El futuro de Cataluña

Sánchez cierra filas con la intervención de la autonomía de Cataluña aprobada por Rajoy

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Murcia.

"Breve y limitada". Así definió este jueves el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como quería su partido que fuese la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los contactos entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se habían intensificado en los últimos días y la responsable de Igualdad socialista, Carmen Calvo, estaba reunida con la vicepresidenta del Gobierno para cerrar los flecos del documento que detallaría las medidas de aplicación del 155. Este sábado, tras conocer el alcance de las medidas aprobadas por el Gobierno con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, los adjetivos empleados por Ábalos difícilmente se sostienen. "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", justifican fuentes de la dirección de Sánchez, mientras el Gobierno presume de la "unidad" del bautizado como "bloque constitucionalista".La primera factura

del cierre de filas con el Gobierno la pagó Pedro Sánchez en forma de dimisión en su propia Ejecutiva: la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, presentó este mismo sábado su renuncia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció este sábado en una breve rueda de prensa para anunciar que había optado por un 155 duro. La base de la iniciativa que tendrá que aprobar el Senado el próximo viernes implica el cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consellers. En lo legislativo, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, no puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat. Tampoco pueden celebrarse debates de investidura y las iniciativas que quieran aprobarse deberán contar con el visto bueno del Gobierno central, que se encargará de comprobar que no violan ni la Constitución ni el Estatut. Estas medidas, y otras como el control de los medios de comunicación públicos o de los Mossos d'Esquadra por parte del Ministerio del Interior, tienen la finalidad de que en un periodo de "seis meses" el Gobierno pueda convocar elecciones autonómicas.

En palabras de Ábalos, "se preservan las instituciones de autogobierno". Y lo explicó así: "La mayor expresión es la vigencia del Parlament, que sigue estando". En línea con la decisión del Gobierno, el número tres del PSOE la calificó de "excepcional" para "proceder al ejercicio democrático que son las elecciones". En declaraciones a RNE y Cadena Cope recogidas por Europa Press defendió que "quien se salta la legalidad es, en todo caso, quien golpea la propia legalidad, nunca es al revés". Y advirtió a Puigdemont de que el 155 será "reversible o no en función de la voluntad" del president de convocar elecciones. Se trata de un extremo, este último, que el Gobierno no quiso valorar apuntando a que cualquier decisión queda ahora en manos de la Cámara alta. "El artículo 155 solo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba", había dicho poco antes el jefe del Ejecutivo.

También el líder de los socialistas quiso hacer público su respaldo al Gobierno en esta actuación. Consciente de que las críticas desde las formaciones de izquierdas le iban a llover, Pedro Sánchez se anticipó: "El PP y el PSOE tienen profundas discrepancias sobre lo que representa España: para el PP España es la nación en la que vivimos y para el PSOE es la nación en la que queremos vivir". En la apertura del Congreso del PSOE murciano, el líder de la oposición recalcó que "discrepancias" con el PP "sobre lo que es España y debe ser va a haber muchas". "Pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna. Y eso sería bueno que lo comprendiera también esa izquierda", añadió en referencia inequívoca a Podemos, que votó en contra de su investidura y dejó a Mariano Rajoy "al frente del Gobierno".

Frente a ese izquierda, Sánchez ubicó a "la izquierda de gobierno" que existe para "defender" a los trabajadores que están viendo como sus empresas "se fugan de Cataluña".

La "oposición frontal" de alcaldes del PSC

Pero el PSOE no tiene sólo como problema a las formaciones de izquierda con las que pelea por el espacio electoral. Su problema interno se llama PSC. Y este sábado en las filas socialistas cundía la preocupación sobre cómo se digerirá este 155 nada limitado en la formación liderada por Miquel Iceta. Las primeras reacciones no auguran un desenlace sencillo. Y es que, mientras que el partido, a nivel oficial, evitaba criticar las medidas pactadas entre Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, varios alcaldes relevantesreclamaron a su partido que se "oponga frontalmente" a las medidas aprobadas por Rajoy con el respaldo de Sánchez. Unas medidas frente a las que mostraron su "radical desacuerdo y rechazo".

Así, los alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers y Castellar del Vallès se desmarcaron totalmente del cierre de filas de la dirección federal hasta el punto de considerar que hay que dar marcha atrás, retirar la aplicación del 155 y abogar por una reforma constitucional "con la participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados" y por un nuevo Estatut "que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana".

Una de las firmantes de esta carta, Núria Parlon, presentó este mismo sábado su dimisión de la comisión ejecutiva federal. "Dada la situación actual de máxima tensión en Cataluña respetamos la decisión de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet de no formar parte de la dirección de la CEF", reaccionó Ferraz.

La voz oficial del partido la puso Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, con una declaración de siete puntos que concluye indicando que los socialistas catalanes habían trasladado al PSOE que "hay que restablecer la legalidad y el marco del estado de derecho en Cataluña y que conviene convocar elecciones en Cataluña lo más pronto posible".

El resto del mensaje estuvo destinado a señalar que desde el PSC ya habían advertido de los "riesgos" de poner a las instituciones de Cataluña fuera de la ley y del "choque de trenes". En la línea del discurso de Sánchez, pero también del de Rajoy, Illa sostuvo que "hoy vemos como Puigdemont y Junqueras están deteriorando la economía y poniendo en riesgo lugares de trabajo y la convivencia entre catalanes y catalanas por haber puesto a las instituciones fuera de la ley".

