La cartilla covid-19 de Ayuso ignora meses de recomendaciones científicas y múltiples dudas sobre su legalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), llevaba varias semanas con un perfil más bajo que el que ha gastado en los peores meses de la pandemia del covid-19. Y este martes decidió abandonar esta actitud a lo grande, anunciando un "proyecto experimental" de cartilla covid-19, que "simule la cartilla internacional de vacunación" y en la que quedaría reflejado si su portador ha pasado el virus, tiene anticuerpos, se hecho la prueba PCR o ha tenido acceso a otras herramientas de diagnóstico. "Es un modelo que debería exportar España y otros países", espetó la dirigente conservadora en una rueda de prensa convocada en la sede del Gobierno regional para anunciar su estrategia frente al covid-19. Lo que Ayuso obviaba –o desconocía– en el momento de hacer este anuncio es que su propuesta camina en sentido contrario a los posicionamientos de la comunidad científica. Y que esto no viene de ahora. Ya en el mes de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que no existía la suficiente evidencia científica sobre la eficacia de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar "la fiabilidad de un pasaporte de inmunidad".

Precisamente a la OMS se refirió este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando fue preguntado por la iniciativa de esta dirigente del Partido Popular en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ni la OMS, dijo, ni ningún documento del Gobierno "contemplan este tipo de medidas" que Isabel Díaz Ayuso no sólo propone para Madrid, sino que invita a ser imitada.

Pocos detalles dio la presidenta de este proyecto experimental. Sí indicó, por ejemplo, que la cartilla ayudaría a evitar confinamientos y a acceder a establecimientos como los gimnasios, museos, cines... "Ahora la clave también pasa por que todas aquellas personas que no contagien puedan seguir con una vida normal y extremar las precauciones sobre los vulnerables. La estrategia ahora es no volver atrás y, por eso, pedimos que se estudie esta cartilla, que nos permita demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar ni ser contagiados y pueden volver a la normalidad y proteger al vulnerable", dijo. Unas declaraciones que pueden ponerse en cuarentena si se tiene en cuenta lo que expertos en Salud Pública, asociaciones científicas y organismos internacionales llevan meses advirtiendo con argumentos técnicos, médicos, sociales, éticos y jurídicos.

¿Protección total?

¿Es sencillo y concluyente decir que una persona ya no contagia, como pretendería esta especie de pasaporte covid-19? "Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidos de una segunda infección". Es lo que sostuvo la OMS el 24 de abril, cuando advirtió contra la emisión de pasaportes inmunológicos. Su posición no ha variado.

"El problema que hay con estas pruebas serológicas es el de la validez científica. Ahora se van perfeccionando. Pero todavía no está clara la cantidad de falsos negativos o falsos positivos. Es un handicap importante", valora el epidemiólogo Fernando García López en conversación con infoLibre. Estamos, destaca, ante una enfermedad nueva ante la que todavía es complicado saber si hay inmunidad permanente. 

También puede ocurrir, apunta García López, que desaparezcan los anticuerpos y continúe la inmunidad y que esto no se refleje en los análisis.

En el documento ¿Es el pasaporte de inmunidad una opción adecuada para la estrategia de desconfinamiento?, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) se subraya que las pruebas actuales para anticuerpos contra el SARS-CoV-2 "son muy nuevas y han mostrado altas tasas de falsos negativos y positivos". 

En este sentido, destacan que "si se usa para decidir sobre el acceso de las personas a ciertos derechos y empleos, esto podría, sin saberlo, colocar a una persona no inmune con un falso positivo en una posición vulnerable con riesgo para los demás". 

Concluyen en ISGlobal que las pruebas serológicas como las que en su día fueron iniciadas por España y Alemania, "pueden generar información valiosa a nivel poblacional sobre la evolución de la pandemia, pero carecen de solidez para tomar decisiones sobre los derechos de las personas".

También la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) ha fijado su posición sobre los "certificados de estado serológico". Señalan que en el contexto actual no es posible recomendar la utilización de este tipo de cartillas. Y que "únicamente cuando se disponga de la evidencia suficiente al respecto, y resulte técnicamente posible, la certificación del estado inmune sería posible que fuera valorado en el ámbito sanitario y sociosanitario".

