De la retirada del título de emérito al fin del aforamiento: las posibilidades legales para acabar con los privilegios de Juan Carlos I

La tensión creciente por las revelaciones sobre los fondos de origen incierto que Juan Carlos I ocultó en paraísos fiscales y movió durante años presumiblemente a espaldas de Hacienda ha disparado múltiples interrogantes. Entre ellos, los relativos a cuándo y cómo llegará –si es que finalmente llega– la pérdida de sus privilegios. La batería de preguntas crece por días. Y sobre la mesa ya hay varias que repiquetean cada vez con mayor fuerza: ¿es posible modificar el Real Decreto que tras el relevo en la Jefatura de Estado le convirtió con carácter honorífico en rey vitalicio? ¿Podría privársele del aforamiento ante el Tribunal Supremo al que accedió tras abdicar en junio de 2014 y perder la inviolabilidad que le blindaba hasta entonces? ¿Tienen algo que decir el Gobierno o el Parlamento sobre si el padre de Felipe VI debe seguir viviendo en el recinto de la Zarzuela? 

De esas tres preguntas, los expertos consultados por infoLibre consideran primordial la primera. La mayoría de ellos coincide en que, con la ley en la mano y con independencia de si se trata de una opción factible o remota, el Ejecutivo dispone de las herramientas necesarias para que Juan Carlos de Borbón quede desprovisto del título de monarca emérito. 

Frente a quienes sostienen que el decreto es perfectamente alterable, fuentes consultadas en el entorno del Gobierno aducen lo contrario: que solo el jefe del Estado está facultado para decidir sobre el tratamiento de los títulos en la Casa Real. En apoyo de tal afirmación, esas fuentes esgrimen como precedente el caso de Cristina de Borbón, a quien fue la Casa Real la que despojó de su título de duquesa de Palma. "Sobre la Casa Real solo puede tomar una decisión el jefe de la Casa Real", afirman de manera taxativa. Pero no ofrecen más argumentos. Solo uno de los juristas consultados, el catedrático de Filosofía del Derecho y ahora senador independiente por el PSOE Javier de Lucas, se alinea con esa posición: retirarle a Juan Carlos de Borbón la condición de rey emérito "es competencia de la Jefatura del Estado. No veo cómo el Gobierno puede tomar esa decisión si el rey [Felipe VI] no toma la iniciativa".

El Real Decreto en cuestión es el que vio la luz el 19 de junio de 2014. Es decir, el día en que Felipe VI asumió la Jefatura del Estado tras la abdicación de su padre. Firmada por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por Juan Carlos de Borbón, la clave de esa norma se localiza en su disposición transitoria cuarta: "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares".

"Los ducados son competencia del rey pero otra cosa es la figura del rey emérito. Es razonable que el Gobierno prefiera que la decisión que afecta a Don Juan Carlos la adopte con convicción su hijo, ahora rey". Quien se expresa en esos términos es Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de la Universidad de La Rioja. En su opinión, “el Gobierno siempre puede cambiar una ley o un decreto". Pero el problema, remarca Urrea, no estriba en la "complejidad jurídica" que plantea una situación inédita como esta: la de un anterior jefe de Estado a quien ya está sometiendo a investigación la Fiscalía del Supremo por supuesto delito fiscal y de blanqueo. Hechos que, tanto si continúan siendo perseguibles penalmente como si se viesen protegidos por el manto de la inviolabilidad o de la prescripción, han abierto una crisis formidable de consecuencias todavía inexploradas. Lo que cuenta aquí, dada la gravedad del asunto, es evitar cualquier potencial "choque institucional" que favorezca "cualquier inestabilidad". La profesora ni cree ni entiende deseable que se den pasos que conduzcan a fisuras que pudieran interpretare "en términos de falta de alineamiento entre el Gobierno y la Corona". 

Con Urrea coinciden en que sí es legalmente posible modificar el decreto el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia Joan Carles Carbonell, el profesor de Derecho Constitucional de la Hispalense Fernando Álvarez-Ossorio y el letrado malagueño Francisco Soler, quien hace ya una década intentó que el Constitucional obligase al Congreso a informar sobre hipotéticos contratos de la Casa Real. "Que dejase de ser rey emérito le dejaría sin inviolabilidad", sostiene además Soler, el único convencido de que a día de hoy Juan Carlos de Borbón continúa beneficiándose de ese blindaje. Le beneficia, es su razonamiento, precisamente "porque mantiene el tratamiento de rey".

