienda, en propiedad y alquiler.

Las grandes diferencias salariales son algo muy arraigado en la estructura social española. La principal característica del empleo generado tras la crisis es su carácter marcadamente inestable. Con un incremento de la contratación a tiempo parcial (mayoritariamente no deseada, sino asumida como mal menor, y que demasiadas veces esconde alargamientos de jornada) y sobre todo, con una vuelta a tasas de temporalidad sin apenas comparación en otras economías de nuestro entorno europeo.

Sin fuertes incrementos salariales, sobre todo en los empleos más bajos, la actual dinámica de creación de empleo precario no va a rebajar sustancialmente la desigualdad.

La mayor incidencia de los empleos de bajos salarios sigue siendo un rastro diferencial de España frente a otros países de la UE. Los últimos datos del INE apuntan a que el porcentaje de trabajadores con bajos salarios (menos de dos tercios del salario mediano) se han incrementado en 3,4 puntos desde el estallido de la crisis, pasando de un 13,4% en 2010 a un 16,8 en 2016. Con sesgos además que, aunque sospechados, conviene recordar: jóvenes menores de 30 años, mujeres, trabajadores/as con menor antigüedad, con contratos temporales.

Asimismo, el sistema español de impuestos y prestaciones es uno de los menos eficaces de la Unión Europea en la reducción de la desigualdad. El gasto público social es muy inferior a los países de nuestro entorno, un 24,7% del PIB, diez puntos por debajo de Francia, cinco puntos menos que la media Europea. Esto es particularmente evidente en las Prestaciones Familiares. También el sistema de garantía de ingresos esta muy fragmentado y tiene lagunas importantes, no hay protección para los trabajadores de bajos salarios.

La recaudación de nuestro sistema fiscal está basado en los objetos imponibles más fáciles de controlar, como las rentas del trabajo asalariado o el consumo, mientras que la aportación fiscal de rentas de capital y el impuesto de sociedades está muy por debajo de su capacidad gracias a mecanismos de fraude y elusión fiscal. Esta es la principal razón de su escasa capacidad redistributiva.

Por tanto acometer medidas en materia fiscal que hagan emerger rentas ocultas o exentas fiscalmente, que sitúen tipos efectivos para los agentes económicos en términos razonables, es totalmente necesario.

De la misma manera, recuperar los salarios y particularmente los más bajos exige de medidas que refuercen la acción sindical y que incluso introduzcan "rigideces" para que no se siga agravando el desacople entre cómo evoluciona la productividad y cómo evolucionan los salarios.

Garantizar un salario mínimo interprofesional y un salario mínimo de convenio en la línea de lo que viene debatiéndose últimamente (850 euros al mes en 2020 tenía aceptado el PP, 900 han pactado PSOE y Unidos Podemos, 1.000 como salario mínimo de convenio había aceptado la patronal española), es necesario para facilitar un efecto arrastre al alza de los salarios reales.

Y adoptar todas estas medidas de forma coherente, coordinada y teniendo en cuenta sus efectos múltiples, sería una exigencia de difícil materialización en esta coyuntura política, pero fundamental para la disputa de la hegemonía sobre el relato en materias tan espinosas como la corresponsabilidad fiscal.