La oposición critica la falta de presupuesto y calendario para el Pacto contra la Violencia de Género

Los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad en la que este miércoles compareció la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para informar de la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, criticaron que no se haya liberado aún el presupuesto previsto para 2018 y que no se haya fijado un calendario concreto de aplicación de las medidas anunciadas.

Monterrat compareció para dar cuenta, entre otros asuntos, del plan de ejecución del Pacto de Estado que entró en vigor el pasado 27 de diciembre y que concede seis meses al Gobierno para impulsar las reformas contempladas y tres meses para liberar los primeros 200 millones de euros de los 1.000 que contempla ejecutar al cabo de cinco años. La ministra ofreció una primera intervención de una hora y tres cuartos de duración, de la que más de la mitad del tiempo se destinó a hacer un repaso histórico de la lucha contra la violencia de género en España en general y de los gobiernos del PP en particular, y algo más de 40 minutos en ofrecer las medidas del pacto de Estado contra la Violencia de Género en las que ya está trabajando su departamento, informó Europa Press.

Este hecho despertó las suspicacias de grupos como el PSOE, Unidos Podemos, el Grupo Mixto o el PNV, quienes llegaron a preguntar a la ministra si de verdad "era necesario" hacer todo ese repaso previo. Marta Sorlí, de Compromís, lo definió como "un examen de desarrollo" en el que "se llena el papel" sin acabar hablando de la cuestión central. "Ha dado una lección magistral, pero no ha contado nada de nuevo", añadió la portavoz de ERC, Teresa Jordà.

No fue el único asunto con más críticas, pues el presupuesto, o la ausencia del mismo, centró el turno de los distintos portavoces, quienes se preguntaron por qué el Gobierno no ha liberado aún la partida de 200 millones de euros correspondiente a 2018 y que según el mandato del Congreso, debe poner sobre la mesa al margen de si se aprueba o no una ley de presupuestos generales del Estado.

La portavoz del área de Igualdad en el Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, criticó que la ministra ponga el centro del pacto en la reforma de la Ley Integral cuando el acuerdo recoge "no menos de 14 reformas legislativas y leyes que tocar" e incidió en que no es cierto que ya estén en ejecución la mitad de las medidas previstas, tal y como ella había señalado previamente.

Además, criticó que haya "aprovechado la comparecencia para exponer una batería de objetivos que ya se conocen". "La mayoría de su relato no aporta nada nuevo, es un 'estamos trabajando en ello' cuando de sus decisiones políticas y financieras depende que se tenga o no la llave para abrir la posibilidad de trabajar, y de momento esa puerta está cerrada", aseguró la socialista.

La portavoz de Unidos Podemos, Sofía Castañón, repasó varias cuestiones, como la posición del Gobierno sobre la custodia compartida pese a las recomendaciones de las expertas que advierten de que la falta de denuncia por violencia de género enmascara estas situaciones en los procesos de familia. Además, preguntó a la ministra "dónde está la bolita del trilero" porque no ofreció "ni una fecha" sobre la financiación ni sobre las medidas anunciadas.

También le planteó la posibilidad de elaborar una ley específica que aborde la violencia sexual, le instó a repasar "las cuentas" que elaboró Unidos Podemos y según las cuales, los 1.000 millones del pacto podrían liberarse en un sólo año y adoptar otras medidas como dar más peso a las políticas al respecto estableciendo un "verdadero ministerio de Igualdad". "Nos vamos de aquí sin calendario y sin un sólo euro", zanjó después la también portavoz de esta formación, Ángela Rodríguez.

En la misma línea se pronunció la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, quien tras criticar que la ministra "se pasara 45 minutos hablando de la historia de la democracia" y de cómo se fraguó el pacto de Estado a las diputadas que lo confeccionaron, dijo esperar que en una próxima comparecencia la ministra sí que acuda con medidas concretas, con un calendario de aplicación y con dotación presupuestaria bajo el brazo.

"Los tiempos van corriendo y eso es lo que importa a las víctimas (...) No ha desarrollado ni una de las medidas del pacto y nos preocupa mucho no contar con el dinero comprometido, que fue un aspecto que pusimos como condición 'sine qua non' para la firma. A 30 de enero no han cumplido con su trabajo que no era otro que traer los presupuestos para su aprobación. ¿A qué está esperando?", apostilló la diputada.

"No descalificar el pacto"

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela (PSOE) cerró la sesión con un alegato al trabajo realizado en la creación del Pacto de Estado y un llamamiento a "no descalificarlo". "Determinadas manifestaciones descalificando el pacto en global deberíamos medirlas un poco más, porque no hay una sola medida en este pacto que no sea favorable en la lucha contra le violencia de género", afirmó.

"Posiblemente –prosiguió Cancela–, algunas no cubran las expectativas políticas, pero en un momento como este de la sociedad, pues hace mucho tiempo que no hay una sensibilidad tan grande respecto de las mujeres asesinadas y sus hijas, nosotras debemos estar a la altura. Tenemos que reconocer el trabajo que hemos hecho, que ha sido un gran trabajo. Eso no significa que no nos quede muchísimo por hacer", zanjó.

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Montserrat, por su parte, explicó que se han priorizado las medidas de reforma legislativa, habida cuenta de que 122 de ellas corresponden exclusivamente al Estado, 10 a las Comunidades Autónomas, y 82 son de competencias compartidas. "El ritmo es positivo", sentenció, para apuntar que se irán remitiendo los proyectos a las Cortes a medida que vayan estando listos, de una forma "organizada y sistemática".

En materia normativa, Montserrat señaló que "el punto de partida" y "la verdadera bóveda del Pacto" será la reforma de la Ley Integral, que se está analizando en un "grupo de trabajo técnico del gobierno", donde "ya se ha elaborado un itinerario" para modificar una veintena de artículos relativos a propuestas como devolver las competencias en violencia de género a los ayuntamientos u homogeneizar el sistema de acreditación de las víctimas, reconociendo como tales a las madres de hijos asesinados en este contexto.

Asimismo, esta reforma persigue dar cumplimiento a otros objetivos relativos a la mejora de la respuesta institucional a las víctimas, como hacer posible que el abogado de la mujer pueda asumir su representación procesal, que se supriman los atenuantes de confesión y reparación, que se perfeccione la tipificación de los delitos en el ámbito digital o que se difundan los canales para presentar quejas o reclamaciones por un mal funcionamiento institucional o judicial.