España, condenada ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2018

España vuelve a suspender, otro año más, en materia de Derechos Humanos. Así lo denuncia Rights International Spain (RIS), que publicó este martes el balance del año 2018. La conclusión es muy negativa: España fue condenada ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero es que, además, lo fue por vulneraciones de derechos similares a años anteriores (prohibición de la tortura, derecho a un tribunal independiente e imparcial y derecho a un juicio con todas las garantías, derecho al respeto de la vida familiar y privada y libertad de expresión). 

"Los casos descritos parecen señalar que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política", critica la organización, que describe, una por una, todas las condenas. 

Una de las más relevantes fue la dictada el pasado 13 de febrero, relativa al caso de Portu Juanenea y Sarasola Yarzábal. Los dos fueron procesados y condenados en el año 2010 como autores del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid Barajas producido el 30 de diciembre del año 2006. Fueron detenidos e incomunicados dos años antes, en 2008, etapa durante la cual, denunciaron, sufrieron malos tratos. El Supremo aparcó el caso, pero al llegar ante el TEDH, este determinó que este tribunal "se había limitado a desestimar las pretensiones de los demandantes sin tener en cuenta si el uso de la fuerza física había sido estrictamente necesario o proporcional", explica RIS. Por ello, el Tribunal de Estrasburgo entendió que el Estado español había vulnerado la prohibición de la tortura. 

Igualmente conflictivo fue el caso de Stern Taulats y Roura Capellera. Los dos ciudadanos fueron condenados por la quema de imágenes del rey en una manifestación convocada durante la visita oficial del monarca a Girona en septiembre de 2007. Para el TEDH, el acto fue, simple y llanamente, un acto de crítica política, no personal. "El Tribunal también destacó que la manifestación constituyó un evento provocativo encaminado a atraer atención mediática que, sin embargo, no sobrepasó el uso de cierto grado de provocación permisible", concluye el balance de la organización. 

Pero quizá el caso más famoso de este 2018 fue el de Otegi. A principios de noviembre, el TEDH sentenció que el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y otros cuatro dirigentes abertzales –Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres– no tuvieron un juicio justo en el caso Bateragunecaso Bateragune, proceso en el que Otegi fue condenado a diez años de prisión –luego el Supremo los rebajaría a seis– y otros diez de inhabilitación para ocupar cargos públicos por "pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente". El fallo considera probado que los acusados no tuvieron un juicio justo por la falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo

Preocupación por Cataluña, la libertad de expresión y el delito de enaltecimiento del terrorismo

Pero el suspenso de España en Derechos Humanos va más allá. Según recuerda RIS, expertos en la materia "mostraron su preocupación por la situación en Cataluña, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y el delito de enaltecimiento del terrorismo y la libertad de expresión". 

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En primer lugar, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión instó a las autoridades de nuestro país a no procesar a los líderes independentistas catalanes por el delito de rebelión. Según entiende el relator, estas acusaciones "podrían entrañar el riesgo de disuadir discursos totalmente legítimos". Por ello, mostró su preocupación "sobre utilizar cargos por rebelión por actos que no implicaban violencia o incitación a ella, porque esto podría interferir con derechos a la protesta política y a la disidencia". 

En segundo, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló a España como un "ejemplo problemático de aplicación de la legislación antiterrorista". Y es que, argumentó, los términos ambigüos de los delitos de enaltecimiento y humillación a las víctimas "han resultado en restricciones desproporcionadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".