El Gobierno pone el foco en la "división" de los soberanistas para debilitar el 'procés'

"Si no tienen consenso entre ellos mismos, que dejen de dividir a la sociedad de Cataluña". Esta frase, pronunciada este miércoles por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resume la esencia del mensaje en el que va a insistir el Gobierno en las próximas semanas como argumento para debilitar el proceso que la Generalitat quiere culminar con un referéndum el próximo 1 de octubre.

Las palabras de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno, la persona a la que el jefe de Ejecutivo ha encargado las relaciones institucionales con Cataluña, se entienden en el contexto de las informaciones que apuntan a las discrepancias en el seno del Govern, como la que desvela que Oriol Junqueras ha rechazado de momento la labor de coordinar el referéndum. Una tarea que le quería encomendar el president, Carles Puigdemont.

"No tengo ninguna vocación de ser 'santo proceso", llegó a responder con ironía el propio Junqueras preguntado en el Parlament sobre la información adelantada por el diario El PaísEl País.

A ojos de Santamaría, episodios como los que están saliendo a la luz son una muestra de que el Gobierno de Cataluña empieza a dudar, a "no estar convencido" con el referéndum "ilegal" y "divisivo". "Están quedando al descubierto muchas lagunas", valora un miembro de la dirección nacional del PP en conversación con infoLibre.

En Moncloa también recuerdan que la semana pasada, el presidente de la Generalitat cesó al conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, por dudar de que el 1 de octubre se pudiese celebrar un referéndum. Y la inquietud entre los funcionarios. "Que nadie tema nada. No va haber referéndum y se va respetar la ley", sostiene una de las fuentes consultadas.

"Esto no da más de sí"

Para Santamaría, cuando uno se embarca en un proceso "absolutamente ilegal acaba dividiéndose uno mismo". "Esto no da más de sí y el empecinamiento en mantener esta situación va a hacer mucho daño, empezando por el Gobierno de la Generalitat. Si el Gobierno de la Generalitat quiere acabar como está acabando, es su problema, pero los catalanes merecen tranquilidad y sosiego, y si no tienen consenso entre ellos, que dejen de dividir a la sociedad de Cataluña", subrayó.

"Si ellos mismos, dentro, empiezan a no estar convencidos de ese referéndum, lo mejor que podían hacer es reflexionar, darían mucha tranquilidad a la sociedad en Cataluña y nos permitiría trabajar en otros ámbitos", sostuvo la número dos del Gobierno.

Con el PSOE a punto de presentar un paquete de iniciativas como respuesta política a la situación en Cataluña, el Gobierno no quiere aparecer ante los ciudadanos como inactivo o sin mensaje. Y en los últimos días, a raíz de la presentación de la ley de referéndum, se han intensificado las declaraciones públicas de sus miembros.

El Gobierno "sabe" lo que tiene que hacer

En este contexto, también este miércoles, Mariano Rajoy pidió a los ciudadanos que estén "tranquilos" porque su Ejecutivo "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ante el referéndum.

Los conservadores están convencidos de que el bloque independentista busca una reacción "fuerte" del Gobierno para alimentar su "victimismo". Al respecto, Rajoy subrayó que no dará réplica a "esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos".

"Las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno de España, que puedo asegurar que está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum ni va a permitir que se celebre porque es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", dijo.

"Todo estudiado"

En todo caso, el presidente del Gobierno no respondió a la pregunta directa de qué hará el Ejecutivo para evitar el referéndum. En Moncloa, según dijo Santamaría la semana pasada, están preparados para responder a cualquier paso de la Generalitat en 24 horas. "Está todo estudiado. Tenemos respuestas para todos los escenarios pero no vamos a adelantar nada, sobre todo porque hasta la fecha los únicos pasos que ha dado la Generalitat han sido anuncios. No vamos a precipitarnos porque es lo que quieren", señala un dirigente conservador.

En el Gobierno y en el PP creen que, a medida que se se vaya acercando la fecha del anunciado referéndum, se incrementarán las presiones desde determinados sectores políticos, sociales y mediáticos para que se anuncien medidas concretas como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", refleja el citado artículo.

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A día de hoy, las fuentes consultadas se pronuncian son extrema prudencia sobre la aplicación del 155 y aseguran que no es la primera opción del Ejecutivo. Al respecto, señalan que no tiene por qué suspenderse la autonomía de forma global, es decir, una intervención total, y consideran otras herramientas más probables: la actuación del Tribunal Constitucional y la Ley de Seguridad Nacional.

La aplicación del 155 requiere más tiempo que las 24 horas de las que habló Santamaría el martes. El artículo 189 del Reglamento del Senado marca el proceso: el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara una escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta.

Cumplido este trámite la Mesa del Senado "remitirá dicho escrito y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión". A partir de ahí, el presidente del Senado, dará un plazo al presidente autonómico para formular alegaciones. Es la Comisión la que decide si procede elevar a Pleno la propuesta del Gobierno, que para salir adelante necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores. El Partido Popular sí tiene mayoría absoluta en el Senado.