El reconocimiento de la figura de rey vitalicio –argumenta Carbonell– "no está en la ley que en 2014 abordó la abdicación ni en la Constitución hay ningún precepto que se refiera a ello. Pero incluso si la ley dijera algo, el Gobierno podría promover un cambio". El título honorífico de monarca vitalicio "no es un acto de concesión de un marquesado", abunda el sevillano Álvarez-Ossorio en línea con el argumento trazado por Urrea. "Lo que hizo el Ejecutivo puede deshacerlo", apostilla. "Otra cosa es -agrega y señala aquí la clave- que por deferencia hacia la Casa Real esté esperando a que sea Zarzuela la que lo pida. Pero si acaba investigado por el Tribunal Supremo no tiene sentido que mantenga esa condición: cuando más se llame Juan Carlos y menos rey emérito, mejor para todos".

"La pelota –diagnostica Javier de Lucas– está en el alero de Felipe VI. Cuanto más tarde será peor". O sea, cuanto más tarde en reaccionar y alejarlo.

El debate sobre la eventual retirada del título vitalicio ha comenzado a adquirir tal intensidad que incluso un dirigente del PSOE, el diputado y secretario de Transparencia del partido, Odón Elorza, ha entrado en él. Elorza considera que Felipe VI debería pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el título vitalicio de rey emérito a su padre si quiere "sostener la Corona". 

¿Qué pasa con el aforamiento?

¿Enlazaría una eventual pérdida del título vitalicio de monarca con la pérdida del aforamiento? Es un misterio. Lo inédito de una situación como esta lleva a los expertos a resguardarse en la prudencia, aunque Javier de Lucas sí opina de manera abierta contra el mantenimiento de su blindaje ante el Supremo: "Es razonable retirarle el aforamiento porque no ha estado a la altura de ese privilegio".

Si retirar a Juan Carlos de Borbón el tratamiento honorífico de "majestad" resulta la cuestión más complicada de todas, privarle del aforamiento suscita menos dudas jurídicas. Salvo en el caso de Francisco Soler, quien entiende que el emérito mantiene intacta su inviolabilidad y que así lo alegará su defensa si se abre una investigación judicial, los restantes expertos mantienen que ahora es solo aforado. Y que privarle del aforamiento solo requiere modificar la ley. Ahora bien, para hacerlo haría falta cumplir un requisito básico: que obtuviese mayoría absoluta de votos –176 en el Congreso– quien propusiera la reforma de la ley que garantiza al emérito que solo el Tribunal Supremo podrá investigarle. 

Quitarle ese rango implicaría reformar la ley que en julio de 2014 introdujo el aforamiento para el emérito. Y esa ley quedó bautizada con un título que en absoluto ofrece pistas sobre el contenido que afecta a la Casa Real: "Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial". Esa norma de nombre kilométrico introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial un nuevo artículo, el 55 bis, que dice esto: "Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte". Ese nuevo artículo, señala el preámbulo de la ley, se incorpora "atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado".

En resumen: cambiarla es jurídicamente posible. Pero en la práctica ninguno de los expertos lo ve una opción cercana. 

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Salvo el mantenimiento o retirada del título de monarca vitalicio –el decreto de junio de 2014 emplea ese adjetivo, no la locución "rey emérito"– y el asunto del aforamiento, los expertos tienen claro que todo lo demás concierne a la Casa Real. Así como en el comunicado de marzo ya la Zarzuela anunció que Felipe VI retiraba su asignación a su padre (194.232 euros anuales), una eventual expulsión del recinto residencial regio también dependería de la Corona. ¿Y dónde debería vivir? ¿Compete ese factor de algún modo al Gobierno? Los juristas consultados creen que no. Hace dos años, cuando las grabaciones de Corinna Larsen salieron a la luz, la profesora Mariola Urrea recuerda que publicó un artículo donde se manifestaba favorable a que Juan Carlos de Borbón se mudase a otro país. "Hoy –opina ahora– creo que sería más conveniente que residiera en territorio español, al menos, mientras se resuelve cualquier proceso judicial contra su persona".

Pero todos coinciden en que su residencia solo concierne a su hijo Felipe VI: "En lo que dependa de la Casa Real –apunta Joan Carles Carbonell– el Gobierno no tiene nada que decir, aunque si deja la Zarzuela sería lógico asignarle una residencia oficial con escoltas". 

En la batería de interrogantes hay una que afecta al Gobierno: la de qué debería haber hecho si, tal como publicó este jueves elconfidencial.com, el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, le comunicó a la vicepresidenta Carmen Calvo hace un año la existencia de la fundación panameña donde el emérito ocultó como mínimo 65 millones abonados por Arabia Saudí. El Ejecutivo guarda silencio. Y de los juristas consultados es Javier de Lucas quien lanza el mismo dardo que otros expertos con los que habló infoLibre y que no accedieron a ser identificados. "No basta –proclama el catedrático– con una declaración ante notario ni que se lo comunique al Gobierno. Si es cierto que la Casa Real tuvo conocimiento de una actuación doblemente delictiva [por fraude fiscal y blanqueo], ¿no tiene la obligación de poner esos hechos en conocimiento del fiscal? Actúa como un particular cuando no es particular ni lo es su padre".