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Casado, ¿hablamos de Europa y de corrupción?

Dice el director mexicano Guillermo del Toro que vivimos un momento de profunda desintegración de la verdad y la mentira. Estando de acuerdo, la afirmación no sirve para la política. Retorcer la verdad, construir la opinión al margen de los hechos, es una estrategia intencionada. Las dos semanas del bulo de las macrogranjas contra Alberto Garzón han servido, entre otras cosas, para poner en evidencia un patrón que la oposición utiliza repetidamente. No se trata de una mala interpretación de los hechos, una legítima defensa ideológica frente a decisiones del Gobierno o el control necesario que necesitamos de la oposición. Hablamos de estrategias basadas en falsedades. Y así, acabamos discutiendo en torno a las mentiras más que sobre los hechos. 

La campaña del PP para cuestionar la gestión de los fondos europeos se ha construido al margen de toda realidad. Pablo Casado, que llegó a decir que los negoció él mismo con Angela Merkel, Úrsula von der Leyen y Christine Lagarde, ahora denuncia que son un foco de corrupción y tráfico de influencias. El reparto comunista de la Unión Europea, poco menos. Y lo denuncia ante la Comisión, la institución que aprueba, supervisa y vigila el plan. 

Empezó Isabel Díaz Ayuso marcando la estrategia del partido. Anunció el recurso a una partida de 9 millones de euros a cuatro comunidades autónomas ante el Constitucional, luego al Supremo y finalmente presentado ante la Audiencia por error. Le han dado  continuidad el resto de líderes autonómicos, como Fernando López Miras, presidente de Murcia, una comunidad infectada como Madrid por causas judiciales, porque “no se fía” de cómo elige los proyectos el Gobierno. Ya no son los 9 millones, sino todo el paquete de estímulo Next Generation UE.

Por recapitular, el PP primero insistió en que fracasarían las negociaciones. Luego votó en contra del mecanismo de reparto. Después anunció que no llegarían los fondos. Y ahora los pone en duda a pesar de que el 44% del presupuesto lo gestionarán sus comunidades autónomas. ¿Y todo con qué fin? ¿Bloquear el reparto, retrasar la recuperación? 

La Comisión, como bien sabe el PP, ha establecido un protocolo difícil de vulnerar. Los fondos están muy controlados. De hecho, una crítica recurrente a las instituciones europeas es precisamente la burocracia en el control y la auditoría de las ayudas, a veces tediosa y exhaustiva. En este caso, se creó incluso una comisión de seguimiento ad hoc para evaluar los planes y el cumplimiento de los objetivos. En las cerca de veinte reuniones convocadas hasta ahora en Bruselas, el PP y Luis Garicano, de Ciudadanos, han cuestionado el plan español. No para sumar, ni conseguir más fondos, como ha señalado la eurodiputada Eider Gardiazabal, ponente del plan y coordinadora socialista en la Comisión de presupuesto, sino por la mera intención de tumbarlo. Deslizando la idea de que España no tiene capacidad para ponerlo en marcha o incumple con los requisitos. 

La realidad, de nuevo, es que España fue de los primeros países en presentar el Plan de Recuperación y Resiliencia, los primeros en ser evaluados, con una nota de diez sobresalientes y un aprobado, los primeros en recibir la prefinanciación, el primer pago, y la felicitación pública de la presidenta conservadora de la Comisión, Ursula von der Leyen. 

Casado utiliza los fondos para atacar al Gobierno a costa de saltar sobre el tablero de Europa. Alineándose con posiciones más cercanas a Vox en España y a Hungría en el Parlamento Europeo que a sus homólogos del grupo del PP europeo (PPE). Así, colocados fuera del marco conservador, llegaron a denunciar la falta de garantías constitucionales en España. Con la ley mordaza del PP vigente y con Carles Puigdemont celebrando el apoyo colateral de Pablo Casado al discurso del independentismo catalán sobre la falta de independencia judicial. Y ha preferido situarse fuera de los grandes pactos, desde la reforma de las pensiones a la reforma laboral, ambas impulsadas y condicionadas por los fondos europeos. 

Casado utiliza los fondos para atacar al Gobierno a costa de saltar sobre el tablero de Europa. Alineándose con posiciones más cercanas a Vox en España y a Hungría en el Parlamento Europeo que a sus homólogos del grupo del PP europeo

Ni Italia, Francia, Alemania o Rumanía están haciendo la oposición de Pablo Casado. La única excepción es la de Polonia y Hungría en un debate que va más allá y vincula los fondos con el respeto del Estado de derecho. Frente al Green New Deal europeo, Casado se empeña en defender el partido del primo de Rajoy. En apostar por las macrogranjas y ningunear el cambio climático. Rechazar los pactos europeístas, la respuesta coordinada de Europa con la mayor inversión de la historia y el impulso a la construcción europea que tanta falta hacía tras años de austeridad. 

Está bien que el PP pida transparencia y controles. Ahora que en febrero se cumple el primer aniversario del anuncio de venta de la sede de Génova 13, puede empezar por aclarar las causas de financiación ilegal del PP en Madrid, Salamanca o Almería. O Gürtel, Lezo, Púnica, Kitchen y las cuatro condenas a título lucrativo en casos de corrupción que tiene en el horizonte judicial de 2022. Y como llevan repitiendo dos semanas en la campaña de Castilla y León, si hay que resolver los asuntos dentro de casa, puede empezar por estos. O al menos, cuando denuncien irregularidades en Europa, que tengan algún agarre con la realidad.   

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