Las ONG critican el "uso indiscriminado de la violencia"

La condena a la actuación policial articulada este domingo en Cataluña por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido prácticamente unánime. Sociedad civil, Govern y oposición en el Congreso se han apresurado a expresar su rechazo ante la respuesta policial contra los ciudadanos que habían salido a las calles para participar en el referéndum. En este balance de los hechos, ¿qué tienen que decir las ONG en defensa de los derechos humanos?

Human Rights Watch (HRW) ha llamado a las autoridades españolas a que respeten "la libertad de expresión, el derecho a reunirse pacíficamente" y ha pedido que la Policía no incurra en el uso "excesivo de la fuerza". También Oxfam Intermón ha condenado públicamente "el uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales" ante lo que califica como una "movilización pacífica por parte de la ciudadanía catalana". Lo vivido el domingo en Cataluña, añade, "supone una grave vulneración de derechos fundamentales".

Precisamente esa vulneración había sido ya prevista por las ONG durante los actos de campaña al referéndum. "Como anticipábamos en la posición expresada hace una semana, el cierre de espacios y vías de negociación sólo conduce a que la tensión se agrave suponiendo riesgos de escalada en la agresividad y la violencia", subraya Oxfam, y en los mismos términos se expresa Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional, en conversación con infoLibre. Se ha constatado "la vulneración de otros derechos como el de expresión al prohibir actos sobre el referéndum" en las semanas previas, explica la activista.

Contra la legislación internacional

Las ONG que han censurado la actuación policial ejercida el pasado domingo acuden a la legislación internacional para respaldar sus críticas. "Dentro del derecho internacional se reconoce que los Estados, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tienen el monopolio del uso de la fuerza", explica Virginia Álvarez. No obstante, ésta debe ser empleada "adecuadamente", y siempre que se haga uso de la misma se "tienen que rendir cuentas".

Los activistas de Amnistía Internacional, que estuvieron presentes en Cataluña a través de un grupo de cinco personas, denuncian la vulneración del derecho internacional en la medida en que establece que "las personas que se manifiestan de manera pacífica no deben ser agredidas". Lo mismo se aplica, continúa Álvarez, en el caso de aquellos "que impiden el cumplimiento de un mandato policial" a través de la "resistencia pacífica".

Algunas personas allí presentes, pese a "no suponer una amenaza", han sido "golpeadas, empujadas o incluso agredidas con material antidisturbios". En este último punto se detiene Amnistía Internacional para denunciar el uso de pelotas de goma por parte de los agentes. "Tiene que haber un control de este material, sobre todo respecto al uso de las pelotas de goma por la peligrosidad que suponen", relata Virginia Álvarez, quien cuenta que "una de las ocasiones en las que hubo una carga contra los manifestantes que bloqueaban el paso de los furgones, en el momento en que la multitud se fue dispersando vimos cómo se dispararon pelotas de goma". En este escenario "no había ninguna amenaza directa", de modo que las pelotas "se disparan al azar", critica la activista. El problema de disparar al azar, señala la organización, es que las pelotas "pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo", zona donde, según "los estudios médicos", existe "un mayor riesgo de muerte o lesiones graves".

Patricia Goicoechea, abogada y directora adjunta de Rights International Spain (RIS), insiste en que "el uso de la fuerza ha de estar siempre justificado y darse sólo en supuestos imprescindibles". RIS ha suscrito un comunicado junto a la organización internacional Civil Liberties Union for Europe, de la que forma parte, apelando al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Goicoechea subraya que "la justificación y la proporcionalidad" en cuanto al uso de la fuerza "se valoran respecto a las circunstancias que se dan en el momento". En este sentido, "tendría que darse una situación de peligro real e inminente para considerar que el uso de la fuerza está justificado". En base a este precepto, y en el caso de una concentración de personas como la registrada en Cataluña, "el uso de la fuerza únicamente estaría justificado si esas personas o algunas de ellas están en ese momento cometiendo comportamientos agresivos que pongan en peligro la integridad de otras personas o bienes".

