Democracia en el trabajo en tiempos de Inteligencia Artificial

Algunos estudios que analizan la progresiva incidencia de la inteligencia artificial (IA) en las relaciones laborales arrojan posibilidades muy interesantes. Entre las propuestas para democratizar el mundo del trabajo, hay una fundamental: empresarios y trabajadores deberían adaptarse a los cambios impulsados por la IA, y para ello se deberían desarrollar las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria.

Para facilitar una integración efectiva de esta tecnología en los lugares de trabajo, se requiere el uso de la negociación colectiva que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo. En este nuevo entorno, el papel de los sindicatos también debiera evolucionar en estas materias hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector.

El diálogo social necesario está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del Reglamento Europeo de IA, y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España.

Sin embargo, no olvidemos que en el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas de IA; pero lo importante es que su cerebro siga siendo humano. Por ello hay que comprender bien la importancia de este fondo, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un algoritmo va en contra de derechos fundamentales. Pero para poder corregir sesgos que violen derechos inherentes a la Unión Europea (UE) y ya regulados normativamente, es importante que los trabajadores estén en una posición de codecidir que ahora mismo no es todavía la más habitual en los centros de trabajo.

Este conjunto de propuestas requiere de más participación de los trabajadores en la adopción de decisiones, y ello debe favorecer un cambio a más democracia en el mundo del trabajo, integrando consensuadamente las herramientas que la tecnología ofrece en las estrategias de las organizaciones y coordinando su adaptación con una sustancial mejora en la capacitación crítica, ética y técnica de los trabajadores, sean técnicos o cuadros.

Para poder corregir sesgos que violen derechos inherentes a la UE y ya regulados normativamente, es importante que los trabajadores estén en una posición de codecidir (...)

Pero conviene estar alerta y no contribuir a generar una ‘burbuja’ de la IA que podría producirse si se gestiona defectuosa y unilateralmente la incorporación de estos sistemas sin un marco de diálogo social; y, además, eso sería ir en contra de lo que mandata el artículo 26.7 del Reglamento Europeo en esta materia. Debemos evitar entre todos este posible escenario negativo que generaría consecuencias económicas y sociales indeseadas.

Precisamente, el reglamento para regular la IA en la UE es la norma más exigente aprobada a nivel mundial, y llamada a ser pionera en el sector. Y, precisamente, una soberanía digital europea requiere dar pasos adelante en la gobernanza de la interdependencia global con los criterios que Europa defiende, y reforzar más que nunca la identidad normativa, que debe seguir siendo un valor inherente a las instituciones que conforman la UE.

Por ello, preocupa la forma en que la Comisión Europea plantea simplificar las normativas digitales, con el objetivo declarado de aligerar la legislación en lo referente a la IA, la ciberseguridad y la protección de datos. El lenguaje siempre es el mismo por parte de quienes defienden una flexibilización de la norma antes de que entre en vigor: “Debemos encontrar el equilibrio”. Curiosamente, los grupos de presión que alientan a la Comisión Europea en ese cambio de dirección son los mismos que no deseaban el estilo de gobernanza que marca el reglamento actual a punto de entrar en vigor. Por ello, ante el riesgo de perder esas señas de identidad, es importante apoyar la aprobación del reglamento sin demoras y según lo previsto.

Dos referencias obligadas en este debate: por una parte, el pasado día 2 de febrero se presentó el informe Democracia en el trabajo, elaborado por personas expertas en el asunto y encargado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en febrero de 2025. Por otra, un día después se presentó el informe La Unión Europea (UE) y España ante la IA, también elaborado por personas expertas y encargado por el abogado, político y periodista Nicolás Sartorius, también hace un año.

Bien es cierto que, en el primer caso, se incide sobre todo en la necesidad urgente de desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución española, que se compromete a facilitar el acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad en las empresas, tal y como ya se ha avanzado en otros países de la UE. Pero también incide en uno de sus capítulos, en los abusos y usos indebidos de la IA que ya se están detectando en el lugar de trabajo, con amenazas a la autonomía y a la privacidad de los trabajadores.

Finalmente, sería también necesario que los grupos políticos se hicieran eco de todo este debate social y se comprometieran a canalizar en este sentido inclusivo la progresiva introducción de la IA en las empresas y administraciones.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.