Anemia española

La ciencia atribuye la anemia a que la sangre no transporta suficiente oxígeno al resto del cuerpo por falta del hierro necesario para producir la hemoglobina, que es el vehículo para el transporte del mismo. Ello produce debilidad, mareos e irritabilidad.

No seré yo quien abone el tradicional discurso español cainita y catastrofista. Tenemos cosas muy buenas, otras no tanto y algunas muy malas. Entre las buenas y no tan buenas no está la calidad de nuestra gobernanza ni nuestro sistema político-administrativo. Justamente, a pesar de las apariencias, podría decirse sin faltar a la verdad que España está anémica: débil, mareada e irritable. Por otra parte, y tal como indicaba recientemente un artículo en la prensa diaria del catedrático de Derecho Administrativo Muñoz Machado, Catalunya está anómica, esto es, “faltada” de normas a causa de un proceso político mal planteado que, por razones diversas sobre las que unos y otros polemizan, augura un devenir incierto. Pues bien, entre muchos otros varios factores causales, a mi juicio no se puede entender esta anomia catalana sin la anemia española primera, puesto que ambos dos son desafortunados procesos que, de forma interesada, se están alimentando mutuamente.

Ciertamente, si en la anomia catalana es preocupante la “ausencia” de leyes, en la anemia española, lo es constatar la debilidad del sistema, el mareo político en su conjunto y la irritabilidad —por no decir mala educación en ocasiones— del clima político, tertuliano y opinador. Más aún, esta anemia es muestra, sobre todo, del agotamiento de la llamada “Transición”, no sólo por la incapacidad de vislumbrar proyecto alguno capaz de generar entusiasmo y confianza, sino sobre todo constatando —contra lo que podía parecer hace cuarenta años— que la dictadura se cerró en falso. A pesar de la interesada amnesia impuesta por un bipartidismo sofocante, las consecuencias del golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 llegan hasta hoy y requieren reparaciones, no sólo —por supuesto— a las víctimas de uno y otro lado, sino en las estructuras del Estado mismo.

No es ya posible mirar a otro lado: la fachada anémica se cae a pedazos. Como recuerda el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto, la “organización del desgobierno” viene de lejos: la partitocracia se ha adueñado no sólo de nuestra democracia y de nuestras Administraciones Públicas, sino hasta del Poder Judicial y del mismísimo Tribunal Constitucional. Salvo honrosas y contadas excepciones las élites extractivas y los “políticos” sin otra profesión que la militancia ciega e interesada campan a sus anchas en la economía de los oligopolios del BOE, la corrupción rezuma por los poros del sistema, la baja competitividad y el empleo precario presiden una economía basada en el ladrillo y el turismo que hasta ahora ha sido receptora neta de fondos europeos. Mientras tanto, la brigada Aranzadi del alto funcionariado enfoca su miopía al uso partidista de la razón de Estado para imponer la idea de que sólo hay una forma de ser y sentirse español.

Aunque la crisis sociopolítica actual tiene dos actores principales, la anomia catalana y, también, la anemia española, que se benefician tapándose mutuamente las vergüenzas, no será extraño que en un futuro próximo se amplíe el problema a otros territorios que irán constatando progresivamente no sólo la falta de proyecto político y territorial sino también la falta de respeto por la discrepancia.  En su carrera por el control del nacionalismo español en una España única, tanto el PP como Ciudadanos, instalados en su credo único en el que no han sabido aún encontrar encaje a la idea de “las Españas”, abonan sin ambages un uso autoritario de los aparatos del Estado que causaría sonrojo en otros sistemas democráticos.

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Así, mantener un Senado que cual cementerio de elefantes sirve sólo para garantizar el control territorial del bipartidismo o convertir al Tribunal Constitucional en órgano del Poder Judicial para que pueda “ejecutar lo juzgado” a pesar de que la Constitución establece claramente que no lo es, o generar desórdenes públicos dónde no los había, o usar a los Tribunales para dirimir conflictos políticos aún a costa de un uso partidista del delito de rebelión, de la prisión preventiva y hasta del rigorismo del Código Penal para calmar al populismo revanchista da votos en una España del 155 que ya no es autonómica. No sólo ello no merece reproche alguno, ni tan sólo electoral; tampoco la corrupción sistémica del bipartidismo, ni la gestión de la crisis bancaria, ni la de los oligopolios empresariales con pérdidas a cargo del erario público, ni, en suma, la indolencia de un Gobierno del Estado en comunión plena con la ineficacia más descarada.

Ante todo ello, y con profundo pesar, quienes nos hemos dedicado durante años a la docencia del Derecho Administrativo, tendremos que disculparnos con las generaciones de alumnos a quienes hemos pretendido mostrar lo que hubiera podido ser el Estado Autonómico que no fue, para reconocer finalmente que ni la Transición era lo que se dijo, ni la organización del desgobierno era “casual”, sino que todo ello es simplemente un decorado de cartón piedra que esconde, en fin, una anémica forma de vivir. ____________________

Ramon J. Moles Plaza es profesor de Derecho Administrativo.