El Proyecto de Ley de IA que aprobó el pasado mes de mayo el Gobierno de España, enmarcado dentro de la senda regulatoria trazada desde el Reglamento Europeo (RIA), es una señal importante que se pretende transmitir para enfatizar públicamente la consideración que hay que otorgar a este asunto, con independencia de las dificultades que se aventuran en la sede parlamentaria.
La aprobación de este proyecto de ley fue anunciada en el I Encuentro Internacional de los Derechos Digitales que se celebró en Barcelona unos días antes. Lo hizo el ministro Óscar López defendiendo el concepto de que ante la excesiva lentitud del desarrollo europeo que entorpece la soberanía digital del continente, los Estados miembros que puedan avanzar hacia un sistema ético de la IA deben hacerlo.
Ahora se presenta la oportunidad de debatir los contenidos del proyecto y elevar, en su caso, las propuestas de mejora a los grupos parlamentarios; ahí conviene destacar, de entrada, la coincidencia en el diagnóstico que elaboró el pasado mes de marzo el Consejo Económico y Social de España en su Dictamen publicado recientemente sobre el texto, cuando todavía era Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, con el documento que presentó la Fundación Alternativas el pasado mes de febrero, titulado La IA en la Unión Europea, sin conocer, por aquel entonces, el texto gubernamental.
En esta misma dinámica también se posiciona el premio Nobel de Economía y profesor en el MIT Daron Acemoglu, al referirse a la IA generativa, destacando que tiene un gran potencial para reducir desigualdades si se desarrolla y aplica siguiendo un enfoque complementario al trabajo humano, en lugar de centrarse únicamente en la automatización, preguntándose: ¿Por qué entonces no impulsamos un diálogo social alrededor de este asunto?
Pues bien, el texto remitido por el Gobierno de España a las Cortes Generales supone una buena base para avanzar en la gobernanza de esta tecnología, destacando, entre otras, la función de la Agencia Española de Supervisión de la IA, el de la Agencia Española de Protección de Datos y en la tipificación de infracciones.
Pero sería el momento de demostrar más ambición en la gobernanza y pasar de un texto de mínimos a uno más valiente.
Uno de los aspectos que debería incorporarse al texto es el concepto de democratización del mundo del trabajo. En concreto, estaríamos hablando de que el proyecto de ley debería poner mucho más énfasis en lo que determina el artículo 26.7 del RIA sobre la información que debe darse antes de poner en servicio o utilizar un sistema que utilice la IA, para garantizar la eficacia de este derecho haciéndolo efectivo con carácter previo a la utilización de tales sistemas.
Este artículo de opinión pretende enfatizar que hay un potencial real de cambiar una dinámica de desigualdad en los centros de trabajo si se adoptan políticas públicas y planes tecnológicos inclusivos, no dejando exclusivamente en manos del mercado la evolución de la IA y orientando su desarrollo al beneficio de una mayor calidad en el trabajo, y no a la sustitución de personas por tecnología.
La gobernanza de la IA requiere la participación inclusiva de diversas partes interesadas, como pymes, consumidores, sociedad civil y comunidades infrarrepresentadas, a fin de garantizar que las normas relacionadas con la IA sean eficaces y respondan a las diversas necesidades del mercado y los intereses sociales.
Para ello, es fundamental que empresarios y trabajadores se adapten e incluso puedan beneficiarse de los cambios impulsados por la IA, implementándose las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación, tanto pública como privada. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria en IA, y sin descuidar la importancia que también tiene, en general, la sensibilización ciudadana.
Debería hacerse uso de la negociación colectiva, como herramienta jurídica que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo
Con la finalidad de facilitar una integración efectiva de la IA en los lugares de trabajo debería hacerse uso de la negociación colectiva, como herramienta jurídica que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo; el papel de los sindicatos, por consiguiente, debería evolucionar en esas materias tecnológicas hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector.
En definitiva, es necesaria una mayor cultura en democratización en el mundo del trabajo que derive en la posibilidad de un control de los avances tecnológicos por parte de todos los actores que participen en los mismos, tanto en las administraciones, los sectores y las empresas. El diálogo social que propone este artículo está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del RIA y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España, en sus respectivos dictámenes.
Al amparo del mandato del artículo 26.7 del RIA, estamos a tiempo de incorporar a este proyecto de ley un conjunto de concreciones a la necesaria democratización del mundo del trabajo, con el valor añadido de evitar el riesgo que supondría una burbuja de la IA si se gestionara defectuosamente una mera introducción de esta tecnología sin diálogo social alguno.
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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas
El Proyecto de Ley de IA que aprobó el pasado mes de mayo el Gobierno de España, enmarcado dentro de la senda regulatoria trazada desde el Reglamento Europeo (RIA), es una señal importante que se pretende transmitir para enfatizar públicamente la consideración que hay que otorgar a este asunto, con independencia de las dificultades que se aventuran en la sede parlamentaria.