La tormenta que el Gobierno no ve

Da igual las vueltas que le demos, saber dónde quiere llegar el Gobierno en su estrategia con Pegasus es misión imposible. No lo supimos cuando estalló el escándalo y menos ahora, tras dos semanas de mensajes contradictorios e inconexos. No sabemos si el Ejecutivo está priorizando la seguridad del Estado o los derechos fundamentales y, en consecuencia, ninguno. Las distintas versiones oficiales están dejando cierto sabor de legislatura rota y desasosiego en los votantes. Y una sensación de desorden institucional que da alas a una derecha regresiva. El último sondeo de Belén Barreiro, de 40dB, recoge un estado de ánimo de desmovilización en la izquierda y reorganización entusiasta con la llegada de Alberto Núñez Feijóo. La derecha roza la mayoría ante una izquierda en retroceso. Lo refleja la encuesta y se palpa en el Congreso y en la calle. “Hay una tormenta ahí fuera”, ha espetado la diputada Mireia Vehí a Margarita Robles colocándola en “el centro del escándalo”. La tormenta real va más allá. Tras Pegasus, el Gobierno tiene que recomponer su red de confianza con los socios. Con todos los socios. 

Tras la rueda de prensa apresurada de Félix Bolaños y la defensa encendida de Robles en la Comisión de Defensa, la lista de preguntas sin contestar está clara. Las responsabilidades también, Jesús Maraña lo expone con meridiana claridad en esta columna (ver aquí). Hasta ahora, ninguna explicación tiene sentido. Bolaños desaprovechó la oportunidad para detallar ante qué tres tipos de espionajes podríamos estar. Uno legal desde el CNI, otro desde agentes externos —hay indicios que apuntan al extranjero— y otros que podrían ser sin control judicial o de terceros, aunque sea difícil pensar en quién podría tener interés en la mujer de Jordi Cuixart o el padre de Elies Campos, autor del informe Pegasus y espiado por su vinculación independentista. 

El ‘Quién espió al presidente’, según reconoce la portavoz Isabel Rodríguez, podría no averiguarse. Si vamos a cómo pudo ocurrir, el CNI ha filtrado un manual que envió al Ejecutivo en julio de 2021 para que ministros y altos cargos evitaran la infección de Pegasus en sus dispositivos. Una decisión incompatible con la dificultad tecnológica para detectar el programa mercenario. De ser cierto que esta fue la actuación estrella del CNI ante una amenaza que ya era internacional, es reconocer que dejó en manos de altos cargos su propia seguridad. El CNI usa Pegasus y conoce la agresividad invasiva del malware, dar a entender que los ministros infectados lo fueron por dejación es impropio en términos de seguridad nacional. 

Si cae Robles o la directora del CNI sin motivos sólidos, Sánchez será el primer presidente europeo en cesar a las jefas de los servicios secretos. Ni Merkel ni Macron lo hicieron tras saberse espiados

Tampoco tiene sentido la explicación de Félix Bolaños, que ha pasado de defender los secretos de Estado a airearlos en la fiesta del 2 de mayo. O desconocer como ex Secretario General de Presidencia el fallo de seguridad en el dispositivo de la exministra Arantxa González Laya. En la comisión de Defensa, Margarita Robles ha vuelto a despreciar el trabajo del laboratorio Citizen Lab y ha cuestionado la reputación de la investigación. Y esto cuando ha sido gracias a la iniciativa de los expertos en ciberseguridad —y no del CNI— el motivo de alarma para revisar los móviles del Ejecutivo. La ministra sabe que ha sido espiada gracias a su trabajo. Aun así, es la única autoridad de un gobierno en Europa que cuestiona el trabajo de los consorcios y el laboratorio internacional para frenar Pegasus.

PNV, ERC, UP, Más Madrid, Bildu y Ciudadanos, todas las formaciones en las que se apoya el Gobierno, han exigido una comisión de investigación sobre Pegasus. Yolanda Díaz: “Ningún miedo a esclarecer los hechos, es gravísimo”. Iñigo Errejón, siempre comedido: “Tienen que rodar cabezas”. Pablo Echenique, al borde de pedir la dimisión expresa de Robles: ““Usted sabe lo que debe hacer, no solo por su dignidad, sino por la dignidad del Gobierno”. En ERC, Gabriel Rufián escala: “Se puede cargar la legislatura”. Desde el PNV, Aitor Esteban exige investigar “hasta dónde llega el descontrol”. “Si los espionajes del Gobierno son externos, ¿desde dónde son el resto?”, Jon Iñarritu. En Ciudadanos, Edmundo Bal pide “todas las explicaciones”. Los actores políticos que han ido sacando las leyes adelante, desde el estado de Alarma al decreto anticrisis, comparten la misma exigencia. Y cuando nadie comprende tu versión de los hechos, el problema es tuyo, no del otro. 

El problema a medio plazo no es que Bolaños y Robles mantengan el fuego cruzado sobre quién es responsable de que espíen al presidente. Es que colisionan con la defensa de principios básicos de un electorado fragmentado. En una democracia moderna, los derechos civiles y la transparencia son infranqueables. En un contexto geopolítico convulso, los servicios secretos son un pilar del Estado. La solución para Sánchez es endiablada. Si cae Robles o la directora del CNI sin motivos sólidos, será el primer presidente europeo en cesar a las jefas de los servicios secretos. Ni Merkel ni Macron lo hicieron tras saberse espiados. Si no asume ninguna responsabilidad, el independentismo le guardará la traición de no esclarecer en España lo que se investiga fuera. Y otra escala de grises de votantes guardará en el disco duro del voto cierta desconfianza hacia un Ejecutivo sin capacidad para resolver un escándalo de estas dimensiones. En definitiva, si hay ceses en Defensa, corre el riesgo de ceder ante el independentismo. Si no los hay, peligra la mayoría parlamentaria y la coalición. Y sin una buena resolución del escándalo Pegasus, el Ejecutivo continuará desgastándose. 

La crisis política es mayor que la de seguridad. En este escenario, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso es la última baza del Gobierno para hacer comprensible el escándalo Pegasus. Con la instrucción judicial bajo secreto, solo Sánchez puede dar explicaciones que conjuguen la denuncia de Bolaños del fallo de seguridad al máximo nivel y la defensa a ultranza del CNI de Robles. Y buscar la fórmula para despejar cuestiones clave: Si se espió a los altos cargos independentistas con autorización judicial —su socio Pere Aragonès a la cabeza— y si el fallo de seguridad nacional exige cambios en los servicios de inteligencia.

Hay una tormenta ahí fuera. Salvo que nos falte información, donde más arrecia es en Moncloa. Puede que hayamos llegado al fin de la legislatura como la conocemos. Si es así, tendrán que buscar otra fórmula para seguir hablando de lo importante. Por ir a lo inmediato e importante, Pegasus no puede tapar la mejora en la calidad del empleo, la pelea silenciosa de Yolanda Díaz por cambiar el paradigma la precariedad, el 48% de contratos fijos de abril o alcanzar el umbral de 20 millones de trabajadores cotizantes. Para la gobernabilidad, el escenario político que ha dejado Pegasus es inquietante. Y esta vez, por más reproches que puedan hacerse a los socios, la culpa no es ‘del otro’. La respuesta tiene que llegar de Presidencia.