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Memoria histórica

Víctimas de Franco viajarán 10.000 kilómetros para declarar contra la dictadura

  • Las presiones del Gobierno español impidieron que los represaliados declararan por videoconferencia
  • La coordinadora en apoyo de la causa que se sigue en Argentina quiere forzar al Ejecutivo de Rajoy a cumplir sus acuerdos con aquel país 

Publicada 28/11/2013 a las 06:00 Actualizada 27/11/2013 a las 22:42    
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Merçona Puig Antich, hermana de uno de los últimos asesinados por garrote vil durante el franquismo.

Merçona Puig Antich, hermana de uno de los últimos asesinados por garrote vil durante el franquismo.

EUROPA PRESS
Las víctimas de Franco no se dan por vencidas y recorrerán a partir de este jueves 10.000 kilómetros para declarar en Buenos Aires. Allí, la jueza María Servini, amparada en el principio de jurisdicción universal, investiga la represión de la dictadura. Y aunque las presiones del Gobierno español impidieron en mayo que las víctimas declarasen por videoconferencia, nada ha podido frenar esta vía alternativa para prestar testimonio en el proceso.

Aproximadamente una treintena de viajeros saldrán este jueves a las 21.00 horas del aeropuerto de Barajas. "La representación abarca todos los ámbitos de la represión franquista: familiares de desaparecidos, representantes de los últimos presos del franquismo, miembros de colectivos de familias con bebés robados, otros de los campos de trabajo esclavo de la dictadura...", ha explicado en declaraciones a infoLibre Bonifacio Sánchez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Unz vez en su destino, habrá un turno de comparecencia diario ante la magistrada entre el 2 y el 7 de diciembre. Entre quienes declararán están la hermana del joven Salvador Puig Antich, familiares de algunos de los últimos fusilados por la dictadura en 1975 y también de los cinco trabajadores asesinados en 1976 en la catedral de Vitoria-Gasteiz.

Juntos, pedirán entre otras medidas la imputación de tres exministros de la dictadura: Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González y José Utrera Molina, a quien Sánchez ha identificado como "suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón". La delegación estará acompañada por una representación del Parlamento Vasco, integrada por diputados de PNV, PSE-EE y EH Bildu.

Presionar al Gobierno

En palabras de Sánchez, el objetivo final es presionar al Gobierno español para que comience a atender los requerimientos de la Justicia argentina, como la petición de extradición de cuatro ex altos cargos policiales. Y es que, aunque el Ejecutivo prometió no impedir los avances de la jueza Servini, miembros de la Coordinadora consideran que no ha cumplido su palabra.

Especialmente críticos son desde CEAQUA con las presiones del Gobierno para impedir que las víctimas declarasen vía videoconferencia en la Embajada argentina. "La propia jueza nos comentó que el embajador argentino en España pidió no seguir adelante y, en particular, que insistió en que no tenía sentido prestar la sede diplomática", ha dicho Sánchez.

"Además –ha añadido el representante de la plataforma–, hubo una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores al Gobierno argentino pidiendo parar el proceso". En respuesta a esas presiones, las víctimas valoran muy positivamente que "la jueza no se amilane y que siga adelante". En la actualidad, aseguran, los consulados argentinos en España tienen oficinas especiales para denunciar casos de represión durante el franquismo.

La delegación española también ha concertado una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel y con el coordinador de la univerdad especializada en casas de niños robados, Pablo Parenti.


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