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El virus de la financiarización

Liliana Pineda
Publicada el 30/03/2020 a las 06:00

Desde que iniciamos el siglo XXI, hemos visto cómo el fenómeno por el que se reduce cualquier elemento, bien, riesgo, producto o servicio a un instrumento financiero, y que en términos económicos llamamos financiariazación, continúa siendo un factor determinante de las políticas adoptadas por los gobiernos del mundo en todas las regiones y escalas, frente a la depredación de la naturaleza, la explotación humana, la apropiación de lo común, la feminización de la pobreza, el reparto desigual de los cuidados, la privatización y el saqueo de los servicios públicos, el extractivismo, el consumo irracional, el cambio climático, y la pandemia.

Encontrándonos en una nueva era configurada por la incidencia de la actividad humana en el planeta, el Antropoceno, vemos a los gobiernos intentando corregir sus efectos, aliviar los daños, y prevenir sus consecuencias, pero sin ocuparse en atajar sus causas: el uso de la Tierra y la gestión de sus recursos, teniendo que enfrentar, además, una crisis global, cultural y política (hídrica, energética, industrial, agroalimentaria) y ahora también sanitaria, debido al Covid-19 o coronavirus, cuyas circunstancias y efectos para la humanidad aún no son suficientemente conocidos.

Observamos, asimismo, cómo la dominación poscolonial se sigue ejerciendo sin ambages a través de las actividades de las empresas transnacionales y de las transacciones financieras, amparada por el poder político y las fuerzas castrenses, que se sitúa en zonas colindantes con la ilegalidad y la extraterritorialidad, incidiendo de manera determinante en las estrategias fronterizas que adoptan los gobiernos, y en la inversión de los flujos migratorios de las antiguas colonias hacia las ricas metrópolis, acrecentados cada vez que se produce una incursión militar o una intervención humanitaria internacional.

Entre tanto, el fenómeno de la financiarización se ha hecho con las nuevas tecnologías y crece exponencialmente con la crisis, reduciendo la calidad de la vida, empeorando el desigual reparto de los recursos planetarios (y de los sumideros de residuos), entre países y entre generaciones, y agravando la desprotección de las poblaciones más vulnerables, empujándolas, ineluctablemente, hacia la explotación y la miseria, cuando no directamente a la marginalidad y la irrelevancia.

Por todo ello, en este período en que se acusa al coronavirus y al clima de todos nuestros males, como si se tratara de interlocutores jurídicos con los que se pudiera establecer un trato más o menos justo, urge tomar medidas contra las agresiones que ha generado y genera la financiarización en nuestro entorno social y territorial, en nuestro microclima (el de nuestro municipio o región), en la capacidad de respuesta de los servicios públicos frente a la pandemia, poniendo de manifiesto sus efectos pero, fundamentalmente, revelando sus causas, y centrando nuestra atención sobre los aspectos cardinales del pensamiento y las instituciones que la generan y favorecen, o que han impedido enfrentarla con solvencia.

Por eso es crucial hablar de las entrañas del sistema, de paraísos o “guaridas fiscales”, de “fondos buitre”, de privatizaciones y de corrupción, y continuar proponiendo finanzas democráticas, justicia fiscal, económica, ecológica y social, Impuesto a las Transacciones Financieras, Renta Básica, Banca Pública, defensa y recuperación de la titularidad y la gestión pública de los servicios públicos, a la vez que señalamos directamente a quienes anidan, saquean o intervienen en nuestro territorio, con sus posiciones y relaciones injustas, amparadas en propiedades, rentas, ingresos, operaciones financieras y especulativas, privilegios fiscales y poderes desiguales.

Entendamos que la emergencia económica, agravada por la pandemia, y que se suma a la llamada emergencia climática a que nos vemos avocados, no es más que una excrescencia sistémica… consecuencia de la gestión que hemos hecho de nuestro territorio, de nuestra salud y de nuestra vida.

Al saqueo del planeta, por encima de cualquier posibilidad de renovación ecológica, llegado al punto de necesitar varios mundos para mantener su ritmo de crecimiento, se añade la emergencia humana, agravada por el coronavirus. La explotación y las guerras, causantes del aumento de la miseria, disparan el crecimiento de las migraciones, que sumado al envejecimiento en los lugares estratégicos del mundo y a la carencia o insuficiencia de servicios públicos, traen servido el deterioro de la democracia, ponen en entredicho las acciones colectivas, y devalúan la política, pero también impiden instituir espacios reales de participación, instaurando prácticas que generan nuevas formas de control social y alienación. Las burbujas financieras, las crisis cíclicas –ya sean sanitarias o bancarias– y la deuda incontrolada, ponen en evidencia la fuerza destructiva que despliegan las finanzas si los pueblos no las controlan, y se financiariza o se mercantiliza lo existente.

