La Generalitat prevé usar locales propios el 1-O para sortear la resistencia de los ayuntamientos

La Generalitat de Cataluña busca planes B para que el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre no se vea frustrado por las dudas o el rechazo que han expresado algunos de los principales ayuntamientos catalanes sobre el mismo. Y, por ello, el Gobierno encabezado por Carles Puigdemont se encuentra negociando con varios consistorios para que no obstaculicen la colocación de urnas en locales gestionados por la propia Generalitat, entre los que se cuentan institutos o centros cívicos, si finalmente las corporaciones se niegan a ceder los colegios para servir de centros de votación.

Desde que Puigdemont y su gabinete convocaron oficialmente el referéndum la semana pasada, los preparativos se han puesto en marcha para tratar de que la consulta sea un éxito y los ciudadanos puedan votar como lo hacen habitualmente, un objetivo que los dirigentes independentistas persiguen para afianzar la legitimidad de la consulta frente a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Por ello, a las pocas horas de firmar el decreto de convocatoria, Puigdemont y el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, enviaron una carta a los 948 ayuntamientos catalanes pidiéndoles poner "a disposición de la administración electoral del Gobierno de la Generalitat los locales de su titularidad que se utilicen habitualmente como centros de votación".

Según cifras facilitadas por la Asociación de Municipios por la Independencia, son un total de 712 los consistorios que ya han manifestado su intención de abrir sus colegios para que los ciudadanos voten el 1 de octubre. Pero entre los que no se han pronunciado o ya han descartado colaborar figuran varias de las ciudades más importantes de Cataluña. En esa situación se encuentra la propia capital, Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, pidió por escrito a Puigdemont hace unos días garantizar la seguridad de los funcionarios para ceder locales, y también la segunda ciudad más grande de la comunidad, L'Hospitalet, cuya regidora, Núria Marín, ha pedido al president que deje "a los alcaldes tranquilos".

De hecho, de las cinco ciudades más pobladas de Cataluña –Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Terrassa y Sabadell, por este orden–, sólo Badalona y Sabadell han confirmado a la Generalitat que abrirán los colegios el 1 de octubre. Pero el teniente de alcalde de la Ciudad Condal, Gerardo Pisarello, apuntó este martes que es necesario "estudiar todas las vías para proteger la seguridad de los trabajadores pero también garantizar que la gente puede votar". Y eso pasa por que la Generalitat habilite sus propios locales en los municipios –desde institutos hasta centros cívicos o instalaciones deportivas– para colocar las urnas.

La Generalitat afirma que cuenta con edificios suficientes

Pisarello aseguró que Barcelona tiene "plena disponibilidad a explorar todas las fórmulas para que haya la máxima cantidad de espacios" para votar, y para eso mantiene contactos tanto con el Gobierno autonómico como con otros consistorios para compartir estrategias. En este sentido, el teniente de alcalde de la Ciudad Condal se atrevió a ofrecer una cifra y aseguró que "el 70% de los locales" de Barcelona los gestiona la Generalitat, por lo que podrían colocarse allí las urnas sin comprometer jurídicamente al consistorio.

Fuentes de la Generalitat lo confirman y aseguran que "no será un problema" encontrar locales para el referéndum. "Hay un número muy elevado de edificios gestionados por la Generalitat, más de 2.000 en Cataluña, sin contar los centros de salud", señalan estas fuentes, que no ofrecen una cifra más concreta pero explican que se escogerían edificios próximos a los colegios electorales que quedaran sin abrir. El dato, en cualquier caso, es significativo, ya que en las pasadas elecciones generales del 26 de junio abrieron un total de 2.704 colegios electorales en Cataluña, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, otros ayuntamientos ya han anunciado que optarán por esta vía y facilitarán la celebración del referéndum sin tener que ceder los colegios de propiedad municipal. Es el caso de Terrassa, cuyo alcalde, el socialista Jordi Ballart, ha pactado con la Generalitat que los lugares de votación en su localidad sean de titularidad autonómica "y de otros". Esos centros, señaló Ballart en una publicación en Facebook, "garantizan el voto en condiciones equivalentes en cuanto a cantidad y desplazamiento a cualquier convocatoria electoral".

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Y es que el PSC controla en torno a 120 alcaldías en toda Cataluña, por lo que la decisión que tomen sus regidores es importante a la hora de facilitar el referéndum del 1-O. La dirección del partido, comandada por el primer secretario Miquel Iceta, ha dado orden de no apoyar la consulta, si bien regidores como Ballart han acordado con la Generalitat que sean los locales autonómicos los que sirvan como centros de votación el 1-O, con lo que no comprometen a sus consistorios pero, a la vez, no obstaculizan el referéndum. La misma actitud ha adoptado el primer edil de Granollers, Josep Mayoral, que anunció este domingo haber pactado con el Gobierno autonómico que se abran edificios "mayoritariamente vinculados" a la Generalitat para celebrar la consulta.

A este respecto, otros primeros ediles han denunciado que la Generalitat trata de quitarse presión de encima pasándosela a los ayuntamientos cuando les exige ceder locales para el referéndum. Es el caso del alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, que recordó que la administración autonómica "tiene más de 50 colegios de su propiedad" en la ciudad y denunció que "ese pase de pelota que nos ha puesto en el tejado de los alcaldes no tocaba".

Por el contrario, alcaldes socialistas de municipios importantes se han mostrado mucho menos proclives a negociar con la Generalitat, aunque eso no implique ceder locales municipales. Es el caso de Lleida, donde el regidor Àngel Ros ha rechazado abrir los colegios argumentando que "legalidad solo hay una" y ha asegurado que "el referéndum es una estrategia equivocada para resolver la crisis institucional". "Las leyes del referéndum y la convocatoria van en contra de algunos artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", zanjó Ros.