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El futuro de la monarquía

Ni parques, ni avenidas: ofensiva municipal para sacar del callejero a Juan Carlos de Borbón

El 18 de junio de 1998 fue un día importante para el municipio madrileño de Pinto. Hacía unos meses que en la localidad, entonces gobernada por el socialista Antonio Fernández, se habían abierto las puertas del Parque Juan Carlos I, un enorme pulmón verde de medio centenar de hectáreas con recinto ferial y hasta auditorio al aire libre. Sin embargo, la inauguración oficial, ese acto de carácter político que hace que la localidad salga en los periódicos, estaba fechada para ese día. Más de dos millares de vecinos se arremolinaron en las puertas del recinto para poder ver de cerca a los dos protagonistas de la jornada: los reyes de España. Juan Carlos I y Sofía, que horas antes habían estado visitando la que iba a ser la fábrica de papel reciclado más importante del sur de Europa, fueron recibidos entre aplausos. Una vez allí, recorrieron las instalaciones acompañados por la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el líder del Ejecutivo madrileño, Alberto Ruíz-Gallardón. El complejo, presidido por el busto verdoso de un monarca medio sonriente coronando una de las principales fuentes del parque, quedaba oficialmente inaugurado.

Por aquel entonces, ya se conocía alguna que otra práctica cuestionable del monarca, como su viaje a Suiza en compañía de una de sus amantes o la carta enviada al Sha de Persia, su “hermano”, en 1977 pidiéndole 10 millones de dólares para hacer frente al “marxista” PSOE. Sin embargo, eso tan solo era la punta de un enorme iceberg al que nadie parecía querer meter mano en nuestro país. Ahora, dos décadas después, el emérito está cada vez más acorralado por sus negocios privados. Tejemanejes que han provocado que en la localidad del sur de Madrid, gobernada por el socialista Diego Ortiz, haya dejado de ser bien recibido. Esta semana, el Pleno del Ayuntamiento de Pinto ha aprobado una moción impulsada por PSOE, Unidas Pinto y Podemos para rebautizar el parque de la localidad y retirar la efigie. No es la primera vez que se toma una decisión que afecta a la Casa Real. En junio de 2016, el Ejecutivo municipal presidido entonces por Unidas Pinto borró el nombre Infanta Cristina de un centro cultural. La sombra que dejó sobre ella el caso Nóos fue el detonante.

La iniciativa partió, cuenta uno de los protagonistas, de Unidas Pinto y Podemos, dos partidos que si bien no forman parte del Ejecutivo municipal dieron su respaldo en la investidura al candidato socialista. “Era algo que teníamos ya hablado a comienzos de julio”, explica al otro lado del teléfono Rafael Sánchez, exalcalde del municipio madrileño y ahora portavoz de Unidas Pinto en el consistorio. Sin embargo, se vieron obligados a retrasar el registro de la moción por una llamada inesperada. “Desde el PSOE se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que tenían la idea de cambiar el nombre. Fue entonces cuando les dijimos que nosotros estábamos en lo mismo y comenzamos a trabajar en una iniciativa conjunta”, continúa Sánchez, que reconoce que les “sorprendió” el paso dado por los socialistas. Comenzaron entonces las negociaciones para consensuar un texto que no ha sentado nada bien a PP, Ciudadanos y Vox. “Han provocado una polémica gratuita cuyo perjuicio ha ido en detrimento de la imagen de nuestro municipio”, sostienen los conservadores.

De Vitoria a Villajoyosa pasando por Pedreguer

La decisión de Pinto no es única. Forma parte de la ofensiva municipal que se ha ido poniendo en marcha por toda la geografía española para retirar a Juan Carlos I los reconocimientos acumulados durante sus casi cuatro décadas al frente de la jefatura del Estado. En los últimos meses, varias han sido las localidades en las que se ha abordado esta cuestión en base a la presentación de mociones. En algunas de ellas, la propuesta de borrar al emérito del callejero no logró salir adelante justamente por el rechazo de los ediles del PSOE. Es el caso de Elche o Alcalá de Henares. También el de Santander, donde la abstención de socialistas y PRC tiró por tierra una petición similar de Unidas por Santander. Tampoco cuajó el intento de Podemos y Més en Palma de Mallorca, donde el PSIB votó en contra, aunque dejó abierta la puerta a un cambio de posición en función de cómo avancen las pesquisas sobre el emérito. “Creemos que es necesario y preciso esperar a que avancen las investigaciones y se despejen dudas”, sostuvo el portavoz de la formación en el consistorio, Francisco Ducrós. 

