Tres reformas imprescindibles

En tiempos electorales, como los que corren actualmente, y en los últimos cuatro años especialmente, es importante identificar problemas y sugerir propuestas que puedan ser tomadas en cuenta en los debates públicos que se produzcan. Por ello, aquí va una propuesta sobre las reformas urgentes que sería necesario introducir en España, como paso previo antes de plantear posibles cambios institucionales que aborden las tensiones territoriales experimentadas en los últimos años.

Los tres problemas que requieren reformas urgentes en España son, a mi parecer, las burbujas mediáticas instrumentalizadas para manejar agendas políticas, las distorsiones profesionales en los niveles superiores de la justicia española, y la confusión operativa de los cuerpos de seguridad del Estado. La reproducción de valores autoritarios y hábitos culturales en organizaciones muy endogámicas, escasamente permeables a las exigencias democráticas, puede llegar a explicar por qué algunos jueces y policías siguen teniendo concepciones profundamente conservadoras sobre la sociedad en la que viven, y con la que conviven. No obstante, esto, posiblemente, no hubiera llevado a los graves problemas que han contribuido a generar si no fuera por el primero de los problemas mencionados. La constante creación de burbujas mediáticas ha sido un fenómeno creciente en las últimas décadas, que ha arrasado con cualquier posibilidad de reflexión y diálogo sereno.

Se trata de tres reformas simples, pero que se plantean como condiciones necesarias para, posteriormente, abordar las necesarias reformas políticas e institucionales que España necesita de forma urgente, para superar una crisis constitucional que lleva más de diez años supurando. Sin estas reformas previas, las probabilidades de que cualquier intento de cambio institucional profundo en España pueda tener éxito serán casi completamente nulas, confundiendo y desgastando las ya exhaustas fuerzas a favor de una nueva transformación modernizadora del país, que afronte seriamente los retos de la globalización.

Se trata de tres reformas concretas. No se propone aquí cambiarlo todo, ni de plantear ahora cambios políticos de largo alcance, que, aunque también son necesarios, requieren un nuevo marco institucional para que puedan hacerse realidad. Tampoco tienen una relación directa con las reivindicaciones independentistas en Cataluña, aunque existe, implícitamente, una significativa vinculación con todas ellas, como se verá a continuación.

Se trata de tres reformas posibles, que requieren concentración, energía y decisión, pero serían realizables en menos de un año, por lo menos por lo que se refiere al establecimiento de un marco inicial que dé pie a una desactivación de los efectos perniciosos que, para la política y la sociedad española, está generando la situación actual de los problemas que deberían afrontarse de forma directa y efectiva de la forma más rápida posible.

La primera reforma debería orientarse a evitar las burbujas mediáticas, que, aprovechándose de una cultura política poco desarrollada, han generado estados de ánimo muy exaltados en relación a los principales problemas políticos del país. La conversión del conflicto territorial en un conflicto de identidades nacionales, completamente desproporcionado, ha sido posible, en buena parte, debido a tales estrategias mediáticas –en interacción con las estrategias electorales de algunos partidos– y, sin duda, una agencia reguladora de medios de comunicación, independiente, y con suficientes recursos y capacidades, como existen en todos los países de nuestro entorno, hubiera podido limitar, en cierta medida, tales despropósitos mediáticos, mediante la promoción del pluralismo político, cultural, social, religioso, lingüístico y territorial.

La corta vida del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, entre 2010 y 2013, es una muestra de las dificultades para establecer este tipo de instituciones en España, y la posterior inclusión de sus funciones en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha representado en la práctica una fuerte limitación a su desarrollo. No obstante, hay que preguntarse también a qué intereses sirven los medios que participan activamente en burbujas mediáticas. Aquí también encontramos respuestas, ya que, como es sabido, son, en muchos casos, grandes empresas las que apoyan a estos medios, temerosas de que se produzcan cambios políticos e institucionales que empeoren sus privilegios, por lo que prefieren siempre gobiernos débiles y amenazados, con escasa capacidad para impulsar reformas profundas en aquellos sectores que les puedan afectar.

Sobre la segunda reforma, relativa a las instancias superiores de la Justicia española, sería necesario modificar la gobernanza del sistema judicial, e impulsar una amplia renovación generacional que permitiera cambios profundos de la cultura jurídica predominante en la actualidad. En este contexto, un cambio de sede del Tribunal Constitucional fuera de la capital podría aportar un fuerte simbolismo, al igual que la reconversión de la Audiencia Nacional, y plantear, si acaso, su necesidad, o la reforma en profundidad del acceso y  la promoción en la carrera judicial.  Se trataría, en su conjunto, de consolidar los valores democráticos en la judicatura, promoviendo una nueva cultura jurídica mucho más alineada con la sociedad española actual y sus problemas reales y, al mismo tiempo, que impidiera la utilización de su independencia para influir por su cuenta en la vida política española, como, lamentablemente, ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos.

La tercera reforma, sobre los cuerpos de seguridad del Estado, es sin duda, imprescindible y largamente pendiente. Para empezar, no tiene ningún sentido que existan dos cuerpos de policía paralelos en España, con numerosas competencias que se solapan, y que se encuentran compitiendo entre ellos continuamente. Ya no estamos en la primera mitad del siglo XIX, cuando se crearon ambos cuerpos con finalidades muy distintas. Abordar esta fuente de ineficiencia y derroche de recursos públicos es una necesidad absoluta en España, aunque apenas nadie plantea el tema. Por otra parte, su equívoca relación con el Ejecutivo constituye un foco de preocupación creciente. Por ejemplo, en relación al caso catalán, se han producido patologías que hacen temblar al Estado de derecho, desde la autonomía de la Guardia Civil para condicionar la agenda política, con sus argumentos sobre la existencia de una rebelión en Cataluña, hasta la formación de unidades orientadas a la intoxicación mediática, con apoyo político, en el caso de la Policía Nacional. Hay muchos otros ejemplos, no obstante, que muestran cómo la convivencia entre sectores de cuerpos policiales y de la judicatura está redefiniendo el espacio de libertades y derechos en España, para imponer mecanismos de control social e ideológico más parecidos a antiguos modelos autoritarios que a los de décadas recientes.

Sin las burbujas mediáticas, y los estados de ánimo que han suscitado, a los que se sumaron entusiastas muchos partidos políticos a la espera de encontrar réditos electorales, difícilmente se hubieran activado con tanta intensidad algunos sectores policiales y judiciales que han ido tomando, por su cuenta, el control de la agenda en la vida política española reciente. La profunda irresponsabilidad de muchos líderes políticos, vinculada a su incapacidad de analizar la realidad fuera de las propias burbujas que han contribuido a crear, ha acabado generando una situación de continua parálisis política, que no ha permitido afrontar los cambios institucionales necesarios, ni tampoco impulsar las políticas públicas de carácter estratégico pendientes desde hace muchos años. Sin estas reformas imprescindibles a corto plazo, la parálisis actual puede, en poco tiempo, convertirse en una implosión de consecuencias imprevisibles, que debilite significativamente el sistema de libertades políticas que hemos disfrutado en las últimas décadas. ____________________

Jacint Jordana es profesor de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra y autor del libro Barcelona, Madrid y el Estado (Catarata, 2019).