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Plaza Pública

La urgencia de avanzar en una ley de protección de alertadores para España

Bruno Galizzi e Inés Branco
Publicada el 14/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 13/02/2020 a las 22:28
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La aprobación de la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (2019/1937) es un primer paso para legitimar a todos aquellos que han sufrido represalias por haber dado a conocer información sobre delitos, infracciones u otras malas prácticas en España. Todos aquellos ciudadanos que han participado a la mejora de nuestra sociedad, convirtiéndose en héroes invisibles.

La Directiva ha vuelto a poner sobre la mesa la completa ausencia de protección en España a nivel nacional, en disonancia con legislaciones autonómicas que han dado valiosos y ambiciosos pasos al respecto, así como la urgente necesidad de convocar al conjunto de la sociedad y sobre todo a la nueva legislatura a trabajar comprometidamente en ello.

En consonancia con esta urgencia, este jueves 13 de febrero se celebra en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencias un evento público titulado “La protección de informantes, alertadores o denunciantes no admite demora”, convocando a representantes de instituciones públicas Europeas y Españolas a reflexionar sobre algunos de los puntos más relevantes en la transposición. Asimismo, la jornada convoca a todos los partidos políticos a participar en una mesa redonda.

Una convocatoria para actuar

La Directiva representa una oportunidad tan grande como desafiante, que debe convertirse en un caballo de Troya para generar un cambio cultural y social, protegiendo legalmente a quienes comunican información sobre malas prácticas, promoviendo una percepción positiva de aquellos que “suenan el silbato” y un mejor funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, el caballo de Troya bien puede transformarse en madera sin efecto en una materia tan acuciante para los trabajadores del sector público o privado, para periodistas, ONGs y activistas.

Las posibilidades de desarrollar un marco legal lo suficientemente sólido involucra no sólo garantizar medidas de protección contra represalias para todas las personas físicas o jurídicas (evitar despidos, modificaciones de las condiciones contractuales u oportunidades laborales, entre otras), sino también garantizar la protección de la identidad de las personas incluso a través del anonimato, así como el establecimiento de canales y mecanismos para alertar.

La traducción del mismo concepto whistleblower es, sin duda, uno de los desafíos a enfrentar en los procesos legislativos no sólo en España, sino también en Grecia y otros estados miembros de la Unión. El término “denunciante” no sólo carga una connotación negativa sobre la persona y el acto, sino que, al estar definido en la legislación española, establece serias limitaciones para responder a la amplitud de disposiciones establecidas en el texto aprobado en Estrasburgo. Por ello, desde la sociedad civil (lanzada por la organización X-Net) se ha llamado a una campaña en defensa del concepto “alertador”, subrayando su neutralidad legal y valorativa. Recientemente, el término ha sido mencionado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia del actual gobierno.

Para que este cambio se vea reflejado y tenga un impacto, las instituciones públicas deben implicarse de manera urgente en los debates iniciados por las organizaciones civiles, respondiendo de tal forma a muchas preguntas que aún se deben de contestar para poder anhelar una transposición a la altura de sus esperanzas.

Un proyecto europeo para mejorar la protección de alertadores

Una de las provisiones más novedosas e impactantes de la Directiva 2019/1937 es la obligación de implementar canales de reporte que garanticen la confidencialidad y/o el anonimato de los alertadores. Con dicha obligación, la Directiva promete un cambio institucional de gran escala, alcanzando a las empresas privadas de más de 49 empleados y a las administraciones públicas de más de 10.000 ciudadanos.

El proyecto Expanding Anonymous Tipping (EAT), coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), se presenta como una respuesta confiable de innovación a estos desafíos. EAT implementa buzones de reporte en instituciones públicas y empresas privadas de 10 países de la Unión Europea, usando la tecnología de GlobaLeaks, un software de reportes seguros, confidenciales u anónimos que ha sido elegida por organizaciones como la Corte Penal Internacional, Edison EDF Group o la Agencia Nacional Anticorrupción en Italia. Así, el proyecto pone al alcance de cualquier institución buzones con los estándares más elevados de seguridad digital de manera gratuita, colaborando con organizaciones civiles en cada uno de los países involucrados.

La importancia de la tecnología para poder dar a conocer información sobre irregularidades no es algo novedoso. Hoy en día, un correo electrónico no es suficiente para proteger a los alertadores que exponen información sobre hechos que nos afectan a todos. EAT es un paso adelante tanto para transponer la Directiva como para garantizar su correcta implementación.

____________

Bruno Galizzi e Inés Branco son coordinadores del Proyecto EAT

 

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2 Comentarios
  • agua agua 14/02/20 16:32

    Me parece básico el proyecto EAT. En toda sociedad desarrollada, se debe posibilitar , fomentar la implicación desde la protección y el anónimato, a toda persona que colabora destapando el fraude que es un elemento generador de injusticia. Por supuesto que se garantice que lo aportado no queda en el anónimato.

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  • Pacoescolano Pacoescolano 14/02/20 08:50

    Es urgente y sería un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción, especialmente en esta España tan querids por los ahora autollamados constitucionalistas, como si los demás no lo fueramos (aunque nos gustaría unos retoques para ponerla al día). Salut

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