En pro de una soberanía digital en una Europa con derechos

Una soberanía digital europea requiere dar pasos adelante en la gobernanza de la interdependencia global, pero con los criterios que Europa defiende; ello conlleva el reforzamiento de la identidad normativa como un valor inherente a las instituciones que conforman la Unión Europea (UE), y por ello, son preocupantes algunas informaciones recientes sobre la forma en que la Comisión Europea plantea simplificar las normativas digitales, con el objetivo declarado de aligerar la legislación en lo referente a la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la protección de datos.

En un intento de contrarrestar este peligroso debate en el que están instalados algunos grupos de presión, se presenta una muy buena oportunidad que va en la línea de apoyar tanto una Europa con identidad normativa y más autónoma como para avanzar en una cooperación mundial en los derechos humanos ante los avances tecnológicos: se trata del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que se celebrará los próximos 13 y 14 de mayo en Barcelona, que estará liderado por el Observatorio de los Derechos Digitales y por la Fundación Mobile World Capital, con la participación de instituciones, expertos y representantes de la sociedad civil.

Este evento puede ser un hito destacado dentro de la carta de navegación que significó la Carta de Derechos Digitales que se presentó por parte del Gobierno de España en julio de 2021, que, por cierto, es una de las primeras que se reconocieron a nivel internacional, junto a las de Portugal y de Chile; dando pie a la posterior “Declaración europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital”, publicada el 26 de enero de 2022.

En dicha carta se agruparon los derechos en las siguientes categorías principales: derechos de libertad, de igualdad, de participación y de conformación del espacio público, del entorno laboral y derechos digitales en entornos específicos. Es una valiosa guía que establece unas pautas de acción consensuadas y representa un compromiso político con la garantía de los derechos digitales. Pero, ya han pasado unos años y se requiere un marco jurídico aplicable y oponible por los ciudadanos en sus relaciones con las empresas y el poder público, más allá de los avances en la protección de los derechos que ya están incorporados tanto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, como en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo.

La necesidad de combinar activismo social y gubernamental

Hoy en día ya existe un mayor consenso en torno a los derechos que se han visto negativamente afectados por los avances tecnológicos, al no haber sabido, podido, o querido controlarlos los poderes públicos con el objetivo de un mayor progreso social.

Diversas organizaciones, en su calidad de representantes de la sociedad civil se han ocupado de efectuar un inventario de todo ello, así como de proponer soluciones. Es decir, ha habido y sigue habiendo un contrastado activismo social en pro de anclar los derechos digitales en el contexto de la anhelada soberanía digital europea.

Ha habido y sigue habiendo un contrastado activismo social en pro de anclar los derechos digitales en el contexto de la anhelada soberanía digital europea

Por ello, se deben dar los pasos necesarios para complementar lo anterior con un activismo gubernamental, para pasar de las palabras a los hechos y, en esa línea, es necesario que entre el Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, los representantes de la sociedad civil y las organizaciones sindicales y empresariales se desarrolle un diálogo que permita abrir líneas de trabajo en lo que se refiere al despliegue de forma inclusiva de las tecnologías más avanzadas, así como para sentar las bases de un desarrollo ético que posicione a la UE en el contexto internacional. La Agencia Española de Supervisión de la IA creada por el Gobierno es una iniciativa que va en esta dirección.

También en este contexto cabe destacar el informe denominado EuroStack, elaborado por la sociedad civil por encargo de la Comisión Europea, que presenta una visión para una Europa digitalmente soberana, construida sobre capas interconectadas de tecnologías avanzadas. Como se recuerda en este informe, “actualmente más del 80% de la infraestructura y las tecnologías digitales son importadas, lo que genera vulnerabilidades sistémicas y limita la capacidad de innovación y autosuficiencia de la región. Sus propuestas tienen un enfoque que prioriza la sostenibilidad, la inclusión y la interoperabilidad, garantizando que el futuro digital de Europa se alinee con sus valores democráticos, objetivos de equidad social y aspiraciones económicas”.

Pero más allá de Europa y con el objetivo de avanzar hacia una gobernanza global y regional de las tecnologías más avanzadas, habrá que trabajar desde la UE en dar un impulso definitivo a mecanismos multilaterales de cooperación con América Latina (potencial ventaja competitiva de Europa), con África y Asia, para compartir buenas prácticas, estándares éticos y recursos tecnológicos, en línea con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y así también se podrían promover alianzas regionales y programas de cooperación para reducir las brechas de infraestructura, talento y capacidad institucional en los países de ingresos medios y bajos.

Debe, pues, adoptarse un enfoque multilateral en los esfuerzos para crear un mecanismo de gobernanza mundial de, por ejemplo, la IA, y ello implica la necesidad de diálogos políticos internacionales sobre estos temas para superar la excesiva fragmentación normativa; este objetivo también lo persiguen, entre otros, el Consejo de Europa y la UNESCO, en alineación con el cuarto punto del Plan de Acción para el continente de IA de la Comisión Europea.

Estas y otras propuestas se podrán estudiar en el encuentro internacional antes referido, y de ello se podrá dar cumplida cuenta en otro momento, dado que la importancia de este foro radica en la combinación del activismo social con el político y el gubernamental. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar para pasar del debate a la acción, y para ello se requiere valentía y determinación.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.