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El futuro de Cataluña

15 de los 66 diputados de JxC y ERC elegidos por los catalanes renunciaron al escaño, están en prisión o se fugaron

La política institucional en Cataluña se encuentra en una situación de excepcionalidad desde hace meses. Y uno de los efectos más claros de la ola de encausamientos, detenciones y procesos abiertos contra muchos de los principales dirigentes independentistas es que un total de 15 de los 66 diputados de ERC y Junts per Catalunya elegidos en las elecciones del 21D ya no forman parte del Parlament o se encuentran imposibilitados para sentarse en sus escaños. En este grupo se cuentan seis de los que ocuparon los siete primeros puestos de las listas de ambos partidos por Barcelona.

A media tarde de este viernes, el Tribunal Supremo hacía público el encarcelamiento sin fianza de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa (ERC), Josep Rull y Jordi Turull (PDeCAT), este último apenas unas horas después de haber defendido su candidatura a president de la Generalitat. Todos ellos están acusados de rebelión y malversación, y este primer delito también se achaca a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que sin embargo anunció este viernes su huida de la justicia para instalarse en el extranjero.

Tanto Rovira como Bassa y Forcadell habían anunciado a última hora del jueves que renunciaban a sus escaños en el Parlament, en un intento –que se demostró vano– por que el juez Pablo Llarena considerase que no existía riesgo de reiteración delictiva y decidiera no enviarlas a prisión provisional. Con sus tres dimisiones, son ya cinco los parlamentarios de ERC escogidos el pasado 21D que han decidido renunciar a su acta: Rovira, Bassa, Forcadell, Carles Mundó y Meritxell Serret. Y a ellos hay que sumarles al líder republicano, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión, al exconseller Raül Romeva, encarcelado este mismo viernes, y al también ex miembro del Govern Antoni Comín, que se encuentra huido en Bruselas.

De esta forma, en las próximas fechas no podrán sentarse en el Parlament tres de los cuatro cabezas de lista provinciales de ERC: Junqueras, que lo fue por Barcelona; Bassa, que encabezó la candidatura por Girona; y Serret, que hizo lo propio por Lleida. Pero es que, además, de los siete primeros electos republicanos de la lista por Barcelona (la circunscripción que elige a 85 de los 135 diputados del Parlament), únicamente se encuentra en una situación de normalidad la número seis, Alba Vergés, secretaria cuarta de la cámara legislativa catalana: los números uno, tres y cuatro (Junqueras, Romeva y Forcadell) están en prisión, la dos (Rovira) dimitió y ha huido, el siete (Comín) mantiene el acta pero se ha marchado a Bruselas y el cinco (Mundó) renunció en enero.

La situación tampoco es mucho mejor en Junts per Catalunya, que también tiene a seis de sus siete primeros candidatos por Barcelona fuera del Parlament por una u otra razón, aunque sus cabezas de lista por Girona, Lleida y Tarragona se encuentran en una situación de normalidad. El expresident Puigdemont (número uno) se ha instalado en Bruselas, y junto a él se encuentra huido de la justicia el exconseller Lluis Puig. Mientras tanto, el lugarteniente de Puigdemont, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, lleva varios meses en prisión provisional.

La exconsellera Clara Ponsatí, que fue número tres en la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, también huyó a Bélgica y –a diferencia de Puigdemont– renunció a su escaño, aunque hace un par de semanas anunció que se ha reincorporado a su trabajo de profesora en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia. Y también dimitió en enero el exconseller Joaquim Forn, si bien él se encuentra en la cárcel: el mismo lugar donde envió este viernes el Tribunal Supremo a Jordi Turull y Josep Rull, números cuatro y seis de la lista de Junts per Catalunya, respectivamente. Estos dos últimos siguen siendo diputados.

Nuevos dirigentes en ERC y JxC

En resumen: de los diputados elegidos el pasado 21D, siete de los 34 de Junts per Catalunya y ocho de los 32 de ERC han dimitido, se encuentran fuera de España o están encarcelados. Y, al tratarse de las cúpulas de los dos principales partidos independentistas, éstos han quedado descabezados, por lo que en los próximos meses tendrán que recomponer sus liderazgos.

Junts per Catalunya, pese a tener a Puigdemont en Bruselas, tiene menos urgencia para remozar su dirección, porque la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, no fue procesada este viernes. En cualquier caso, fuentes de la formación afirman que varios dirigentes pasarán a primera fila ante el encarcelamiento de figuras como Rull, Turull o Forn, y entre ellos mencionan al diputado y alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. También está llamada a ganar protagonismo la portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Elsa Artadi, a quienes muchos sitúan como posible candidata a presidenta de la Generalitat en caso de que no se repitan las elecciones.

Pero para ERC es imperativo reorganizarse, porque aunque ni Junqueras ni Rovira han renunciado a sus puestos de presidente y secretaria general del partido, ninguno de los dos se encuentra en Cataluña para poder trabajar con normalidad. Fuentes de ERC y del bloque independentista señalan un nombre como el del próximo líder efectivo en Cataluña: el de Pere Aragonès, alto cargo en la consejería de Economía que dirigió Junqueras la pasada legislatura y que la noche del pasado jueves se convirtió en el nuevo adjunto a la Presidencia de ERC. De hecho, Aragonès ya ejerció este mismo viernes como portavoz tras conocerse la decisión del juez Llarena para llamar a movilizarse a la ciudadanía ante el "ataque al conjunto de derechos y libertades políticas" que, a su juicio, está llevando a cabo el Estado.

Una mayoría en riesgo

Con este panorama, ¿qué pasa con la mayoría independentista en el Parlament? Este sábado está previsto que se celebre la segunda votación de investidura para escoger president a Jordi Turull y, pese a su encarcelamiento, los independentistas han mantenido convocada la sesión. No obstante, en principio el independentismo no contaría con mayoría para elegir a Turull: las ausencias de Puigdemont y Comín y el hecho de que los cuatro parlamentarios de la CUP se vayan a abstener dejarían al secesionismo con 64 votos, por los 65 en contra que reúnen Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP.

Pero, más allá de la sesión de este sábado, la mayoría independentista en el Parlament corre peligro, admiten fuentes de Junts per Catalunya. Una vez los sustitutos de Rovira, Forcadell y Bassa tomen posesión de sus escaños, ERC y JxC sumarán 64 escaños –la mayoría absoluta está en 68–, dado que Puigdemont y Comín no pueden votar ni delegar su voto por estar en Bruselas. Las fuentes consultadas aseguran que los dos huidos dimitirán "si no queda más remedio" para mantener la mayoría. Pero incluso así, las dos formaciones mayoritarias del secesionismo sumarían 66 escaños.

Por ello,"la clave será lo que haga la CUP", razona un dirigente independentista. En el debate del jueves en el Parlament, los anticapitalistas dieron por "acabado" el procés de independencia, señalaron que es la hora de desobedecer la legalidad para hacer efectiva la secesión y anunciaron su paso "a la oposición". "La legislatura depende de cómo hagan eso: si pasan a hacer oposición clara y a votar todo en contra junto al PP, lo más probable es la repetición de elecciones, pero si únicamente se abstienen podremos elegir president y gobernar", afirman estas fuentes.

En los próximos días habrá aún más cambios en los escaños independentistas, ya que lo más seguro es que Turull, Romeva y Rull sean inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Según determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 384 bis, serán automáticamente suspendidos de sus cargos públicos aquellos procesados firmemente por rebelión y para los que se determine prisión provisional. Y eso significa que los tres dirigentes recién encarcelados quedarán inhabilitados instantáneamente si presentan recurso contra el auto de procesamiento dictado por el juez Llarena y éste fuera desestimado. Queda además la incógnita de qué ocurrirá con Puigdemont y Comín si no dimiten, ya que no están encarcelados pero el juez ha reactivado la orden de detención internacional contra ellos, así que parece lógico deducir que también serán inhabilitados. Ello podría ocurrir en el plazo de un mes, cuando el auto de procesamiento podría ser firme, en caso de que el Supremo rechace los recursos de los inculpados.

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