Griñán carga la responsabilidad de los ERE a la Consejería de Empleo

Llegó el turno de los expresidentes en el caso de los ERE. Primero, José Antonio Griñán (2009-2013), que empezó este miércoles. Lo seguirá Manuel Chaves (1990-2009). Griñán, exministro de Sanidad y Trabajo, exconsejero de Economía y Hacienda y expresidente andaluz, además de expresidente del PSOE, ha negado a preguntas del fiscal Manuel Fernández Guerra haber conocido el funcionamiento de la partida 31L, conocida como "fondo de reptiles" a raíz de una declaración policial del que fuera director general de Trabajo, Javier Guerrero. Griñán afirmó que no fue "consciente" del supuesto pago de sobrecomisiones con cargo a dicha partida, que dio cobertura al reparto de unos 800 millones en ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011. La Fiscalía cree que el procedimiento en su conjunto era irregular, que Griñán lo sabía y que, aun así, permitió que siguiera funcionando e incluso engordó el dinero dedicado al mismo. El acusado lo niega y sitúa el foco en la Consejería de Empleo.

Griñán afirmó que "no conocía" cómo se repartía el dinero de la famosa partida el 31L "hasta que no surgió esta causa". Los problemas penales del expresidente tienen que ver con su etapa de consejero, de 2004 a 2009. Ante el fiscal, afirmó que el detalle que conoció como máximo responsable del área economía del Gobierno era "lo que importaba al presupuesto". Es decir, dijo, "el volumen de gasto corriente y la inversión". Según su declaración, no alcanzaba al "detalle" necesario para haber estado al tanto de las supuestas irregularidades cometidas con dichos fondos.

El expresidente, pese a no haber sido preguntado al respecto, afirmó por iniciativa propia que se ratificaba en su declaración ante el Tribunal Supremo de 2015, donde focalizaba la responsabilidad del supuesto fraude en la Consejería de Empleo. Es decir, aunque no lo dijo expresamente, su ratificación apunta a Guerrero y los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Griñán llegó a calificar de "barbaridad" el fraude. Al término de aquella declaración ante el Supremo, Griñán admitió que hubo "un gran fraude", aunque se declaró ajeno al mismo y señaló que en cualquier caso no hubo "un gran plan", como sostiene la instrucción de Alaya.

Griñán se enfrenta a penas de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. El cargo más grave es la malversación. El expresidente está acusado de permitir el lucro de terceros, no de lucrarse él mismo. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según estableció en el cierre de la instrucción de la pieza política el juez Álvaro Martín, que siguió la línea marcada por Alaya. Sólo serían necesarias cuatro premisas para que se diera este ánimo: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales. Según la Fiscalía, no es necesario que haya ganado un solo euro con su supuesta conducta omisiva. La defensa de Griñán ha defendido que es inverosímil que el expresidente, siendo consejero de Economía o presidente, permitiera a sabiendas un uso irregular de fondos públicos para beneficio de unos sindicalistas, empresarios e intermediarios que no conocía.

Antes de Griñán, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández se ha negado a continuar siendo interrogado por el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, que el martes lo puso en serios apuros al confrontar su declaración durante el juicio oral con la que ofreció ante Alaya en fase de instrucción. Fernández dijo estar nervioso, inseguro, incluso "asustado", y se acogió a su derecho a no declarar.

Griñán continúa declarando esta tarde. Cuando termine, le toca a Chaves. Avecina una jornada larga.