¿Quién necesita la política?

Construir un modelo de cuidados que se ajuste a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia, y no al revés. Ese es el precepto básico de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que hemos aprobado en el Consejo de Ministros, ya de camino a su tramitación parlamentaria.

Los cambios que proponemos ratifican nuestra voluntad de garantizar el derecho al cuidado en nuestro país, dejando atrás la oscura época de los recortes y blindando un sistema cercano y comunitario, que se adapta a cómo las personas, no sólo necesitan, sino también prefieren ser cuidadas. Estamos hablando de un sistema para el siglo XXI: menos burocracia, más prestaciones, más derechos y más tecnología para enfrentar los retos del futuro.

Durante mucho tiempo hemos visto cómo las decisiones sobre hacia dónde debía avanzar nuestro sistema de cuidados —que echó a andar allá en 2006, con el hito que supuso la aprobación de la ley de dependencia— se han visto marcadas por lógicas de operatividad o limitación de costes, cuando no directamente de recortes como los sufridos durante la época de la austeridad del Partido Popular.

Uno podría preguntarse por qué. La realidad es que los últimos años atestiguan que para algunos el valor de las personas sólo se estima en función de su productividad económica. Por eso expulsan a los márgenes a las personas mayores; las expulsan hacia modelos residenciales obsoletos y aislados, fuera de nuestras comunidades.

De ahí que cambiar el modelo no requiera sólo continuar con la senda de aumento de financiación que ha sido característica tanto en la anterior legislatura como en esta —recordemos que hablamos de un aumento de más del 150 % desde 2020; una asignación triplicada desde 2014— sino, sobre todo, de conseguir sustraer al sistema de cuidados de las tendencias economicistas y asistencialistas en que estaba sumido.

Porque no son las personas las que deben servir al sistema, no son los y las usuarias las que deben ajustarse a lo que se pone a su disposición. Es lo público lo que debe servir a la gente y son los modelos los que deben ajustarse a sus necesidades.

Hay dirigentes políticos dispuestos a sembrar el odio e incendiar países enteros para perpetuar ese reparto de la riqueza y esas posiciones de poder. Porque creen que la política existe para servirles a ellos

Por eso aligeramos los trámites facilitando pasarelas entre el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad; flexibilizamos el sistema habilitando compatibilidades entre servicios como los centros de día y el empleo, y ampliamos prestaciones con la inclusión de la figura del asistente personal profesional en la cartera pública.

Las imágenes que estamos viendo estos días, desde Washington a Torre Pacheco, esconden todas la misma lógica, que no se aleja de la que describía anteriormente: que hay quienes están dispuestos a ensañarse con los más débiles mientras se blinda la riqueza y el poder obsceno que acumulan unos pocos. Y que hay dirigentes políticos dispuestos a sembrar el odio e incendiar países enteros para perpetuar ese reparto de la riqueza y esas posiciones de poder. Porque creen que la política existe para servirles a ellos.

Este Gobierno debe ser ejemplo de todo lo contrario: una democracia que sirva a la gente trabajadora, a quienes necesitan de lo público para no ser explotados ni ignorados, para hacer valer su derecho al bienestar, a la igualdad social, a la protección frente a los poderosos. De eso va esta reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la protección de los derechos de las personas consumidoras ante los abusos de las grandes multinacionales, o la defensa del multilateralismo y el derecho internacional que exige la Agenda 2030: frente a quienes aplauden este mundo plagado de conflictos, genocidios e injusticias, reivindicamos el derecho democrático a una existencia digna, pacífica, en libertad.

Escribía Galeano: enseña el sistema que la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y que la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. El Estado social que debemos construir parte exactamente de la refutación de esa creencia. Del empeño en redistribuir el poder, el tiempo y la riqueza para que la libertad y la justicia vuelven a ser valores universales y hermanados. Esta no es solo la única manera de contrarrestar la furia reaccionaria tan de moda en el planeta. También es la manera de construir una democracia que sirva a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.

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Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.