El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
Privatización y seguridad en el modelo chileno
En las primeras horas de la tarde del pasado 25 de febrero, se producía un corte de suministro eléctrico en Chile en estaciones nodales del sistema, que como fichas de dominó fueron desactivando la transmisión en todo el país. El apagón fue prácticamente total al afectar a los casi veinte millones de chilenos. Los intentos de reconexión inmediata de la empresa gestora no consiguieron recuperar el sistema nacional. La envergadura del fallo sistémico en cadena sumió al país en un caos estructural. El gobierno encargó el seguimiento de la incidencia al coordinador nacional de la red eléctrica y activó el sistema nacional de respuesta.
Todos los sectores económicos, con diferentes niveles de electrodependencia, se vieron afectados por la incidencia. El fallo repercutió de forma inmediata en el sistema de transportes con la paralización del metro de Santiago y la consiguiente evacuación por medios terrestres de los usuarios, así como la suspensión de los servicios ferroviarios y de los vuelos programados. Las telecomunicaciones sufrieron intermitencias y saturaron en pocas horas los sistemas alternativos de sostenimiento de la conexión. La interferencia sobre la movilidad general y los servicios esenciales a la comunidad, como la atención sanitaria, tuvo un impacto estratégico en la seguridad. El gobierno decretó el estado de excepción, con toque de queda en horario nocturno, para proteger la seguridad pública.
La restauración del servicio eléctrico no se inició, de forma progresiva, hasta ocho horas después en el área de Valparaíso. La recuperación total del servicio, con la incorporación de todos los circuitos regionales, se consiguió en las primeras horas del día siguiente. La implicación de diferentes empresas multinacionales gestoras del servicio complicó sobremanera la vuelta de la electricidad. El plan nacional de recuperación, establecido por el supervisor estatal, chocó con los diversos procedimientos técnicos, recursos y características del servicio de las empresas concesionarias de distintas nacionalidades. El intento de conexión con la red argentina resultó infructuoso. En esta situación, el Gobierno, cuya investigación propia descartó desde el primer momento intencionalidad en el corte, anunció la aplicación de medidas sancionadas a las empresas responsables.
En los años 2010-2011 hubo también apagones de características similares al actual, aunque de menor impacto en el sistema nacional. La crisis repentina que ha sacudido al país, por un desastre que no es de naturaleza natural, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la privatización de la infraestructura pública. El modelo de negocio empresarial de prestación de servicios esenciales, aunque reformado en algunos aspectos, se remonta a la política económica ultraliberal de la dictadura del general Pinochet en los años setenta. Como es sabido, un grupo de economistas chilenos, posgraduados en Estados Unidos, aprovecharon la oportunidad del golpe militar para implementar estas políticas neoliberales.
Un sistema fragmentado en la generación y distribución de la energía eléctrica y en manos de concesionarias que se mueven por el ánimo de lucro no es garantía de defensa del Estado ni de seguridad de sus ciudadanos
La llamada Escuela de Chicago, liderada por el profesor Harberger siguiendo la teoría monetarista de Milton Friedman, estaba en abierta oposición a las políticas anticíclicas de expansión del sector público keynesianas, que habían presidido el desarrollo económico sostenido de la posguerra mundial. El cambio de paradigma macroeconómico encontró en los regímenes autoritarios suramericanos, anulada la capacidad de respuesta política y social, una oportunidad propicia para ensayar políticas radicales de liberalización. En el modelo neoliberal se priorizaba la estabilización fiscal con políticas monetarias de corrección del déficit público y control de la inflación. La aplicación del programa económico se hacía asumiendo los efectos regresivos en el bienestar y en la distribución de la riqueza.
La falta de control del Estado chileno de la infraestructura básica de prestación de los servicios públicos, como herencia de las políticas de la dictadura, tiene una doble derivada: económica y de seguridad nacional. En el ámbito energético, supone inseguridad en el servicio y limitaciones añadidas para la comercialización de los excedentes de la producción de renovables del gran parque eólico y solar; y respecto a la seguridad nacional, indisposición del control pleno de los recursos energéticos. Un sistema fragmentado en la generación y distribución de la energía eléctrica y en manos de concesionarias que se mueven por el ánimo de lucro no es garantía de defensa del Estado ni de seguridad de sus ciudadanos.
La apertura al mercado de servicios esenciales puede bajar el coste del producto o servicio al erario público y al consumidor final por efecto de la competencia empresarial, pero hace vulnerable al sistema y atenta a la seguridad del suministro. La lógica del beneficio, además de suponer una bajada de la calidad en la prestación del servicio y no necesariamente en una operativa más eficiente, lleva a la reducción de costos en el mantenimiento de la infraestructura, cuando ésta no está garantizada por la inversión pública. Las competencias del Estado en la regulación, la supervisión y la fiscalización del sistema, como se ha visto con el apagón generalizado, no son suficientes para ejercer un control soberano sobre los servicios esenciales a la comunidad.
Décadas después de recuperar la democracia en Chile, el país sigue pagando las consecuencias de políticas dogmáticas que atentan al bien común y a la seguridad humana en tiempos de amenazas híbridas y de un creciente dominio de las grandes empresas multinacionales, regidas por potentados con declaradas ambiciones políticas. El apagón en Chile es un aviso a navegantes y nos recuerda el sinsentido de transferir recursos públicos, bajo control democrático, a la iniciativa privada doctrinaria, regida por el interés particular de la cuenta de resultados, máxime en un entorno desregulado, que no rinde cuentas más que a sus accionistas.
