Desahucios

El 10% de los hipotecados que pidieron a la banca flexibilizar sus condiciones lograron la dación en pago

Concentración antidesahucios en Torrelavega.

Sólo una de cada diez familias en riesgo de exclusión que han pedido a las entidades financieras con las que habían contraído hipotecas que flexibilizaran sus condiciones han conseguido la dación en pago. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía, de las 37.416 que han buscado desde 2012 –ese año se puso en marcha el código de buenas prácticas al que se han adherido 45 bancos y cajas– algún tipo de alternativa con sus entidades sólo 3.843 consiguieron saldar sus deudas a cambio de entregar sus viviendas. Además, un 34% lograron reestructurar sus deudas. En total, un 44% lograron algún tipo de pacto con su entidad. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostiene que estas medidas –acordadas entre banca y Ejecutivo para contribuir a paliar el drama de los desahucios– han sido un "fracaso" porque, a su juicio, los bancos las han utilizado "como excusa para negociar menos y hacerlo sólo en los casos en los que el afectado se encuentra al borde de la exclusión". El balance oficial que publica el Banco de España con datos de todos los bancos parece dar la razón a la plataforma, pues el porcentaje de daciones en pago sobre el número total de desahucios ha ido descendiendo en los últimos años. Según los últimos datos facilitados por este organismo, en 2013 en el 32,5% de los desahucios hubo dación en pago.

Esa cifra está por debajo del porcentaje del 35,7% registrado en 2012. Y tampoco los desahucios descienden. Según datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en 2014 se produjeron aproximadamente 1.000 desahucios más que en el año anterior. Un total de 68.091 frente a 67.189. 

Los requisitos 

La realidad es que cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, activistas antidesahucios como la entonces portavoz de la PAH Ada Colau ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código.

Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda.

En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado que las solicitudes que llegaron en el último trimestre del año pasado (4.523) superaran todas las recibidas en el primer año en vigor del código de marzo de 2012 a marzo de 2013. Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, ha añadido.

El pasado febrero, coincidiendo con la presentación de la ley de segunda oportunidad, el Gobierno modificó de nuevos los requisitos. Desde entonces pueden beneficiarse de él las familias con ingresos de hasta 22.365,42 euros anuales, es decir, tres veces del IPREM calculado en 14 pagas. Hasta el momento se calculaba en 12 y ese límite era de 19.170,39 euros. Como novedad también se incluyó a los mayores de 60 años entre los supuestos de especial vulnerabilidad que se pueden acoger al código, se eleva a 300.000 euros el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del código (antes eran 250.000) y se eliminan las cláusulas suelo para las familias situadas en el umbral de este plan. La clave estará ahora en ver si estos nuevos requisitos contribuyen a impulsar unas medidas que, hasta el momento, no han generado los resultados esperados.

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