Además, emplazaron al president a escoger entre dos caminos: la convocatoria de elecciones o aprovechar la tramitación del 155 en el Senado para "comparecer y ofrecer, sin condiciones previas" un diálogo que pueda conducir al establecimiento de un pacto de Estado por Cataluña.

En el comunicado del PSC no hay ninguna crítica a las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy.

Carta a la militancia

Conscientes de este malestar, y ante el temor de que se traslada a otras federaciones, desde Ferraz se remitió una carta a los militantes con una justificación de las medidas. "Frente a este desafío, el PSOE considera que el Estado social y democrático de Derecho está legitimado para reaccionar con los instrumentos que la Constitución le otorga, incluido el artículo 155 de la Constitución Española", puede leerse en el documento al que tuvo acceso infoLibre. "La ciudadanía espera de los responsables políticos actitudes y mensajes de tranquilidad, y no de incertidumbre y desasosiego. Debemos poner fin a esta agonía" añade antes de precisar cuál debe ser el objeto del 155 a juicio del PSOE

Así, subrayan que "el objetivo debe estar limitado" a "recuperar la normalidad lo antes posible", "evitar las tremendas consecuencias económicas y sociales para el bienestar y el futuro de los catalanes" y "recuperar el autogobierno de Cataluña y la normalidad estatutaria convocando elecciones". "Todo ello en un espacio de tiempo lo más breve posible", añaden.

En todo este proceso, Rajoy no ha querido ir solo. Pese a que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la mayoría absoluta que requiere la aprobación del 155, antes de llevar al Consejo de Ministros las medidas las cerró en varias reuniones con Pedro Sánchez y Albert RiveraAlbert Rivera. A tenor de las reacciones a las medidas aprobadas por parte del resto del arco parlamentario, estos serán sus apoyos. "El Gobierno actúa con prudencia y firmeza, desde la legalidad constitucional y con el apoyo del 75% del Parlamento español", defendió Martínez-Maillo en rueda de prensa.

¿Adiós a la legislatura?

El Gobierno dejó pasar hacer unas semanas el plazo legal para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ante la negativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a sentarse a hablar a la espera de cómo se resolvía la crisis con Cataluña. Una respuesta dura, advertían los nacionalistas, podía provocar la retirada del apoyo que sí dieron al PP en las cuentas del ejercicio en vigor.

Si del PNV dependía que Rajoy agotase legislatura, a día de hoy el jefe del Ejecutivo lo tiene muy cuesta arriba. El PSOE le ha apoyado en esto del 155, pero es impensable que la sintonía vaya más allá cuando todavía no se puede medir los efectos que está decisión va a tener puertas adentro de las filas socialistas.

Así, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, manifestó que la "interpretación" tan "laxa y abusiva" del artículo 155 de la Constitución realizada por el Ejecutivo central es un "peligroso precedente". En su cuenta personal de Twitter, Esteban se preguntó: "¿Cómo puede decir Rajoy que no se suspende la autonomía si van a dirigirla directamente desde el Gobierno de Madrid?".

"¿De dónde se inventan la capacidad de veto al Parlament?", se cuestionó también. "La legalidad chicle al servicio del poder. Lo mismo de que acusan al Govern", criticó. A su juicio, el artículo 155 de la Carta Magna "no vale para lo que Moncloa ha decidido", e incidió en que "esa interpretación tan laxa y abusiva supone un peligroso precedente".

Mientras, desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, expresó mediante un tuit que la aplicación del 155 "no muestra autoridad", sino que revela "su incapacidad" en la búsqueda de soluciones, alejando más a Cataluña de España.

"El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Catalunya de España", haciendo referencia tanto al Gobierno como a los partidos que han apoyado la aplicación del 155.

Poco antes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, había acusado a Mariano Rajoy, de "suspender la democracia", no sólo en Cataluña sino también en España, y de "romper los consensos de los pactos del 78 de convivencia territorial", informa Europa Press.

Mientras, Compromís anunció que votará en el Senado en contra del 155 porque lo ve como "un golpe de efecto" del Gobierno y "una huida hacia adelante que, en lugar de aplacar el conflicto, lo reavivará todavía más hasta que la situación sea cada vez más insoportable". Así lo advirtió en un comunicado el senador Carles Mulet.

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El apoyo de Rivera

En este camino que Rajoy ha recorrido hacia el 155 ha contado con el apoyo de su socio de investidura: "Hay que aplicar la Constitución para cambiar al gobierno en Cataluña, restituir la democracia y el Estatut y devolver la voz a los catalanes". Así reaccionó el presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. A su juicio, la Carta Magna "no es un menú a la carta" y destacó que aplicarla "es una obligación del Gobierno de España para defender a todos los ciudadanos frente a un gobierno en rebeldía que se quiere saltar las leyes".

La principal discrepancia entre PP y C's es sobre el momento para la celebración de elecciones. Ciudadanos quiere que se convoquen de forma inmediata. Y el PP considera que es necesario que baje la tensión, por lo que apuntan a que un periodo razonable serían seis meses, el periodo tope que se marca el Gobierno.

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