Un recorrido similar parece que tendrá cualquier intento en la localidad madrileña de Leganés, donde el alcalde socialista Santiago Llorente ha defendido que un cambio de nombre en la principal avenida del municipio supondría “un trastorno” para los “miles de vecinos” que residen en ella por los cambios que conllevaría en documentos como el DNI o el permiso de circulación. Menos incidencia tendría, en su opinión, retirar la Medalla de Oro de la ciudad al monarca, una distinción que se le concedió en 1999. Algo que Podemos Leganés ya ha anunciado que solicitará en el Ayuntamiento.

En otros tantos municipios, sin embargo, la formación socialista parece totalmente dispuesta a dar un paso al frente. Es el caso de Villajoyosa, donde el Gobierno municipal conformado por PSPV, Compromís y Gent per la Vila anunció a comienzos de julio el inicio de los trámites para que la avenida Juan Carlos I pase a llamarse doctor Pere Esquerdo. O de la localidad alicantina de Pedreguer, donde el Pleno del consistorio acordó hace justo un mes borrar del callejero al monarca con la única oposición del PP. También se cambiará por el de Avenida de la República en Blanes (Girona), donde el rechazo de los socialistas no impidió que prosperara la moción de Blanes En Comú Podem y ERC. Pero de todos los municipios que se han puesto manos a la obra en los últimos meses, una ofensiva a la que también pretende sumarse Rivas Vaciamadrid, Vitoria es el más avanzado. El alcalde de la localidad gobernada en coalición por PNV y PSE, Gorka Urtaran, ya rubricó el pasado martes el decreto por el cual la vía que lleva el nombre del emérito pasa a denominarse avenida del 8 de marzo.

En Pinto, por el momento, todavía quedan por delante algunos meses de trabajo. “Con la moción aprobada, los grupos que hayan respaldado la iniciativa estudiaremos posibles nombres y consensuaremos varias opciones. Luego, se hará una consulta para que los ciudadanos puedan decidir”, explica Sánchez, que ya apostó por un procedimiento similar cuando era alcalde para borrar el nombre de la infanta de la fachada del centro cultural. Por aquel entonces votaron en la consulta algo menos de 600 de los 50.000 habitantes del municipio. Ahora, el objetivo es dar a este nuevo referéndum la mayor difusión posible para que, explica el concejal, la participación sea “lo más masiva posible”. Una vez se conozcan los resultados, vendrán los trámites burocráticos. No obstante, Sánchez calcula que el cambio podría ser efectivo “no más allá de octubre o mediados de noviembre”.

Como siempre pueden aparecer piedras en el camino, las estimaciones son orientativas. Los grupos municipales de la derecha han exigido que el parque no se toque. Y un intento de bloquear esto por vía judicial, algo que ya planteó problemas al Ayuntamiento de Madrid cuando comenzó con el cambio de nombre de las calles franquistas, es una posibilidad que a ojos de Sánchez “no se puede descartar”. De todos modos, el concejal recuerda que la eliminación del emérito de la entrada del recinto “es una decisión soberana” del pleno del consistorio. Y aclara que aunque su propio partido se defina como republicano, la iniciativa nada tiene que ver con la apertura de un debate sobre el modelo de Estado: “Es un debate sobre dignidad o impunidad. El rey no es merecedor de este honor porque hay suficientes indicios de que se enriqueció de una manera que no está clara”, sostiene Sánchez. Sombras que conforman la exposición de motivos de la moción: fundaciones en jurisdicciones offshore, 65 millones de euros que llegan desde Arabia Saudí…

