El pasaporte covid planteado por Ayuso queda reducido a una tarjeta informativa que no se le podrá exigir al ciudadano

La Comunidad de Madrid tiene previsto presentar "próximamente" su cartilla covid, una iniciativa que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso puso sobre la mesa tras la primera ola de la pandemia. Sin embargo, lo hará con un planteamiento bien diferente al que anunció a bombo y platillo la presidenta regional el pasado mes de julio. Según explican fuentes de la administración madrileña, el proyecto consistirá en un volcado en la tarjeta sanitaria virtual de los datos diagnósticos que se incluyen en el historial clínico sobre pruebas PCR, serológicas o de antígenos que se haya hecho cada ciudadano tanto en la sanidad pública como en la privada. Además, se contempla que pueda incluirse en esa cartilla información sobre test realizados en las farmacias, en caso de que finalmente se permita esta estrategia.

El proyecto, del que se está encargando la Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios, permitiría a los ciudadanos poder acceder a todos esos datos directamente desde sus dispositivos móviles, de forma que si hace un viaje y en el país de destino se le solicitan resultados negativos, pueda acceder a ellos facilmente sin necesidad de tener que portar consigo el documento acreditativo. Pero, para eso, será necesario descargarse la aplicación de la tarjeta sanitaria virtual y activarla a través del centro de salud. Más allá de eso, se están estudiando otros posibles usos prácticos que pueda tener.

Fuentes de la Consejería de Sanidad dicen que la medida será explicada "con detalle" próximamente. Sin embargo, lo que tienen claro es que esta cartilla no se podrá "exigir" a los ciudadanos. Es decir, será solo y exclusivamente informativa y no se contempla como un documento necesario para poder acceder a determinados lugares o a un puesto de trabajo. Eso lo tienen claro. De esta manera, el proyecto planteado en su día por Díaz Ayuso, que vino acompañado de desmentidos desde dentro de su propio Gobierno por los términos en los que lo planteaba la líder del Ejecutivo regional, queda descafeinado. 

Problemas sanitarios

La presidenta madrileña puso sobre la mesa su intención de poner en marcha una cartilla covid el pasado mes de julio, una vez superada la primera ola de la pandemia. Y lo hizo con unas afirmaciones que causaron alarma entre juristas y expertos sanitarios. Durante un acto en el que presentó la estrategia regional frente al coronavirus, Ayuso anunció que se iba a empezar a trabajar en una suerte de pasaporte de inmunidad que simulase a la "cartilla internacional de vacunación". En este sentido, indicó que este documento ayudaría a evitar confinamientos y a acceder a establecimientos como los gimnasios, museos, cines o cualquier recinto cerrado.

Estas declaraciones generaron un enorme revuelo entre los expertos sanitarios por ignorar meses de recomendaciones científicas. El Instituto de Salud Global de Barcelona ya alertaba en su documento ¿Es el pasaporte de inmunidad una opción adecuada para la estrategia de desconfinamiento?de que las pruebas para anticuerpos que entonces existían contra el SARS-CoV-2 mostraban "altas tasas de falsos negativos y positivos", por lo que destacaban que de usar una medida así para decidir "sobre el acceso de las personas a ciertos derechos y empleos", esto podría colocar a alguien "no inmune con un falso positivo en una posición vulnerable con riesgo a los demás".

También el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el covid-19  fijó su posición al respecto. Entre los motivos que daban para descartarlo, se encontraban, además de la imprecisión de las pruebas, el hecho de que una medida de estas características podría incentivar que "personas sanas" se contagiasen "intencionadamente". "Si el acceso a ciertas actividades se otorga solo a las personas que se han recuperado de covid-19, los pasaportes inmunológicos podrían incentivar a personas sanas y no inmunes a infectarse voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo", reflejaba el documento.

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"Discriminación inmunológica"

Además de a nivel sanitario, el plan planteado por Ayuso también generaba dudas legales y éticas por la "discriminación inmunológica" que podía llevar aparejada, tal y como sostenía el Instituto de Salud Global de Barcelona. Algo que no veía la presidenta regional, que consideraba "bastante lógico" poner "nombre y apellidos a quién está protegido y a quién no lo está". Sin embargo, sí que parecían verlo sus compañeros de Gobierno. "Nosotros no fomentaremos ni pondremos en marcha sistemas que discriminen a la población o favorezcan privilegios en detrimento de otros", sostuvo en público su vicepresidente, Ignacio Aguado.

Pero no fue el único. Dos días después de que se anunciase el proyecto piloto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aclaraba en televisión que no se podía "exigir esa condición de si uno ha pasado covid o no para realizar determinada actividad". Horas después, Ayuso continuaba defendiendo su propuesta: "No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto pero contra el covid a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesarios para empleos". Al final, el proyecto se limitará a un volcado de información diagnóstica.