Colombia despierta, el Gobierno duerme

Desde el 21 de noviembre, Colombia está despertando, grandes movilizaciones pacíficas, simultáneas en las principales ciudades de Colombia, nos muestran el renacer de una sociedad que ha permanecido anestesiada por la violencia y la guerra durante muchos años. En estas movilizaciones sociales, que no desmerecen por los brotes puntuales de violencia, confluyen ciudadanos de todos los estratos sociales, de diversas concepciones políticas e ideológicas (estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, defensores de derechos humanos o ciudadanos en general).

En el despertar de Colombia confluyen hoy dos grandes fenómenos: por un lado, está la crisis del modelo y del sistema de participación política mundial, expresado en fenómenos tales como el cambio climático, el elevado consumismo, las grandes migraciones por pobreza y miseria, la desigualdad lacerante que encumbra a unos pocos y hunde a todos los demás, los conflictos bélicos que estallan en muchos lugares y la poca ilegitimidad y credibilidad de las nuevas ciudadanías hacia el “statu quo” y las instituciones tradicionales. Este es un fenómeno global y con mayor o menor intensidad se siente en muchos lugares del planeta. Las movilizaciones sociales que recorren gran parte de América Latina expresan este “malestar global” pero con las connotaciones de cada país. Así, la particularidad de Colombia es que este fenómeno global de descontento confluye con una etapa histórica de transición, después de 50 años de conflicto, que expone al pueblo colombiano a la posibilidad real de avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera.

Colombia se enfrenta a un cambio de época, y está decidiendo si finalmente deja atrás la violencia como forma para dirimir sus conflictos políticos y sociales o continúa usando el método de la destrucción del contrario, para perpetuar dichos conflictos. En la transición que vive la nación, se decide si es el diálogo social el mecanismo o será la violencia armada la que se perpetúe ante un escenario en el que la igualdad no sea una utopía sino una realidad. O si será el fortalecimiento de la democracia real y nuevas estructuras políticas y sociales más incluyentes o se continuará apostando por afianzar el statu quo elitista y excluyente, centrado en la burocracia, el clientelismo, la corrupción y los privilegios de quienes han determinado la vida de colombianos y colombianas, hasta ahora.

El descontento

Como en otros países, frente al “despertar de las ciudadanías” el Gobierno insiste en ver este fenómeno de movilización social bajo la matriz “Gobierno legal y legítimo vs oposición mentirosa y violenta”. Pero, también, gran parte del problema tiene que ver con las pretensiones de la oposición, que, entre otras cosas, piensa erróneamente que todo suma a favor de su también recortada lectura e intereses. El Ejecutivo, como los partidos de oposición desconoce que aquí hay algo más que un juego polarizado y polarizante; por el contrario en las movilizaciones sociales existe algo más profundo que trasciende el juego de gobierno y oposición, es un despertar social que se podría nombrar como: el hastío de la violencia; el cansancio de la sociedad por la polarización social y política; el descontento por la poca velocidad y escala de los resultados en la lucha contra la corrupción y en especial contra el narcotráfico (un fenómeno que es la gasolina de la violencia y de la corrupción que permea todos los niveles).

Pero también, el dolor por la muerte de líderes sociales y gente indefensa (más allá de la discusión de la sistematicidad y sus causas; más de 120 líderes indígenas asesinados en lo que va de año); la exigencia de mayor democracia real, que no es otra cosa que mayores oportunidades en salud, educación, empleo, defensa del medio ambiente… A todo ello hay que sumar la creciente solidaridad desde las ciudadanías del siglo XXI (con sus redes y tecnologías), con los actores sociales rurales que viven en condiciones de infraestructura del siglo XIX (sin agua potable, carreteras, escuelas y colegios, sin hospitales, sin economías formales y legales).

