Las tres líneas rojas que sostienen a Sánchez

Permítanme que empiece esta cita semanal que tengo con ustedes con una obviedad que, a la luz de lo que se va leyendo estos días, creo necesario recordar: Quienes hacemos esto que se llama análisis político hemos de construir nuestras afirmaciones sobre lo que en cada momento se sabe y no sobre lo que cada cual se imagina. Me dirán que vaya descubrimiento, y en efecto, así es, pero quizá si acaban de leer esta columna entiendan por qué quiero dejarlo negro sobre blanco.

El shock que el informe de la UCO ha generado en el PSOE y en la sociedad española ha metido a nuestra democracia en una situación muy complicada. Más bien la ha retrotraído a los tiempos de Roldán, Gürtel y aledaños. En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura que sacó a M. Rajoy de la presidencia del Gobierno por el caso Gürtel, la corrupción era la segunda preocupación de los españoles según el CIS. Hasta el jueves pasado, había que bajar hasta el puesto noveno para encontrarla. No había desaparecido del mapa de las preocupaciones, pero había descendido drásticamente. No me atrevo a vaticinar qué pasará la próxima vez que se pregunte a la ciudadanía sobre esto. 

La contundencia de las informaciones, los indicios y las pruebas que se aportan en el informe de la UCO no dejan lugar a dudas y nadie lo ha negado, a diferencia de en otras ocasiones donde todavía hay quien anda pensando quién era “M. Rajoy”. La gravedad es extrema y la pregunta sale por sí sola: ¿Qué debería hacer Pedro Sánchez? 

A la luz de las informaciones conocidas, insisto, sobre lo que sabemos y no sobre lo que cada cual se imagine –terreno abonado a los sesgos–, las respuestas que se le pueden pedir al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno dependen, desde mi punto de vista, de si se traspasan o no tres líneas rojas.

La primera, y definitiva, si el número 1 del PSOE era conocedor de algo de esto y miraba para otro lado. Media España está convencida de que sí y la otra media lo duda ante la perplejidad que ocasiona preguntarse “¿Cómo ha podido pasar algo así?”. Con los datos que hoy tenemos en la mano y las informaciones publicadas no hay nada que indique que Sánchez estaba al tanto. Es más, si intuía siquiera algo, ¿cómo es posible que el miércoles por la noche, con el rumor ya saltando a todos los medios, el PSOE enviara un contundente comunicado reafirmando su apoyo a Santos Cerdán? 

La segunda línea roja, desde mi punto de vista, es que no exista financiación ilegal del partido socialista. Es decir, si ese “impuesto” del que hablan en los audios se refiere a la cuota que todo cargo público paga al PSOE –como al resto de partidos, aunque su cuantía varíe–, o si hay algo más. Las investigaciones del Tribunal de Cuentas no pueden detectar los ingresos irregulares puesto que se hacen sobre la información que cada partido entrega, de ahí la importancia de una auditoría que debe ser rigurosa y profunda, lo que los expertos en lucha contra la corrupción llaman una “auditoría forense” realizada por una empresa que no contrate con el gobierno de España. 

La tercera línea roja tiene que ver con lo anterior. ¿La trama de corrupción está circunscrita al territorio de Ábalos/Koldo/Cerdán o más que un tumor por extirpar estamos ante una metástasis con más órganos afectados? Si hubiera más empresas públicas, ministerios o territorios infectados, estaríamos ante una situación claramente insostenible.

En mi opinión, si se traspasa cualquiera de esas tres líneas rojas, Pedro Sánchez no podría sostener la situación y estaría abocado a marcharse por cualquiera de los caminos posibles: disolución de Cortes y convocatoria electoral, dimisión como Presidente del Gobierno sin disolver Cortes y proponiendo otro candidato/a que termine la legislatura, etc. En lo interno, no creo que queda duda alguna de que el PSOE está abocado a un nuevo Congreso que renueve no sólo la ejecutiva, sino sus prioridades y compromisos contra la corrupción.

Si ninguna de esas líneas se traspasara, en mi opinión, las opciones de seguir adelante tienen que partir de que el propio Sánchez tenga fuerzas personal, moral y anímicamente para seguir. Lo que queda de legislatura va a ser, si cabe, más duro para él de lo vivido hasta ahora.

Si finalmente Pedro Sánchez decide tirar hacia adelante, no sólo ha de hacer realidad ese plan de regeneración que anunció tras sus cinco días de retiro y que nunca vio la luz, sino que debe dar un giro de calado a la legislatura

Si finalmente decide tirar hacia adelante y sus socios y su partido se lo permiten, no sólo ha de hacer realidad ese plan de regeneración que anunció tras sus cinco días de retiro y que nunca vio la luz, sino que debe dar un giro de calado a la legislatura, como le están pidiendo sus aliados. Eso incluye una remodelación de profundidad del gobierno, no tanto porque pueda estar afectado por corrupción –insisto, de momento no se conoce ningún caso–, sino porque adolece ya de desgaste, falta de iniciativa y energía desde hace meses. Ya antes de conocerse los casos de corrupción, ese cambio de gobierno era necesario. Ahora, es imprescindible.

Más allá de lo que pase en las próximas horas, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Cómo ha sido posible que un partido que ya fue duramente castigado por la corrupción, y en el que Pedro Sánchez había hecho su 15M interno, haya vuelto a caer por esta deriva y no haya sido capaz de poner todas las medidas para evitarlo? ¿Cómo entender que el ministro de Interior no tuviera ninguna señal de que las investigaciones de la UCO eran de esta gravedad? Pero vayamos más al fondo: ¿Por qué siguen funcionando con esa discrecionalidad las mesas de contratación de las empresas públicas, en las que, por cierto, participan tanto cargos políticos como funcionarios de alto nivel? ¿Por qué se gestionan en esas empresas públicos asuntos que bien podrían dirimirse en la Administración General del Estado (en cada ministerio, por ejemplo), adecuando los procesos de contratación para conservar garantías y ganar agilidad? ¿Cuándo se va a castigar a las empresas que corrompen con la misma dureza que a los políticos corruptos? Si esas empresas fueran condenadas y se les prohibiera volver a contratar con la Administración pública, buena parte del problema estaría solventado.

Todas estas preguntas tendremos tiempo para contestarlas, ya que me temo que vamos a seguir hablando de corrupción durante una buena temporada. La parte positiva es que sabemos lo que hay que hacer. La negativa, que también conocemos las dificultades para que se haga.