El Gran Apagón del 28 de abril: la energía es un derecho, no una mercancía más
El 28 de abril de 2025 se produjo en España un evento sin precedentes, una “caída a cero” de la generación eléctrica que hizo que toda la península ibérica quedara en la más absoluta oscuridad. Gracias a la rápida actuación de los operadores que permitió una recuperación progresiva, a la gran profesionalidad de todos los servicios públicos y a la actitud de la ciudadanía, todo quedó en un gran susto. Pero más allá de las causas técnicas que se están investigando en el momento de redactar este artículo, este incidente nos obliga a mirar con lupa la estructura fundamental de un sector que representa la columna vertebral de cualquier economía moderna.
El sistema eléctrico español, como el de muchos países europeos, se articula normalmente en torno a tres grandes fases: generación (producción de electricidad), transporte (grandes autopistas de energía) y distribución (la red que hace llegar la electricidad a nuestro hogares y empresas), culminando con la comercialización (la venta al consumidor final). Actualmente, tras los procesos de liberación aplicados en los años 80 del siglo pasado, la gestión de estas fases combina elementos públicos y privados, con un predominio de lo privado en la generación y comercialización.
La liberalización del sector, impulsada en las últimas décadas, prometiendo una mayor eficiencia, competencia y precios más bajos al consumidor ha demostrado que la realidad es mucho más compleja. En la fase de generación, nos encontramos con una alta concentración en unas pocas grandes compañías, formando de facto, un oligopolio con prácticas del mercado libre, es decir, orientan la producción hacia la maximización del beneficio, toman decisiones sobre qué plantas operan, cuándo y a qué precio, así como las inversiones en nuevas capacidades o el mantenimiento de las existentes, priorizando siempre criterios de rentabilidad económica. Un ejemplo claro está en las inversiones en renovables, que requieren altos capitales iniciales y plazos largos de retorno, y por lo tanto, no responden a la prioridad de ganancias a corto plazo.
En ATTAC siempre hemos denunciado la inquietante penetración de los fondos de inversión en los sectores considerados estratégicos, ya que, debido a sus objetivos de priorizar el retorno rápido y elevado de la inversión, su horizonte temporal de permanencia en las empresas participadas a menudo es más corto que el necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de infraestructuras críticas y servicios esenciales. Cuando estos actores financieros se hacen con participaciones significativas en empresas de generación eléctricas, surge una pregunta fundamental: ¿se priorizará la estabilidad del sistema y la seguridad del suministro, o la exigencia de dividendos y la revalorización de la inversión en el menor tiempo posible?
¿Se priorizará la estabilidad del sistema y la seguridad del suministro, o la exigencia de dividendos y la revalorización de la inversión en el menor tiempo posible?
El apagón del 28 de abril, independientemente de la causa última que determine la investigación, actúa como un recordatorio brutal de la fragilidad propia del sistema. Una caída súbita y masiva de la generación no es solo un fallo técnico puntual; es un fallo sistémico que exponen las costuras del modelo. Y en un modelo donde la generación está en manos principalmente privadas, cuyas decisiones están guiadas por la lógica del mercado y, cada vez más, por la presión de inversores financieros globales, es legítimo cuestionar si la seguridad del suministro ocupa el lugar central que debería tener. La presión de los fondos de inversión puede agudizar estas tensiones, incentivando recortes de costos que podrían comprometer la confiabilidad o desincentivando inversiones a largo plazo que no prometen un retorno inmediato suficientemente atractivo.
Un servicio tan esencial como la electricidad no puede estar supeditado únicamente a las leyes del mercado y a los intereses particulares, por muy legítimos que sean en otros ámbitos. La electricidad es un bien básico, una necesidad para el funcionamiento de una sociedad moderna y un pilar en la seguridad nacional. Dejar su producción en manos donde la prioridad absoluta es el beneficio económico presenta riesgos inherentes que el apagón ha puesto crudamente de manifiesto.
Por ello, este incidente reabre con fuerza el debate sobre la necesidad de un mayor control público sobre la fase de generación eléctrica, e incluso plantea la conveniencia de explorar una posible renacionalización de una parte o la totalidad de estos activos.
La renacionalización no es una panacea y presenta desafíos significativos. El costo económico de adquirir los activos a sus actuales propietarios privados sería considerable y requeriría un análisis financiero exhaustivo. Además, surgirían cuestiones sobre cómo encajaría en el marco regulatorio europeo, que promueve mercados energéticos liberalizados. Pero ante estas dudas, debemos tomar el ejemplo francés con la Empresa EDF (Électricité de France) que en junio de 2023 adquirió el 100% de las acciones, con lo que logró reforzar la independencia energética de Francia.
Para realizar un análisis más exacto del coste de la operación, habría que contraponer el coste que el apagón ocasionó (pérdidas económicas, disrupción socia, riesgo para la vida en casos extremos como hospitales sin suministro).
Finalmente, en ATTAC consideramos que ha llegado el momento de plantear con seriedad la necesidad de un mayor control público sobre la generación eléctrica en España, explorando todas las opciones, incluida la renacionalización, para garantizar que la seguridad, la estabilidad y el interés general prevalezcan sobre la mera lógica del beneficio. Un debate informado, transparente y valiente es imprescindible para construir un sistema eléctrico robusto, justo y al servicio de la ciudadanía. La energía es un derecho, no una mercancía más. Y la garantía de su suministro es una responsabilidad ineludible de los poderes públicos. El 28 de abril ha sonado una potente alarma que no podemos ignorar.
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Paco Cantero es Coordinador de ATTAC Madrid
