La reforma laboral como encrucijada de la legislatura

En esta década populista, los relatos de parte se han impuesto a los proyectos políticos. Con ello, el diálogo y los acuerdos transversales, propios de la democracia pluralista, han pasado a ser la excepción en un clima polarizado de confrontación en que el adversario es tratado como enemigo y sus propuestas como anatemas.

La reforma laboral niega estos relatos extremistas al lograr un acuerdo entre opuestos en un tema esencial, en base a avances y cesiones mutuas y bajo la atenta mirada de la Unión Europea. Refutando también con ello el mantra de la desregulación laboral como única salida, reequilibrando las relaciones laborales y reafirmando la dialéctica de concertación entre los empresarios, la representación de los trabajadores y el Gobierno.

Todo ello dentro de una serie de más de una decena de acuerdos entre los agentes sociales y el Gobierno a lo largo de la primera mitad de la legislatura, que ha estado monopolizada por los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia.

El relato de la derecha, desde el mismo inicio de la legislatura, ha sido que en España tenemos el Gobierno más extremista de Europa y que sus alianzas con los nacionalistas e independentistas son espurias, antidemocráticas e inestables. Un gobierno que tan solo por este origen genera según ellos la desconfianza entre los agentes económicos, los llamados mercados y los organismos internacionales, y que en consecuencia en su ejercicio tendría que ser por fuerza cuanto menos incompetente, cuando no criminal, como ha proclamado explícitamente la ultraderecha. Por eso, no hay tregua a la confrontación ni límite a las descalificaciones y los insultos, fuera y dentro del Congreso de los Diputados, ni la derecha ha dudado en aplicar e incrementar, incluso en situaciones límite como la actual pandemia de covid19, ni en trasladar esta polarización destructiva más allá de nuestras fronteras al ámbito de la Unión Europea y al de las relaciones y conflictos internacionales sobre asuntos de Estado como la soberanía, los acuerdos de descolonización y los compromisos sobre el Sáhara en el marco de la ONU o las políticas de defensa y migratoria.

El otro relato, esta vez desde el otro polo de la izquierda parlamentaria, es que el conjunto de la derecha política, económica e incluso institucional, arrastradas por la extrema derecha trumpista, se encuentran empeñadas en la deslegitimación, desestabilización e incluso la sustitución del Gobierno de coalición de izquierdas, por cualquier medio, al margen de los legítimos procesos electorales. Un relato para el que la ultraderecha y sectores del PP han venido dando razones más que sobradas.

Como consecuencia, venimos asistiendo avergonzados al aquelarre semanal que ha convertido el Congreso de los Diputados en un campo de batalla cuya víctima principal es el parlamento mismo, como corazón de la democracia representativa, pero además el conjunto de las instituciones democráticas y la misma política: los oscuros objetos de la pasión destructiva del populismo. Otro tipo de asalto, esta vez pacífico, pero no menos dañino que el del Capitolio de hace ahora un año.

Venimos asistiendo avergonzados al aquelarre semanal que ha convertido el Congreso de los Diputados en un campo de batalla cuya víctima principal es el parlamento mismo"

Sin embargo, a pesar del diagnóstico catastrofista y de la estrategia de agitación permanente, exportada incluso a la demanda, la aprobación y luego la gestión de los fondos europeos de recuperación, se han ido aprobando importantes medidas laborales como los ERTEs, la subida del salario mínimo, la regulación de Riders y del teletrabajo, también como producto del diálogo y concertación transversal entre sindicatos, Gobierno y empresarios. Y a pesar del fraccionamiento de la representación política también ha sido posible consolidar y aumentar la mayoría de la investidura en el complejo contexto de la pandemia, dando respuesta a la tarea legislativa y sobre todo con la aprobación sin sobresaltos de dos presupuestos sucesivos que garantizan al Gobierno la culminación de la legislatura.

Como consecuencia de todo ello, antes de los dos años desde el inicio de la pandemia se ha recuperado ya el nivel de empleo previo a la pandemia sin que esta haya terminado. En 2021, cuando se han producido cuatro de las seis olas de contagio del covid, ha habido 776.478 afiliados más y 782.232 parados menos registrados, según los datos de los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. No se creaba tanto empleo desde 2005. Además los ERTEs han funcionado y están en el mínimo de poco más de cien mil trabajadores. Es verdad que el empleo sigue siendo temporal y precario y eso explica también la prioridad y la urgencia para el Gobierno y para los agentes sociales de la convalidación de la reforma laboral.

Por eso, las reacciones en clave de los respectivos relatos no se han hecho esperar. La reacción de la derecha es que los datos de empleo son debidos a la herencia recibida de la efectividad y flexibilidad de la contrarreforma laboral del gobierno Rajoy y por tanto que es la demostración de que no es necesario cambiarla, o por el contrario que la reforma laboral acordada es un mero maquillaje que en realidad no ha cambiado nada. La pregunta fundamental que hoy divide a la derecha es por qué, si como dicen todo permanece y no ha cambiado nada, no la apoyan y en definitiva si no es así por mero sectarismo o, lo que es peor, por el seguidismo de la ultraderecha.

La izquierda más radical dice por el contrario que el Gobierno no ha cumplido su compromiso solemne de derogación de la contrarreforma laboral y que por tanto ha habido demasiadas concesiones a la patronal, como el mantenimiento de la rebaja del coste del despido, la supresión de los salarios de tramitación y de la autorización administrativa previa. Por otro lado, los apoyos nacionalistas del Gobierno defienden que prevalezca la prevalencia del convenio autonómico, aunque éste no haya sido modificado con la reforma. 

En resumen, los relatos previos se rompen como consecuencia de la reforma laboral y acentúan las diferencias en el seno de ambos bloques. En el de la derecha con respecto a la patronal e incluso con su principal think tank de la sociedad civil, la fundación FAES, y en la izquierda con una parte de la mayoría de investidura, dividida entre reformistas y radicales con sus respectivas referencias sindicales.

El debate, y sobre todo la votación final del decreto ley y su tramitación, tendrán pues implicaciones, sobre todo para el pulso entre Casado y Ayuso y más allá en la pugna entre el PP y Vox por la hegemonía en la derecha, y en el bloque de la izquierda, fundamentalmente en la relación del Gobierno de coalición y los sectores nacionalistas e independentistas que se reclaman de la izquierda y garantizan su actual mayoría. Aunque incluso en el mismo seno de Unidas Podemos, que apoya la reforma laboral, no se puede obviar su trascendencia para el éxito en el proyecto de recomposición del bloque de las izquierdas de la plataforma encabezada por la actual vicepresidenta y ministra de trabajo, Yolanda Díaz.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa