El futuro de Cataluña

Amnistía Internacional reclama la libertad de Sánchez y Cuixart

Concentración este martes en Barcelona que pedía la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades españolas poner fin a la prisión provisional impuesta a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tras la acusación de ambos de un delito de sedición en relación a las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Según la organización, los cargos impuestos por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela son "excesivos" y constituyen, además, "restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica". 

Según la jueza, ambos líderes son los "principales promotores y directores" de las manifestaciones organizadas el pasado día 20 y la madrugada del día siguiente para protestar por las detenciones de 14 altos cargos de la Generalitat en las operaciones llevadas a cabo para impedir el referéndum del pasado 1 de octubre. Para Lamela, estas acciones suponen una "resistencia" orientada a "impedir la aplicación de la ley". Sin embargo, Amnistía Internacional considera que este tipo de movilizaciones pueden ser perseguidas por considerarse una "alteración del orden público", pero en ningún caso considerarse un delito de sedición. 

"El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente", explica el comunicado. En este sentido, el director para Europa de la ONG, John Dalhuisen, manifestó que "las autoridades deben proteger el derecho de los particulares a expresar su oposición al fallo del TC y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum". 

De acuerdo al derecho internacional, prosigue la organización, los estados tienen reconocido su derecho de restringir la libertad de expresión "para desempeñar su función protectora" pero, no obstante, este instrumento debe ser "el menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado". "Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión" como, a su juicio, ha ocurrido con los dos líderes. 

Por otro lado, Amnistía destaca que los mensajes publicados por Sánchez y Cuixart en las redes sociales en los que animaban a los ciudadanos a concentrarse delante de los edificios oficiales para protestar contra la operación policial eran pacíficos y no alentaban a los manifestantes a utilizar la violencia. Por ello, "los actos esporádicos de violencia, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos", que solo actuaron como meros organizadores de los actos. 

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"Uso excesivo de la fuerza"

No es la primera vez que la organización se pronuncia sobre la situación en Cataluña. El pasado 2 de octubre, 24 horas después del referéndum, Amnistía Internacional envió un comunicado en el que condenaba el "uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña" durante la jornada de votación. “Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios, y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, afirmó entonces Dalhuisen. 

En este sentido, la ONG solicitaba que se abriera "con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades" para, en el caso de que se concluya que hubo algún tipo de abuso policial, se tomen medidas inmediatas contra los responsables. 

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