Sánchez deja para el final la negociación de la investidura con Unidas Podemos de la que depende la repetición electoral

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reveló este viernes que no tiene intención de citar a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, para negociar un segundo intento de investidura hasta los primeros “días de septiembre”, cinco semanas después de la votación fallida de julio.

Eso significa que los negociadores de ambas partes apenas dispondrán de tiempo para alcanzar un acuerdo antes o durante la ronda de contactos que necesariamente tiene que llevar a cabo Felipe de Borbón como paso previo a que la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, convoque otro Pleno de investidura, que como muy tarde debe celebrarse la tercera semana de septiembre porque el lunes 23 es el último día hábil para elegir nuevo presidente. Superada esa línea roja sin un candidato capaz de suscitar más votos a favor que en contra, las Cortes se disolverán automáticamente y los españoles se verán abocados a volver a las urnas el 10 de noviembre.

La tardanza de Sánchez a la hora de reanudar el diálogo con Unidas Podemos ha provocado el enfado de la dirección de Iglesias, que lleva desde el mismo día de la investidura fallida pidiendo al líder del PSOE que volviese a sentarse en la mesa de negociaciones y, sobre todo, que no esperase a septiembre.

Si en algo coinciden dirigentes socialista, los de UP, los de otros partidos y la práctica totalidad de los analistas políticos es en considerar que una de las causas del fracaso de las negociaciones de julio fue la tardanza con la que comenzaron, lo que dejó muy pocos días de margen para explorar un acuerdo.

El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, acusó directamente a Sánchez de pasarse “todo agosto burlando la negociación” con una maniobra dilatoria que considera una “tomadura de pelo”.

Del Olmo, que forma parte del círculo de máxima confianza de Iglesias, recordó a través de Twitter que lo que se debe hacer es “fácil”: retomar el proceso negociador donde se dejó, en la fallida sesión de investidura, cuando PSOE y Unidas Podemos intercambiaban planes para un Gobierno de coalición.

Eso es, precisamente, lo que el PSOE sigue negándose a hacer: volver a negociar un Ejecutivo formado por representantes de los dos partidos. La estrategia de Sánchez ha sido diseñada para construir lo que los socialistas han dado en llamar “un programa abierto” y respaldado por decenas de organizaciones sociales de todos los ámbitos, desde el feminismo al ecologismo, pasando por el sindicalismo, la agricultura, la economía social o la educación.

Ese programa es lo que un grupo del PSOE se encargará de redactar en las próximas semanas a tiempo de ser presentado a los partidos “susceptibles de poder apoyar una investidura”, en palabras de Sánchez, que citó expresamente al PNV, al PRC cántabro, a los “nacionalistas de Cataluña” y especialmente a Unidas Podemos. Un programa “abierto”, subrayó la palabra, a incorporar propuestas de otros partidos siempre y cuando que se correspondan con lo “que necesita la ciudadanía”. Y en el marco de una negociación, añadió, dedicada “no tanto” a “hablar del continente” como “del contenido”, una referencia indirecta a que no quiere volver a hablar de una coalición y sí de un programa de legislatura, tal y como lleva defendiendo desde finales de julio.

Esta estrategia, en opinión del diputado de UP Pedro Honrubia, sólo trata de justificar “una repetición electoral que [los socialistas] ya tienen decidida y culpar de ello a todos los demás”. Sánchez y su jefe de gabinete, Iván Redondo, están “cocinando a fuego lento el plato de lentejas que ofrecerán en septiembre a Unidas Podemos y otros ‘socios’ potenciales para justificar esa repetición”, dejó anotado en Twitter el parlamentario morado después de conocer el calendario del presidente en funciones.

Oficialmente, tanto el PSOE como el Gobierno sostienen que lo último que buscan es nuevas elecciones. Su estrategia pasa por desterrar la viabilidad de un Gobierno de coalición como el que negoció en julio con Unidas Podemos con el argumento de que la “desconfianza recíproca” lo impide y con la acusación, dirigida a Pablo Iglesias, de que lo que en realidad ha buscado hasta ahora es un Gobierno de Unidas Podemos dentro de Ejecutivo del PSOE.

Presión política

A partir de ahí, los socialistas, que saben que no todos en Unidas Podemos respaldan la estrategia negociadora de Iglesias, se disponen a redoblar la presión para que la formación morada acepte negociar un programa político, con la forma de pacto de investidura —sólo para la votación— o de acuerdo de legislatura —a cuatro años— o que, en el peor de los casos, acabe votando a favor de la reelección de Sánchez y evite así la repetición de elecciones, un escenario que muchos consideran muy perjudicial para la izquierda en general y para UP en particular.

Del lado de Unidas Podemos, sin embargo, se mantienen firmes, al menos de momento. Sólo están dispuestos a volver a la mesa de negociaciones si es para debatir sobre el reparto del Gobierno, además del programa político, y si se toman como punto de partida las últimas propuestas que cruzaron con el PSOE en las horas previas a la votación que el 25 de julio rechazó la investidura de Sánchez.

Aquellas dos ofertas coincidían en el número de departamentos que quedarían bajo la responsabilidad de UP, una vicepresidencia y tres ministerios, pero no en su denominación y competencias.

El PSOE proponía a UP una Vicepresidencia —que ocuparía su actual portavoz parlamentaria, Irene Montero— dedicada a Asuntos Sociales que tendría el control de la comisión delegada para coordinar todas las políticas sociales del Gobierno, así como los contenidos de todas las áreas de Bienestar Social y Dependencia (hoy en manos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales), además del actual comisionado para la Pobreza Infantil.

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La formación morada aceptaba este departamento, bajo la denominación de Vicepresidencia de Derechos Sociales, pero reclamaba sumarle las competencias de Igualdad, incluida la capacidad de reformar el sistema de cuidados (educación de 0 a 3 años) y dependencia y de asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Bajo su responsabilidad estarían también los temas de memoria democrática.

Los ministerios que los socialistas ofrecieron a UP eran los de Vivienda y Economía Social (incluyendo la actual Secretaría General de Vivienda), el de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo (incluida la actual Secretaría General de Sanidad y Consumo) y el de Igualdad, que UP aceptaba asumir pero dentro de la Vicepresidencia.

La última propuesta de UP aceptaba Sanidad y Consumo, “con competencias para asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, así como garantizar el derecho a la eutanasia”, según un documento divulgado por la formación morada, y reclamaba otros dos ministerios: Ciencia y Universidades y Trabajo, aunque el propio Pablo Iglesias, desde la tribuna de oradores y poco antes de la votación de investidura, se mostró dispuesto a rebajar esta oferta cuando propuso renunciar a Trabajo a cambio de asumir la gestión de las políticas activas de empleo.