Frente a la desesperanza, el miedo y la frustración, asociadas a las sucesivas “emergencias” que vivimos, al fracaso del desarrollismo y al colapso del crecimiento económico, el sistema nos ha procurado un pos desarrollo basado en el decrecimiento de ingresos, decrecimiento de derechos y decrecimiento de servicios públicos a través del saqueo y la privatización, por lo que vemos con sorpresa, o más bien con estupor, cómo, sin contrapartida alguna, nos vemos en la tentación de abrazar, ahora más que nunca, una bandera sin adjetivos ni distinciones que se llama decrecimiento, con la que hacemos nuestro el “nuevo” discurso que interesa al sistema. Un discurso que, calladamente pero con eficacia subliminal, nos impide ejercer nuestra influencia a la hora de hacer propuestas prácticas y con vocación hegemónica, que nos puedan conducir hacia horizontes sociales, culturales y ecológicos, asequibles y saludables, que a su vez, inevitablemente, como dice José Manuel Naredo, exigirán crecimientos y decrecimientos, aumentos y disminuciones…

Entre los decrecimientos saludables, debemos situar: primero, la concentración del poder corporativo, ilegítimo y depredador que ha traído consigo —a través de tratados internacionales (TTIP, CETA, TISA, entre otros), mecanismos insuficientes e incluso contraproducentes (MEDE), y normas supranacionales—, la limitación o eliminación de las funciones planificadoras, protectoras y distribuidoras de los Estados y de las Administraciones Públicas, y la huida del Derecho Público (que goza de un marco regulatorio más exigente y transparente que el privado) hacia el Derecho Mercantil, Derecho Financiero, en suma: Derecho Privado (con un marco regulatorio discrecional y menos controlado); segundo, la ruleta financiera que supone la compra y venta de valores bursátiles (acciones de sociedades anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación e instrumentos de inversión), o de productos derivados (algo parecido a los seguros pero meramente especulativos), u otros valores diseñados por la ingeniería financiera, que generan lucro con su compra y venta descontrolada y el cambio irracional de sus cotizaciones; y tercero, el fraude fiscal, que adelgaza peligrosamente los recursos públicos indispensables para emprender los gastos y las inversiones que nos son urgentes, cuando no los sitúa directamente en guaridas fiscales.

En contrapartida, deberíamos perseguir con ahínco el crecimiento y desarrollo de las políticas que promueven: (primero), la participación y la movilización social frente a la injusticia y la desigualdad, y que luchan contra las actuaciones políticas, públicas y privadas, que contribuyen, por acción u omisión, al cambio y deterioro de nuestro microclima, a la degradación de la vida y al saqueo del territorio madrileño, todo ello a la vez que se impulsan, desde nuestro territorio madrileño, políticas y legislaciones garantistas de derechos (como la Renta Básica, el Derecho Humano al Agua, o el acceso a una vivienda digna); (segundo), la intervención de las entidades financieras que se beneficiaron del rescate bancario y aglutinan activos inmobiliarios; de lucha contra la corrupción mediante la transparencia, la publicidad y la auditoría eficaces del sector público, y la actuación contundente de la fiscalía anticorrupción; de suspensión de los pactos de crecimiento que encorsetan y estrangulan nuestra economía; de regulación de las operaciones y las oscilaciones bursátiles; de prohibición de la especulación con alimentos y bienes básicos en los mercados de futuros; (tercero) de inversión y suficiencia financiera, calidad, equidad, accesibilidad, universalidad, información y transparencia de los servicios públicos (sanidad, agua, la educación, servicios sociales, por mencionar sólo los esenciales); (cuarto) de reparto del ocio; de reparto y protección del trabajo de cuidados; y de fomento y facilitación de la solidaridad entre pueblos y entre generaciones.

Es en este proyecto, factible e ilusionante, donde podríamos situarnos en los próximos y decisivos días.

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Liliana Pineda es coordinadora de ATTAC-Madrid

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2 Comentarios
  • Kurro hilo Kurro hilo 29/03/20 23:13

    Y quien le pone el cascabel al gato?
    Los avaros de la humanidad que son los que financian a sus políticos y jueces.(el gato)
     La avaricia es el cancer de nuestra podrida sociedad del bienestar.

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    • Ambon Ambon 30/03/20 10:20

      Todos juntos es la única manera de colocar ese cascabel, no puede comernos a todos a la vez y lo sabe, por eso lleva décadas convenciéndonos de las ventajas del individualismo, para que no actuemos unidos.

      Como decía el poeta "así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada"

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