Respecto al "ámbito laboral" y al "tránsito internacional de personas", precisa la Sempsph, es algo que debe ser estudiado "en el marco de sus respectivas legislaciones".

Contagios intencionados

El pasado 3 de junio, el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el covid-19 fijó su posición "sobre un posible pasaporte epidemiológico". Entre los motivos que dan para descartarlo, además de la imprecisión de las pruebas, citan el de que "incentivaría que personas sanas se contagien intencionadamente". 

"Si el acceso a ciertas actividades se otorga solo a las personas que se han recuperado de covid-19, los pasaportes inmunológicos podrían incentivar a personas sanas y no inmunes a infectarse voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo", refleja el documento.

"Este contagio intencionado es más probable en aquellas personas en una situación económica más vulnerable, quienes podrían verse obligadas a elegir entre infectarse para obtener el pasaporte o no poder trabajar", añaden desde el GTM.

El epidemiólogo García López abunda en esta cuestión y considera que estaríamos ante "un problema laboral importante". "¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa de hostelería exige a sus empleados que tenga el pasaporte? ¿Podrían llegar a producirse despidos?", lanza la reflexión. Y también pone sobre la mesa otro debate ético, el de que las pruebas médicas deben presumir voluntariedad.

Estigmatización y discriminación

Desde ISGlobal hablan del término "discriminación inmunológica". Es aquella a la que podrían enfrentarse las personas no inmunes, que en el ámbito laboral podrían ser calificadas como "no-empleables". En este sentido, señalan la posibilidad de que a este colectivo se le podría denegar el acceso a muchos servicios como seguros de vida, educación, aumentos salariales, promociones o solicitudes de visa. 

Dado que las pruebas que darían acceso a ese carné o pasaporte tienen un coste, en el supuesto de que no se financiase por las administraciones públicas, la discriminación entre quienes pueden pagárselas y quienes no sería más que evidente. En el caso de que fuesen sufragadas con dinero público, habría que tener en cuenta la carga de trabajo para un sistema ya saturado y con falta de personal, como se encargan de denunciar los sanitarios madrileños prácticamente a diario.

Pero Ayuso no ve "discriminación" alguna. Preguntada al respecto, respondió a los periodistas que la cartilla en cuestión tiene "bastante lógica". Cree la presidenta madrileña que en un contexto como el actual, en plena pandemia, es razonable que se empiece a "poner nombre y apellidos a quién está protegido o a quién no lo está". El espíritu de su medida, destacó, no es discriminar, sino "proteger".

El pasado mayo, cuando ISGlobal fijó posición sobre el pasaporte de inmunidad, destacaba que pese a las incertidumbres técnicas de las pruebas de anticuerpos disponibles, países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania habían discutido la posibilidad de emitir estos certificados o pasaportes y que Chile ya había trazado un plan para ello. Sus defensores argumentaban que era una buena iniciativa para que aquellas personas con anticuerpos regresasen al trabajo y ayudasen a impulsar la economía. Pero no es lo mismo que consideran los expertos. 

Limitados efectos en lo económico

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el covid-19 defiende que "dadas las tasas moderadas de prevalencia de anticuerpos" frente a este virus "el número de personas que recuperarían una actividad sujeta a menores limitaciones sería necesariamente pequeño y no generaría un incremento sustancial de la actividad económica".

El epidemiólogo García López recuerda que el estudio de seroprevalencia Ene-Covid del Instituto Carlos III concluye que en torno al 5% de la población española ha padecido el covid-19, porcentaje que sube al 11,5% en el caso de Madrid. ¿Qué implica esto? "Que hay un 88,5% de perosnas que son susceptibles de contagiarse", responde. El pasaporte, señala, podría llegar a tener sentido si la infección fuera mayoritaria. Pero no es el caso.

Dudoso encaje ético y legal

El comité de expertos que asesora al Gobierno de Pedro Sánchez considera que el pasaporte inmunológico alentaría "injerencias y violaciones del derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos, entre otros derechos y libertades fundamentales afectados y en distintos ámbitos como el laboral o el ámbito de la salud".

