Bienvenido Mr. Reynders
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha estado 48 horas en Madrid para decirle a los poderes del Estado lo que dice la Constitución que tienen que hacer, que es cumplir la ley y renovar el Consejo General del Poder Judicial, ocupado por una mayoría que no representa a los españoles. Sólo han faltado las fanfarrias de la película de Berlanga para ilustrar la secuencia, después de semanas esperando la llegada del responsable europeo llamado a mediar en el conflicto. Como si la democracia española necesitara un relator, como si no fuera autosuficiente y como si éste fuera un problema que no tuviera una única salida.
El surrealismo del planteamiento se corresponde poco con la situación, que es grave. Porque se está resintiendo el funcionamiento de la Administración judicial (la cúpula en funciones no puede hacer nombramientos) y porque de ésta sale muy tocada su reputación. ¿A quién vamos a convencer cuando repitamos el mantra de la indepedencia de los jueces si llevamos años asistiendo a una lucha vergonzosa sobre cómo repartir el poder en su puente de mando? La responsabilidad de este despropósito hay que situarla en el ámbito político, sí, pero los vocales han sido partícipes de la jugada manteniéndose en sus puestos sin destogarse bajo la tormenta. Para terminar de complicarlo, llevan todo el mes de septiembre dedicados al pasteleo sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, incumpliendo el plazo previsto en la ley. Al sector conservador no le gustan las reglas del juego y no las cumplen, tal y como defiende Alberto Núñez Feijóo, invocado como el hombre de Estado que iba a sacar al PP de los desvaríos del inexperto Pablo Casado.
Y es cierto que está fuera de toda duda que el bloqueo se debe al PP, pero en la tarea de debilitar la imagen del sistema cada uno ha puesto su granito de arena. Que una ministra pase directamente del Gobierno a la Fiscalía General del Estado mina la confianza en su independencia y hace que la batalla política la persiga a cada paso, incluso cuando va camino de la puerta. Y después de dejar el cargo: el reciente ascenso de Dolores Delgado se ha producido con el rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal, situando de nuevo al Ministerio Público bajo los focos de la polémica y con una foto ya habitual: a Dolores Delgado solo la apoyaron “los suyos”.
Como si la democracia española necesitara un relator, como si no fuera autosuficiente y como si éste fuera un problema que no tuviera una única salida
Porque el consenso en el funcionamiento de las instancias judiciales ya ni siquiera es una aspiración. Se asume que hay bandos y que están para dar la batalla ante la mirada indiferente, incrédula, estupefacta, apática o indignada (de todo habrá) de los ciudadanos. Mientras, escuchan ese mantra de que las sentencias están para respetarlas y acatarlas. Eso sí, si cambia la correlación de fuerzas en la sala del Tribunal Supremo que decide, puede rectificar y dictar otra sentencia totalmente contradictoria que también habrá que respetar y acatar. Ocurrió hace poco: se fueron dos de los tres magistrados partidarios de rechazar los recursos del procés y se incorporó una magistrada favorable. Cambió la mayoría de la sección del Supremo y cambió el criterio que había establecido pocos meses antes.
Así que planea la sombra de la politización, con un zumbido que se hace muy molesto cuando hay sentencias muy mediáticas y controvertidas, como la del caso de los ERE. No la firma el conjunto de la sala del Supremo. Tres magistrados condenan por malversación mientras otros dos entienden que no hay prueba alguna que lo justifique. ¿Si la composición de la sala tuviera otra mayoría cuál sería la sentencia? Tratándose de penas de seis años de cárcel, es desolador que esa pregunta sea pertinente.
No hacía falta que viniera el comisario para que nos confirmara que España no es Polonia. Sólo faltara. Pero la credibilidad del sistema judicial entre los españoles no pasa por su mejor momento y no parece que el Bienvenido Mr. Reynders de estos días ayude a repararla. Es más, meter al comisario en este embrollo pone el foco sobre un problema que no se resuelve en dos días de gestiones en Madrid. Ni siquiera si obra el milagro de la renovación del CGPJ. Queda mucha tarea.