Carles Mulet, senador de Compromís, considera que es momento de revisar estos honores y reconocimientos de los que goza el emérito en media España. “Si ha sido un anti ejemplo, si es una persona que nos da vergüenza por su comportamiento, no puede continuar siendo una imagen pública del Estado español y, por tanto, no se merece tener calles o barcos”, sostiene el parlamentario al otro lado del teléfono. En su opinión, todo lo que se está conociendo en los últimos meses alrededor del emérito es completamente “reprobable”. Desde las sospechas por el cobro de comisiones por la consecución de contratos hasta la supuesta posesión de bienes en el extranjero de los que no tenía constancia la Agencia Tributaria. O el coste de sus escarceos amorosos. “¿A cuántas amigas suyas hemos mantenido a cuerpo de rey con dinero público?”, se pregunta Mulet en referencia a las informaciones que recogen transferencias millonarias tanto a la empresaria alemana Corinna Larsen como a la española Marta Gayá.

Falta de movimiento a nivel nacional

El senador aplaude las iniciativas municipales. Pero echa en falta movimiento a nivel nacional. “Es un tema que todavía sigue siendo tabú. Los grupos pequeños tratamos de abrir el debate, pero los de siempre se niegan a abordarlo. No es algo que se pueda dejar postergado al tema judicial porque ya hay elementos suficientes como para considerar que [Juan Carlos I] ha fallado a la obligación que tenía como jefe del Estado”, recalca. Un “cerrojazo” que, dice, se ha podido ver en los repetidos intentos de abrir una comisión parlamentaria sobre los negocios del monarca –todos ellos bloqueados–. O en las preguntas que sobre esta cuestión ha formulado al Gobierno. La última, a comienzos de junio, cuando cuestionaba al Ejecutivo sobre el “escarnio internacional” que supone el mantenimiento del nombre de Juan Carlos I en uno de los buques de la Armada y sobre la posibilidad de su retirada. “Lleva el nombre […] en tanto que fue el primer jefe de Estado tras la restauración de la democracia y la aprobación de la Constitución”, se limitó a contestar el Ejecutivo de coalición.

En toda esta retirada de reconocimientos y honores, el senador tampoco se olvida de la condición de rey emérito, que se le concedió tras su abdicación. “Es necesario que se retire esta figura”, apunta Mulet. Se podría hacer de forma rápida y sencilla. Sólo sería necesaria la derogación o modificación del Real Decreto 470/2014, aprobado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que le otorga honores análogos a la princesa de Asturias y precedencia protocolaria tras las hijas de Felipe VI. La retirada por la fuerza del título honorífico, la única dignidad que conserva Juan Carlos de Borbón tras habérsele quitado la asignación que recibía de los fondos públicos, sería traumática también para Felipe VI, en tanto que tendría que rubricar la caída en el olvido de su padre. De momento, el Ejecutivo no se ha movido. Es más, incluso ha asegurado que no entra entre sus competencias, algo que desmienten la mayoría de juristas. “El PSOE ha sido en democracia republicano pero juancarlista. Ahora, no se atreven a decir que son juancarlistas, pero tampoco a tocar la figura de la Corona”, dice Mulet.

Para el parlamentario, la “única salida” que le queda “es el exilio”. “Como han hecho otros Borbones cuando se les ha pillado con lo mismo. Es la historia recurrente”, sostiene. En medio de una avalancha de informaciones que apunta sobre un inminente gesto del emérito para liberar de presiones a su hijo e insuflar aire a la monarquía, el diario El Mundo publicó esta semana que Juan Carlos de Borbón estaría dispuesto a dejar La Zarzuela e, incluso, a trasladarse temporalmente fuera del país. Mientras, tendrá que ver cómo algunas localidades empiezan a borrarle de calles, plazas, edificios públicos o parques. Es la caída de quien a pesar de tenerlo todo tras la dictadura siempre quiso más. De quien al tiempo que exaltaba la honradez y pedía una justicia “igual para todos” ocultaba millones en paraísos fiscales.

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