Pobreza menstrual
La Generalitat catalana se suma a la tarea de reducir el número de residuos y combatir la pobreza menstrual
Desde el pasado lunes 4 de marzo, las farmacias catalanas reparten gratuitamente copas menstruales y compresas reutilizables a las mujeres o personas no binarias que lo soliciten mediante un QR intransferible que otorga la aplicación oficial del sistema de salud. Según declaraciones de los responsables de la Generalitat, el proyecto busca favorecer el conocimiento de la ciudadanía sobre la menstruación y garantizar el acceso a los productos menstruales con un compromiso claro con el planeta, con productos sostenibles y reutilizables. La medida, aunque resuene en los medios de comunicación como novedosa, resulta de una reivindicación que lleva tiempo sobre la mesa de las administraciones públicas. Ya en la pasada legislatura se intentó poner el acento en esta problemática y, en ocasiones, invisible realidad social.
Cuatro años atrás, tal y como recogí en uno de los capítulos de mi obra "A pedales , apuntes para una política moderna, verde y centrada en las personas" , el informe de la ONG Period Spain alcanzó la conclusión de que el 20% de las mujeres en España sufren lo que se denomina pobreza menstrual, es decir, dificultad de acceso a productos higiénicos básicos destinados a su menstruación. ¿Cómo podía suceder algo así en países de nuestro entorno? Muchos tildaron de exagerado el dato, pero no lo sería tanto si un país europeo como Escocia se vio obligado a garantizar la gratuidad de estos productos en lugares públicos. La medida no es en ningún caso electoralista, sino que evidencia una problemática que afecta a las mujeres en varios e importantes aspectos.
Es imperioso que la problemática no se afronte desde el mero reparto gratuito de productos en ciertos puntos críticos de vulnerabilidad, sino con una política pública integral que comience en la educación
En primer lugar, el no poder acceder a la higiene básica es una cuestión que atenta contra la dignidad de la persona. Algunas mujeres llegarán a faltar a la escuela o al trabajo por este motivo. En segundo término, se da un problema directo de salud, ya que la utilización de productos o materiales inadecuados podría generar infecciones o efectos nocivos para el tracto reproductivo. Y en tercera posición, el daño medioambiental por el impacto de la elaboración y eliminación de estos apósitos. Recordemos que en la Unión Europea se utilizan anualmente casi 50 billones de productos destinados a la menstruación, lo que genera 600.000 toneladas de residuos.
Con estos datos en la mano, es imperioso que la problemática no se afronte desde el mero reparto gratuito de productos en ciertos puntos críticos de vulnerabilidad, sino con una política pública integral que comience en la educación. La desinformación y los tabús son lo primero que deberá corregirse desde la edad más temprana. Educación sexual y menstrual forman parte del cuidado de la salud. Las opciones entre los productos existentes y los que aparecen ahora en el mercado, biodegradables y ecológicos, es algo prioritario para corregir hábitos perjudiciales. A partir de ahí, una fiscalidad reducida en los productos menstruales para evitar las brechas sociales.
Las administraciones comenzaron a dar pasos en el terreno. Sabadell fue el primer municipio en incorporar este tema a sus políticas. Más Madrid y ERC llevaron el tema en sus programas de campaña electoral en 2021. El parlamento vasco aprobó en el mismo año una moción pionera sobre la salud e higiene menstrual desde una perspectiva integral que aborda los múltiples factores que determinan la pobreza, el impacto de la misma en la vida y en los derechos humanos de las mujeres.
Catalunya se suma ahora a la lista de poderes públicos preocupados por la cuestión. Es absolutamente inimaginable que en el siglo XXI haya mujeres sin acceso a cuestiones básicas. El ciclo menstrual se revela como un asunto de salud pública que nos concierne a todas y todos.
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Gerardo Centeno es escritor, letrado Consistorial y vocal asesor de Más Madrid.