"Las plataformas para la certificación inmune del SARS-CoV-2 podrían ampliarse fácilmente para incluir otros datos de carácter personal, como registros de salud mental y resultados de pruebas genéticas, haciendo perfiles de personas que pudieran afectar los derechos y libertades fundamentales de los titulares de los datos en función de los usos. Los pasaportes inmunológicos de hoy podrían convertirse en los pasaportes biológicos de mañana. Así, se introduciría un nuevo riesgo de discriminación si, por ejemplo, los empleadores, las compañías de seguros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otros terceros, pudieran acceder a la información de carácter personal del titular de los datos y utilizarlos con fines distintos a la protección de la persona y del interés colectivo por razones de salud pública", consideran desde el GTM.

Creen, además, que sería "incompatible con la protección de los derechos y libertades fundamentales" y con la normativa de protección de datos de carácter personal y los principios bioéticos.

Desde Facua-Consumidores en Acción rechazaron este martes la iniciativa de Ayuso. "Esta medida podría vulnerar la normativa de protección de datos en el caso de que se establezca como requisitos mostrar la cartilla para acceder a establecimientos o utilizar servicios, ya que revelaría información relativa a la salud del usuario, que se consideran datos especialmente protegidos. El artículo 9 del Reglamento Europeo de Protección de Datos prohíbe el tratamiento de aquellos datos personales 'relativos a la salud', entre otros".

De igual forma, la asociación también indica que supone una discriminación directa de los ciudadanos y una posible vulneración de sus derechos a la privacidad, a la libertad de movimiento, o incluso al trabajo, entre otros.

Por su parte, García López también expresa su preocupación por el hecho de que datos tan íntimos como los relacionados con la salud, quedasen expuestos a empresas que nada tienen que ver con estos fines al ser incluidos en teléfonos móviles o vinculados con aplicaciones electrónicas. Y desde un punto de vista de conciencia cívica considera que, de alguna manera, el pasaporte favorecería el sálvese quien pueda. De forma paralela, apunta, podría servir a los gobiernos para eludir las responsabilidades que se exigen a los poderes públicos en un contexto de pandemia.

Ayuso no es pionera

La madrileña no ha sido la primera dirigente política española en poner sobre la mesa la conveniencia de esta herramienta. Fue en el mes de abril cuando se conocieron las intenciones de la Generalitat de implantar unos pasaportes de inmunidad, iniciativa que puso en alerta a la comunidad científica con argumentos similares a los usados para mostrar las lagunas del plan de Ayuso. La iniciativa se quedó en un mero anuncio. Lo mismo ocurrió con un planteamiento similar, también del mes de abril, de la Junta de Castilla y León, gobernada por el conservador Alfonso Fernández Mañueco.

El pasaporte covid planteado por Ayuso queda reducido a una tarjeta informativa que no se le podrá exigir al ciudadano

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Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), también habló este martes de "pasaporte covid" pero en un sentido diferente al de su compañera de filas. En el marco de la decisión del Gobierno británico sobre los viajes a España, el dirigente conservador defendió que la "comunidad internacional necesita sistemas sanitarios seguros y que no circulen las personas infectadas y sí las sanas". Y defendió "una especie de pasaporte covid o elemento sanitario para facilitar el traslado de unos países a otros".

Fue el pasado 12 de mayo cuando Pablo Casado, líder del PP, apostó por poner en marcha "la 'huella digital' con un pasaporte epidemiológico y una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos y los contagiados avisen automáticamente a sus contactos". La propuesta se quedó ahí. Y el partido no ha vuelto a profundizar en ello. La medida no fue destacada por el líder del principal partido de la oposición en el plan B sanitario presentado este lunes. En todo caso, el pasado mayo, cuando habló por primera vez de estos pasaportes en su equipo precisaban que la idea es que fuese una herramienta anonimizada.

Hasta el momento, el principal respaldo que ha obtenido Ayuso es el de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la capital. "Al margen de mi gusto, que por cierto me gusta, no me parece desproporcionada", dijo en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.