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Lo catastrófico es no hacer nada

En un país en el que las políticas de salud pública son poco más que un recurso de emergencia ante problemas sobrevenidos –el ébola es ejemplo de ello– y las políticas sanitarias se gestionan a corto plazo y buscando la eficacia política más que la racionalidad y la eficiencia en la gestión asistencial, sigue pendiente el gran acuerdo o al menos el gran debate sobre qué hacer con el modelo sanitario. Lamentablemente, los tiempos presentes y los que vienen de inmediato no parecen alentar la necesaria toma de decisiones arriesgadas ni se ve mucha disposición entre los políticos a la discusión sobre tan sensible materia.

Pero habría que empezar a poner ya de verdad sobe la mesa asuntos como el verdadero papel del Consejo Interterritorial, la necesidad de una armonización o al menos coordinación de la políticas autonómicas, la autonomía de los gestores –demasiado dependientes de los gobiernos–, el acercamiento entre la investigación y la clínica, la informatización de las tarjetas sanitarias (Hacienda lo sabe todo de nosotros, pero nuestra historia clínica no está en red ni siquiera en las propias comunidades autónomas), la receta electrónica, el papel de los sanitarios…y así hasta el infinito. La Sanidad y la Salud Pública en España siguen siendo el gran asunto de Estado pendiente de resolver.

Lo que sucede ahora con las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles es otro aviso de que algo tiene que cambiar. Es la herencia de aquel Real Decreto Ley 16/2012 firmado por la ministra Mato que se vendió como otro paso en la mejora de la política sanitaria española y sólo ha conseguido tres años después que los sanitarios hayan perdido poder adquisitivo y hayan ganado desánimo, y los hospitales hayan recortado compras y mejoras en material y medicamentos. Poco más. Entre ese poco más, privar a un importante sector de la sociedad española de la asistencia sanitaria que hasta entonces se le venía prestando.

Esa medida en concreto no despertó grandes entusiasmos en las consejerías de los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, que en la mayoría de los casos la aplicó con algunos parches sin cerrar del todo las posibilidades de prestar esa atención cuando fuera necesario. Madrid, con la exlideresa al frente, fue excepción en este sentido. Y ahora vuelve a serlo en el contrario.

La decisión de cuatro comunidades autónomas de devolver la tarjeta sanitaria a esos inmigrantes vuelve las cosas a la situación anterior al decreto Mato, pero abre una polémica que acaso debiera ser aprovechada para poner sobre la mesa la necesidad de un debate sobre el Sistema Nacional de Salud. Un debate amplio y comprometido sobre qué hacer con la Sanidad en España en el que cada formación ofrezca propuestas concretas para mejorar la situación de todos los usuarios de la Sanidad Pública, y de paso despeje las dudas sobre intenciones privatizadoras.

La asistencia sanitaria es un derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución que debe ser responsabilidad de las administraciones públicas y su acceso universal e igual para todos. Conviviendo y apoyándose si es necesario en el sector privado, pero siempre con provisión pública y sin dejar a ningún ciudadano fuera.

La decisión de Valencia, Baleares, Cantabria y Aragón, y la reforma que anuncia Cifuentes en Madrid van en la buena dirección. Y probablemente inviten a otras comunidades a seguir con sus “parches” y hasta a plantar también cara al gobierno a pesar de su aviso de “consecuencias catastróficas”.

Lo que será catastrófico es que siga sin hacerse nada ante el deterioro lento pero seguro de la Sanidad en España.

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