El Gobierno apuesta por aprobar el 155 en el Senado y "graduar" luego la aplicación de las medidas

El Gobierno sigue sin mover un ápice su hoja de ruta para responder al "desafío soberanista" de la Generalitat. Es más, las fuentes consultadas por infoLibre consideran que la estrategia de Mariano Rajoy quedó reforzada este jueves después del "espectáculo" dado por Carles Puigdemont y el Govern. En la Moncloa no tienen muchas esperanzas de que el president dé marcha atrás y convoque elecciones antes del que el Pleno del Senado apruebe este viernes la aplicación del 155 de la Constitución. En todo caso, no habría reconsideración hasta garantizarse que esos comicios se celebrarían bajo el paraguas de la ley y que el propio Puigdemont "vuelve a la legalidad". 

Así, el acuerdo del Consejo de Ministros para trasladar al Pleno del Senado la autorización a aplicar el 155 sigue su curso con mínimas modificaciones. Y está previsto que reciba luz verde en la sesión plenaria convocada en la Cámara alta para este viernes. Otra cosa es que la suspensión de la autonomía de Cataluña vaya a ser inmediata, aunque este era el escenario con más posibilidades el jueves por la noche. Una muestra de ello es que desde el Gobierno se abogaba por dar un no definitivo a la enmienda con la que los socialistas piden que el 155 no se aplique si se convocan elecciones conforme al ordenamiento constitucional. 

Para los conservadores, dar un sí a esta propuesta del PSOE sería "plegarse a los deseos" del president, es decir, darle garantías de una respuesta del Estado en forma de frenazo al 155 desconociendo hasta que punto da marcha atrás. En todo caso, la enmienda del principal partido de la oposición sí lo condiciona a una vuelta a la legalidad.

Las fuentes consultadas creen que, independientemente de la decisión última de Puigdemont, es necesario que el Senado deje la puerta abierta a que el Consejo de Ministros dé luz verde a la destitución del Govern.

En este sentido, el Senado aprobaría la aplicación del artículo y, en función de los acontecimientos y de la reacción de Puigdemont, un Consejo de Ministros apretaría de forma inmediata el botón nuclear que permitiría destituir al president y a su Govern o lo dejaría en stand by. Esta segunda posibilidad daría pie a una aplicación gradual.

Precisamente, esa, la de la aplicación gradual, es la única enmienda de los socialistas que fue incorporada a la ponencia por decisión del PP. 

El Gobierno no se fía de Puigdemont y no quiere cerrarse puertas. 

"Rescatar a Cataluña"

La encargada de fijar la posición del Ejecutivo fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ella acudió a defender en la Comisión del Senado el acuerdo del Consejo de Ministros que solicitaba autorización para aplicar el artículo 155. Lo hacía al mismo tiempo que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecía para descartar la convocatoria de autonómicas.

Santamaría hizo un recorrido de la relación de los últimos años entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Y dibujó un panorama según el cual el Ejecutivo siempre ha estado dispuesto a dialogar de todo menos de la independencia y al Govern sólo le ha interesado hablar de la independencia.

En este contexto, la número dos del Gobierno consideró que los independentistas "han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia" y que hay que tomar medidas para "rescatar" a esa Cataluña. "Cada uno tiene que asumir responsabilidades de sus decisiones", resumió.

Unas medidas, que como ha asegurado el Ejecutivo en los últimos días, se aplicarán de forma "proporcional" y gradual. Después, el texto de la ponencia se modificaba en ese sentido para dejar por escrito esta demanda del Partido Socialista.

Santamaría lamentó que mientras el Gobierno ha incrementado su presencia en Cataluña en los últimos años la respuesta de la Generalitat haya sido dar la espalda al Congreso y al Senado, negándose a acudir a la Conferencia de Presidentes y a explicar sus intenciones.

"El diálogo se conjuga en gerundio: hablando", dijo.

Intentando desmontar el discurso de los independentistas, Santamaría sostuvo que "en contra de sus promesas no han traído la tierra prometida". Así, subrayó que su mensaje no ha calado en las instituciones europeas y que sólo ha encontrado eco en los "radicales".

También recordó que los independentistas vendieron que no se iban a ir las empresas y los bancos, contrariamente a lo que ha sucedido.

A juicio de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno, no hay motivos para frenar el 155. "Desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", dijo.

Alegaciones

Horas antes, a las 10.03 del jueves según figura en el burofax, el president de la Generalitat hacía llegar al Senado un escrito con las alegaciones a la aplicación del 155 de la Constitución.

Puigdemont, que rechaza acudir a la Cámara baja para fijar su posición, designaba a Ferran Mascarell, “delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid” para que asuma su representación. Y acusaba al Gobierno de "sobrepasar ampliamente los límites del 155" con el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado pasado.

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Según señala, el artículo 155 "requiere para su aplicación la observancia de unas garantías formales y procedimentales, como es la formulación de un requerimiento previo y la aprobación por el Senado de las medidas a adoptar". "Pero el entendimiento conjunto de sus dos apartados indica que el Senado al autorizar la adopción de las medidas, no puede dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado, y que la ejecución de esas medidas sólo permite al Gobierno del Estado dar instrucciones a las autoridades autonómicas".

El president sostiene que el artículo 155 en su apartado 2 "reconduce" la ejecución de las medidas previstas en el primero "a que el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, lo que resulta incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden".

En este sentido, considera que este artículo constitucional "es un precepto previsto para situaciones extraordinarias, pero no una cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado". Y que, además de reconocer la unidad de España, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.