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El Estado restaura, la Iglesia inmatricula

Miguel Santiago Losada

De la misma manera que Miguel Hernández se preguntaba “¿quién, quién levantó los olivos?”, nos podemos preguntar quién levantó el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba o el minarete de la Giralda, y no, no fue la Iglesia. Ni los bienes se adquieren por consagración, ni se pueden apropiar por la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. Sin embargo, la jerarquía católica ha ido inmatriculando hasta el año 2015, con el permiso de la inconstitucional ley hipotecaria, el 80% del patrimonio de los diferentes pueblos que forman el Estado español, desde la Mezquita de Córdoba a la catedral de Burgos, o desde la Giralda de Sevilla hasta el rico patrimonio mudéjar de Aragón.

Invito a realizar un recorrido a través de dos ciudades de Andalucía, muy importantes por su historia, patrimonio y singularidades: Córdoba y Sevilla, paradigmas de lo que ha sido el denominador común en el resto de las ciudades y pueblos de las diferentes comunidades autónomas. Ambas fueron fundadas en tiempos de tartesios, donde posteriormente se asentó Roma y floreció al-Ándalus, las dos principales columnas que forjaron la historia de las dos ciudades hermanas, alimentadas por el cordón umbilical del río Guadalquivir. Evidentemente, las culturas hebrea, bizantina y visigoda también dejarían sus huellas, sin olvidar a las poblaciones africana y gitana que desde el siglo XV llegaron a Andalucía. Fueron conquistadas por el rey castellano Fernando III en 1236 y 1248, respectivamente.

Las dos ciudades andaluzas comparten un rico legado de iglesias fundadas por los reyes castellanos durante los siglos XIII y XIV construidas sobre antiguas mezquitas de los arrabales. Iglesias donde se combinan bellamente el románico tardío, el gótico y el mudéjar. La mano hábil y maestra de los alarifes y albañiles andalusíes se nota en la construcción de las diferentes fábricas. La Magdalena, Santiago, San Pedro, Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo o San Pablo (estas últimas enclavadas en lo que fuera la vía augusta y una de las principales vías de los arrabales de la Axerquía) son algunos de los bellos templos cordobeses que vieron sus reflejos años más tarde en las iglesias sevillanas de San Román o de San Marcos, Santa Marina y San Gil (situadas en un eje de calles que fue el Cardo Máximo de Hispalis y la calle Mayor en tiempos andalusíes), Ómnium Sanctorum, San Juan de la Palma o Santa Catalina. Estos templos, en el transcurrir de los siglos, sufrieron terremotos, incendios, abandonos hasta llegar al siglo XX en tan lamentable estado que, gracias a las inversiones económicas del Gobierno de España y, posteriormente, al Gobierno andaluz, se fueron restaurando. Miles de millones de pesetas, millones de euros fueron destinados a la recuperación de este riquísimo patrimonio cordobés y sevillano; de por sí, únicos por la Mezquita y Medina Azahara y por la Giralda y los Reales Alcázares, respectivamente.

Las inversiones públicas no solo tuvieron lugar en la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde el Estado viene gastando desde el siglo XIX grandes cantidades de dinero para su conservación. La iglesia de San Agustín renació de su ruina en 2010 tras una profunda restauración en octubre de 2009 que costó cerca de cuatro millones de euros a la Junta de Andalucía. Unos meses después reabrió sus puertas la parroquia de San Lorenzo, tras culminarse su restauración por 556.063 euros aportados por la administración andaluza. Años antes, la Consejería de Cultura invirtió 400.000 euros en la restauración de la iglesia de la Compañía, aportando el obispado solo el 7,5%. En la iglesia de San Hipólito la Comunidad autónoma invirtió 240.000 euros en restaurar el órgano, 600.000 euros fueron los designados a La Magdalena tras un incendio; en San Francisco el coste llegaría a 587.000 euros en el 2007. Cuatro meses después, en abril de 2008, la Diócesis de Córdoba inscribió la iglesia de San Francisco a su nombre en el Registro de la Propiedad, acogiéndose a la reforma de la Ley Hipotecaria para inmatricularla. Esta fiebre “inmatriculadora” fue llegando a todas las iglesias monumentales de la ciudad. Conforme se iban restaurando, se iban inmatriculando, una tras otra. Incluso llegaron a inmatricular la iglesia de la Magdalena por su “uso católico” en el año 2005, estando desacralizada para fines culturales a raíz de su restauración. Sin embargo, y siguiendo con los casos de Córdoba, no llegaron a inmatricular las iglesias de Santa Clara, Regina o Madre de Dios debido a su lamentable estado de conservación.

El resultado no podía ser más beneficioso para la jerarquía católica: las iglesias las fundan los reyes en la Edad Media, las restaura el Estado y las inmatricula la Iglesia

De igual modo, en Sevilla, una de sus más grandes y valoradas iglesias, El Salvador, fue restaurada íntegramente durante cinco años bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. Doce millones de euros supuso la recuperación del bellísimo templo. Destacadas fueron las restauraciones de Santa María la Blanca y Santa Catalina. En esta última, la aportación autonómica alcanzaría el millón de euros. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía también colaboró para la restauración de las quince tablas de Pedro de Campaña del retablo principal de la parroquia trianera de Santa Ana con un presupuesto de 400.000 euros.

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en el año 2012, consciente de las grandes inversiones realizadas en el patrimonio de uso religioso, apremiaba a las diferentes diócesis andaluzas a garantizar las visitas a los templos restaurados con dinero público. En este sentido, recordaba que en los últimos años la Junta llevaba invertidos alrededor de 50 millones de euros. El consejero estaba molesto porque las iglesias se abrían solamente en horario de culto, imposibilitando la visita a estos monumentos. Además, algunos de estos templos, una vez restaurados e inmatriculados, cobran una entrada por la visita. No les parece suficiente la recaudación que las arcas de los cabildos catedralicios acumulan por visitar los templos mayores, Mezquita-Catedral o Catedral de Sevilla junto a la Giralda y Patio de los Naranjos, privatizado desde 1992, sino que además suman al negocio los templos diocesanos. Solo los cabildos de las catedrales de Córdoba y Sevilla recaudaron en 2019 entre 35 y 40 millones de euros.

En definitiva, el resultado no podía ser más beneficioso para la jerarquía católica: las iglesias las fundan los reyes en la Edad Media, las restaura el Estado y las inmatricula la Iglesia. Una operación magistral para la Iglesia e inconstitucional para el país. Una operación calificada mundanamente como “El gran robo permitido”, evangélicamente como “La avaricia absoluta”: “No podéis servir a Dios y a Mammón” (Mt 6, 24; Lc 16, 13). Mientras, el Estado Social y Democrático de Derecho, hasta la fecha presente, es más aliado de los intereses de la jerarquía católica que de velar por los intereses públicos de la ciudadanía a la que se debe.

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Miguel Santiago Losada es profesor, escritor y portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s”

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