En todo caso, añade la abogada, "la fuerza ejercida por los agentes ha de ser proporcionada a la agresión que esté teniendo lugar", pero en este escenario "el uso de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente y sin agresiones previas no estaría justificado y se consideraría ilegal".

Investigación "exhaustiva, inmediata e imparcial"

La reacción de las organizaciones no gubernamentales no se ciñe únicamente a la crítica explícita, sino que también exige respuestas. Oxfam Intermón ha demandado la apertura del "diálogo y la negociación entre las partes", con el fin de encontrar "soluciones políticas y democráticas" al conflicto. Paralelamente, tanto Amnistía Internacional como Rights International Spain han coincidido en ir un paso más allá y solicitar una investigación independiente capaz de evaluar los hechos y reparar a las víctimas.

"Lo que nosotros reclamamos es que se tienen que investigar las actuaciones policiales del domingo en Cataluña, investigar las circunstancias en las que se dieron y el uso de la fuerza", explica Goicoechea. En todo caso, matiza, la posibilidad de iniciar dicha investigación no significa que no pueda abrirse la vía judicial: "Quien haya sido herido debe denunciar para que se investigue".

La investigación que reclaman las organizaciones, no obstante, parece de difícil articulación: "El problema de España es que partimos con un déficit de inicio". Toma la palabra Cristina de la Serna, abogada y consultora especializada en protección de derechos humanos, miembro también de RIS. No existe, explica, "ningún mecanismo de supervisión de las actuaciones policiales en ningún cuerpo, es una deuda histórica con los estándares internacionales", que han instado a España en diversas ocasiones a la adopción de dichas medidas, tanto "desde el Consejo de Europa como por parte de la ONU". Por tanto, se desconoce "qué mecanismos o herramientas pueden emplear internamente para investigar de forma independiente, oportuna y eficaz todos los posibles casos de violencia". Por este motivo, reitera, la alternativa realmente viable consiste en "ir a los tribunales, los únicos capaces de realizar esa labor de investigación, con el liderazgo de la Fiscalía", aunque "no será todo los efectiva y pronta que podría ser".

Virginia Álvarez también incide en que Amnistía Internacional "lleva mucho tiempo pidiendo en Cataluña, País Vasco y a nivel estatal –los tres territorios que cuentan con cuerpos policiales que se encargan de temas de seguridad pública– mecanismos de rendición de cuentas". Explica, Álvarez, que existen "modelos en diferentes países" en los que España podría basarse. "Hay casos en los que estas investigaciones cuelgan del ministerio y otros del parlamento, lo importante es que tenga la suficiente apariencia de imparcialidad para que se tomen testimonios, se vea lo que ha ocurrido, se estudien los datos y se pongan a disposición de la justicia".

"Seguimos sin aprender la lección"

Lo ocurrido este domingo en Cataluña, si bien eclipsa por su magnitud los episodios de violencia policial documentados por las ONG en años anteriores, no resulta un incidente aislado en el país. La actuación policial durante el 1-O "indica que después de los gravísimos sucesos con el 15-M hemos aprendido pocas lecciones", subraya Virginia Álvarez. "Toda la represión en las manifestaciones pacíficas" organizadas por el movimiento que nació en 2011, añade, no ha derivado en la "depuración de responsabilidades, y seguimos sin aprender la lección".

En el año 2014 Amnistía Internacional publicó su informe España: el derecho a protestar amenazado, en el que analizaba, entre otras cuestiones, el "uso de la fuerza durante las actuaciones policiales en las manifestaciones". Desde el 2011, Amnistía Internacional lleva denunciando la existencia de tres áreas específicas de preocupación respecto a la actuación policial, y que abarcan el "uso excesivo e indiferenciado de la fuerza y uso indebido de material antidisturbios para hacer frente a manifestantes; el uso excesivo de la fuerza al detener a manifestantes; y finalmente los malos tratos a detenidos puestos bajo custodia policial".