Permítanme que comience con un breve espacio para la melancolía. Mi padre se jubiló siendo Coronel de la Guardia Civil. Como mi maestro Machado, mi infancia son los recuerdos de los patios de las Casas Cuarteles y mi juventud más de veinte años en tierras de Castilla también dentro de sus recintos. Por eso puedo decirles que ya en aquellos tiempos existía un Servicio de Información, conocido como la Brigadilla, que trabajaba fundamentalmente en detectar delitos menores que poco aportaban a la seguridad nacional.
Los tiempos han cambiado de manera radical y, como podemos comprobar por la trágica actualidad, estamos ante un escenario dramático. Desde hace tiempo nos hemos instalado en un mundo globalizado, en el que las grandes sociedades industriales y financieras tienen un papel preponderante que les incita a situarse por encima de la ley. En tiempos ya un poco lejanos, la criminología crítica norteamericana acuñó el término de delincuencia de cuello blanco. Hoy más bien de yate blanco y jet privado. Una democracia nunca ha sido derrotada por el terrorismo; sin embargo, la corrupción es el germen de su descomposición. Varios países han sido conscientes de este peligro y han reaccionado creando organismos especializados en la investigación y persecución de estas actividades. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está formada por un grupo de personas seleccionadas por sus conocimientos y especialización en la investigación de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado.
El artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los organismos judiciales y gozará de permanencia, estabilidad, especialización y estricta sujeción o dependencia funcional respecto de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal. Sus informes equivalen, en principio, a los atestados, pero en algunos casos pueden contener materia que debe ser objeto de pericia contrastada. He sido crítico con alguna de las últimas aportaciones de la UCO, pero debo reconocer que el informe de 5 de junio de 2025, en relación con lo que se conoce como caso Koldo-Cerdán-Ábalos, me parece modélico por algunos aspectos que quiero destacar.
Es preocupante que el informe de la UCO se haya filtrado con anterioridad a su llegada al Juez Instructor, privando de efectividad a las entradas y registros en domicilios o empresas
Para todos aquello que no estén dispuestos a digerir sus 490 páginas, les recomiendo la lectura de las seis líneas de la conclusión final: "Todo lo expuesto en el presente atestado ha de entenderse en términos de presunción, y las conclusiones obtenidas como una consecuencia de la función que a esta Unidad, como órgano de Policía Judicial, le es conferida por la Ley para la averiguación de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por lo que quedan sometidas a la valoración judicial". Conténganse los aficionados a formular condenas o descalificaciones prematuras.
El informe se divide en dos fases cuya diferenciación advierte en el encabezamiento. En él puede leerse: con estos precedentes, se ha ubicado en el año 2015 el inicio del análisis, ya que desde ese punto se puede observar una continuidad temporal en las relaciones de Koldo con ACCIONA, y la relación directa de ambas entidades con el propio Santos. Estas vinculaciones se prolongan igualmente durante la estancia en el MITMA (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) de Ábalos y Koldo entre 2018 y 2021.
Con una perfecta sistemática va desgranando la localización de las obras, sus fechas y las empresas que las ejecutaron. Se centra inicialmente en todo los acontecido en Navarra con la participación de Koldo y de Cerdán antes de que Ábalos llegase al ministerio. En mi opinión, quizá podría desglosarse este periodo, remitiéndolo al Tribunal Superior de Justicia de Navarra siempre que no hubiese una conexión insalvable con lo sucedido en el periodo ministerial. Entre otras razones porque me consta que la conocida como secretaría de Causas Especiales solo dispone de una Letrada de la Administración de Justicia y dos funcionarias. El propio informe destaca que esta primera etapa se remonta, al menos, al año 2015 y habría estado ligada a la estrecha relación de FERNANDO–ANTXÓN– KOLDO–SANTOS a través, principalmente, de la vinculación mercantil ACCIONA y SERVINABAR.
La UCO dedica especial atención a lo que denomina etapa ministerial, que incuestionablemente constituye el núcleo de la trama principal. En este periodo entran obras relativas a la alta velocidad, carreteras y el Puente del Centenario de Sevilla entre otras muchas. Es evidente que de las muchas conversaciones que se han transcrito se deduce que ha habido cobros de cantidades importantes de dinero, pero cautelosamente se alude a presuntas contraprestaciones derivadas de la obra pública.
En las páginas 407 a 490 se proponen una serie de actuaciones encaminadas a constatar la cuantificación de las sumas de dinero percibidas ilegalmente. Solicitan las entradas y registros en numerosos domicilios de personas físicas y empresas, así como información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo de varias cuentas bancarias. Como dice un proverbio árabe, hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, un hombre montado en un camello y el dinero.
Lo que nos debe preocupar es que el informe se haya filtrado con anterioridad a su llegada al Juez Instructor, privando de efectividad a las entradas y registros en domicilios o empresas que han podido deshacerse de documentos o archivos comprometedores. Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse, la UCO debe abrir una investigación sobre los orígenes del filtrado, activar la capacidad de autocontrol a través de Asuntos Internos y poner todos los medios para atajar cualquier vulneración del necesario sigilo que debe presidir sus actuaciones.
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José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).
Permítanme que comience con un breve espacio para la melancolía. Mi padre se jubiló siendo Coronel de la Guardia Civil. Como mi maestro Machado, mi infancia son los recuerdos de los patios de las Casas Cuarteles y mi juventud más de veinte años en tierras de Castilla también dentro de sus recintos. Por eso puedo decirles que ya en aquellos tiempos existía un Servicio de Información, conocido como la Brigadilla, que trabajaba fundamentalmente en detectar delitos menores que poco aportaban a la seguridad nacional.