El equipo de Carmena admite que no había razones técnicas para el cese de la directiva que denunció en Anticorrupción el Open de Tenis

La guerra interna desatada en el gobierno local de Madrid después de que dos concejales y un alto cargo denunciasen en Anticorrupción el convenio del Open de Tenis acaba de registrar este martes un hito que implica una rectificación con carácter retroactivo. El equipo de Manuela Carmena ha alcanzado a última hora un acuerdo con Ana Varela, a quien firmar esa denuncia le costó ser destituida el 30 de marzo de 2017 como consejera delegada de la sociedad municipal Madrid Destino. En virtud de ese pacto, Madrid Destino reconoce que la destitución de Varela no implicó un cuestionamiento de su capacidad técnica o profesional y acepta indemnizarla por el daño que pudo infligirle la forma en que se anunció su cese y su ejecución.

Al suscribir el acuerdo, el consistorio se evita un juicio por despido nulo en el que tres personas de máxima confianza de Carmena se habrían visto obligados a explicar en calidad de testigos qué sabían sobre ese asunto. Los tres testimonios clave cuya comparecencia había reclamado Varela eran nada menos que el de la portavoz municipal, Rita Maestre; el del coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto; y el de la asesora Lourdes Menéndez. También estaba llamado a declarar el administrador de la empresa que explota el Open de Tenis, Madrid Trophy Promotion SL, Gerard Tsobanian. 

De haberse celebrado la vista, los tres responsables municipales habrían afrontado un interrogatorio centrado en una cuestión esencial: la de si los concejales Carlos Sánchez Mato, edil de Economía hasta diciembre, y Celia Mayer, que fue responsable de Cultura, o la propia Varela les habían transmitido sus dudas sobre la legalidad del convenio del Open antes de acudir a Anticorrupción.

Tras hacerse público el relevo de Varela, Rita Maestre enfatizó que Madrid Destino había buscado "un perfil técnico" de "experto gestor en empresas públicas".

En ese momento, no había trascendido aún que la denuncia en Anticorrupción se encontraba tras aquel cese. La denuncia recalcaba cómo la última versión del convenio con Madrid Trophy Promotion SL había disparado sin motivo aparente los ingresos públicos que el consistorio garantiza anualmente a esa empresa.  

Paraísos fiscales

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Pese a que durante años todas las informaciones han señalado al antiguo tenista rumano Ion Tiriac como dueño de esa compañía, infoLibre  que la estructura societaria de Madrid Trophy conduce a dos paraísos fiscales. Y eso imposibilita conocer su accionariado último de manera exhaustiva. Tras esa información, sustentada en documentos oficiales de carácter mercantil, el Ayuntamiento de Madrid anunció que investigaría por sus propios medios si realmente Madrid Trophy ha mantenido vínculos sucesivos con empresas de las Antillas Holandesas y Chipre. Y que en caso afirmativo se plantearía rescindir el contrato. Este martes y como viene sucediendo desde hace casi un año, un portavoz oficial de Madrid Destino aseguró que no había novedades al respecto. Es decir, que el consistorio no ha averiguado oficialmente aún si existen motivos para cancelar la relación con la empresa.

Los ediles Sánchez Mato y Mayer así como Varela interpusieron la denuncia en Anticorrupción después de solicitar por 50.000 euros en total dos dictámenes jurídicos a sendos bufetes externos por adjudicación directa. Argumentando que habían vulnerado la ley al pedir esos informes sin concurso público, el PP planteó una querella contra los tres responsables públicos, querella que continúa instruyéndose en un juzgado de Madrid. A raíz de esa querella trascendió que el gobierno de Ana Botella había gastado un millón en asesorías como las impugnadas en la querella contra Sánchez Mato, Mayer y Varela. 

Para el juicio por despido nulo suspendido a última hora tras el acuerdo con la demandante, Madrid Destino había contratado a la filial española de Arthur Andersen, según fuentes conocedoras del litigio, mientras que Varela eligió a Enrique Lillo, el abogado de CCOO que logró la sentencia que declaró nulo el despido colectivo de Coca-Cola.