Es posible, aunque está dando muestras preocupantes de ello, que el Gobierno no caiga en la histeria y con aplomo sepa orientar, dirigir y conducir el país y no responder a este despertar ciudadano dándole un somnífero como la declaración de “Estado de conmoción interior”. Y que tampoco trate de recortar torpemente derechos civiles y políticos y ganar con un “golpe de mano” lo que perdió en el Congreso y en la calle, pretendiendo eliminar la Justicia Especial de Paz e imponer su visión sobre el proceso de paz; o ceder su responsabilidad de liderazgo entregando al Estado mayor de la defensa (ESMAD) y a la Fuerza Pública, la respuesta a la movilización social y la conducción del país.

Lo que no se debe repetir

Los sectores de la oposición tienen, en este contexto, la gran responsabilidad de no jugar con fuego incitando a la violencia. El Padre de Roux (presidente de la Comisión de la Verdad) ha hecho un llamado a las organizaciones sociales para que excluyan el uso de la violencia en las movilizaciones sociales. En el pasado se acudió al “entrismo”, dice el Padre de Roux, ese fenómeno de infiltrar e introducirse en los movimientos sociales y conducirlos hacia la lucha armada y a las acciones de hecho. Es claro que en estas movilizaciones hay un rechazo de la violencia, una inmensa mayoría no quiere las armas en la política, ni acepta la violencia como partera de la historia. Y esto lo debe entender también la oposición en la labor de construir trasversalmente una nueva realidad que proteja a los ciudadanos que demandan cambios radicales en el modo de hacer política.

En el ánimo de todos persiste el dolor por la muerte del joven Dilan Cruz al que un disparo de un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía le ha segado la vida. Dilan se había graduado ese día y marchaba pacíficamente reivindicando un futuro. Y duele pensar en el delicado estado de Duván Villegas, otro joven tiroteado durante el toque de queda en Cali. Mal responde el Gobierno cuando se mata a chiquillos que reclaman en paz sus derechos.

Hay cuatro fenómenos que no se pueden repetir en Colombia, y son aquellos que causaron más crispación y fueron determinantes para que estas movilizaciones sociales se convirtieran en explosiones sociales.

1.- Los liderazgos de todo tipo, oficiales y civiles llamados a conducir, direccionar, orientar, prevenir y anticipar soluciones a los conflictos, se han quedado cortos. Los líderes han entrado en un estado de paranoia, que los lleva a tener una especie de autismo defensivo.

2.- La opción de la violencia es la primera alternativa que han tenido los colombianos, para reclamar o para defenderse. Hoy no puede despreciarse la no violencia clara expresada en las movilizaciones. Hoy, la ciudadanía de Colombia está demostrando que es capaz como sociedad de buscar alternativas a la violencia, y encontrar formas de expresión diferentes. ¡Se ha iniciado un proceso para ilegitimar la violencia! La peor respuesta frente a este despertar es la policial. Una movilización mal atendida se puede convertir en explosión social.

3.- Frente a la tendencia de que cada sector se atrinchera en esta crisis en su lugar respectivo, la alternativa debe ser la articulación, cooperación y búsqueda de unidad en la diversidad; y en ese sentido, desde plano político el Gobierno debe dejar de estar a la defensiva y la oposición abandonar el ataque. Deben admitir los dos bandos que este fenómeno pone en riesgo a ambos, y por ende a todos.

4.- La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es crucial para superar la crisis. Los grandes casos de corrupción como el de Odebrecht; y los palos de ciego frente al narcotráfico deben de someterse a debate cuestionándose esa visión reduccionista y miope de orden público que se ha revelado ineficaz hasta la fecha y de hecho ha retroalimentado el fenómeno. Sabiendo que solo desde el Gobierno el narcotráfico es visto como un fenómeno de cultivos ilícitos desconociendo que el crimen organizado, las mafias internacionales y los grupos armados emergentes hoy empiezan a controlar el poder en los territorios, la economía, la política e incluso la vida cotidiana de los ciudadanos.

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Solo con esta visión integradora y constructiva de espacios más amplios de derecho y dialogo podrá darse forma al nuevo Estado que la ciudadanía está demandando.

  Este artículo ha sido publicado este martes en la revista Semana (Colombia). Semana

  Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGARFIBGAR